La Justicia Ambiental en Estados Unidos y Sudáfrica.

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Una posible alianza

Algunos entusiastas de la vida silvestre manifiestan que el crecimiento económico, la agricultura moderna y la industrialización no representan amenazas ambientales inevitables gracias al progreso tecnológico, las curvas ambientales de Kuznets y una economía postindustrial basada en los servicios.

Siguiendo ese punto de vista los principales problemas ambientales se encuentran en la expansión de la población y las actividades humanas hacia las áreas silvestres. Es aquí de donde se entiende una posible alianza entre las corrientes del ambientalismo “culto de la vida silvestre” y el “credo de la eco eficiencia”, para gozar del crecimiento económico en la sociedad urbana – industrial mientras al mismo tiempo se salvaguardan algunos espacios silvestres a los cuales se les niega el acceso a los humanos.

Otra posible alianza seria que entusiastas de la vida silvestre lleguen a comprender que el crecimiento económico implica fuertes impactos materiales, ambientales y sociales, provocando daños en los más pobres y en las zonas indígenas. Esta alianza no siempre resulta fácil pues a veces crecimiento de la población, la pobreza, etc. Conllevan a una invasión de las zonas silvestres protegidas y cuya preservación fue conseguida por la civilización “blanca” (notablemente al Este de África y Sudáfrica).

Sudáfrica cuenta ahora con uno de los mejores sistemas del mundo de áreas protegidas

Una historia gemela

En septiembre del 2003 hubo una gran reunión sobre derechos Ambientales y Derechos Humanos en Cartagena, Colombia, previa a la Asamblea Amigos de la tierra. A ella fue invitada Duduzile Mphenyeke, activista Soweto, donde hay protestas cotidianas contra las empresas que cortan la luz y el agua a quienes no pagan las tarifas, esto no solo ocurre en Soweto sino también en varios barrios empobrecidos de Sudáfrica lo que pone en cuestión su modelo exportador y las protestas contra las subvenciones de agua y energías a las grandes empresas mineras. La prensa colombiana notó el paralelismo con la situación local (lo que ocurría en Colombia y Sudáfrica): problemas de contaminación y violencia política. Duduzile propuso en Cartagena la tesis de que las comunidades empobrecidas del mundo tienen derecho a una ración gratuita de electricidad y agua para mantener sus condiciones de vida. Lo que proponen los activistas no es en sí la gratuidad de estos servicios, sino que se estructuren tarifas acorde a las necesidades de los pobres.

El convenio de Basilea

El estado sudafricano en el régimen del apartheid ignoró el daño causado a los trabajadores negros (sufrían algunos de envenenamiento por sustancias tóxicas, cáncer y otros daños a su salud, su salud estaba amenazada). Las compañías mineras cumplían de alguna manera con respecto a las leyes internas de Sudáfrica (seguridad, sueldos e impuesto) pero no rendían cuentas sobre los pasivos ambientales que dejaron atrás.

El transporte transfronterizo de desechos peligrosos atrajo la atención del público, los “buques tóxicos”, que navegaban de puerto en puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos aparecieron en los titulares de portada de todo el mundo. Esos trágicos incidentes estuvieron motivados en gran parte porque en los países industrializados se habían impuesto unas reglamentaciones sobre medio ambiente más estrictas. A medida que los costos de la eliminación de los desechos se disparaban, comerciantes de productos tóxicos en busca de soluciones más económicas empezaron a enviar los desechos peligrosos a África, Europa Oriental y otras regiones. Una vez en tierra, esos cargamentos de desechos eran vertidos indiscriminadamente, derramados accidentalmente o manejados inadecuadamente, lo que producía problemas de salud graves (incluso muertes) y la intoxicación de la tierra, el agua y el aire durante decenios o siglos. Para luchar contra esas prácticas, a finales del decenio de 1980 se negoció el Convenio de Basilea, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fue aprobado en 1989 y entró en vigor en 1992. El Convenio de Basilea regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos aplicando el procedimiento del “consentimiento fundamentado previo” (los envíos efectuados sin consentimiento son ilícitos), el Convenio obliga a las Partes en él a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional.

Los riesgos inciertos y los pasivos ambientales: el superfund

Existen distintos instrumentos de la política ambiental, para implementar el “principio de precaución”, por ejemplo la obligación de una garantía que cubriría el coste máximo en caso de un accidente, y que se devolvería con intereses si no ocurre ningún accidente durante el periodo del proyecto. Se pueden aplicar distintos instrumentos a distintas situaciones dependiendo de si la distribución de la probabilidad de riesgos se conoce o no.

En estados unidos la legislación Superfund se aprobó a finales de los 70. Esta legislación se puede interpretar como una respuesta gubernamental a los primeros pasos del movimiento de justicia ambiental. Sus operaciones de limpieza se financian a través de impuestos especiales sobre las industrias de petróleo y química, cuando las compañías son conocidas se les obliga a pagar por la limpieza.

En la práctica del Superfund, aun cuando los costes sean altos, la limpieza vale la pena porque los riesgos son estimados como altos. Sin embargo los desechos nucleares no están incluidos en la legislación.

La ofensiva contra la ATCA

En los últimos diez años se han producido diversos intentos de llevar a juicio a diversas empresas bajo la ley ATCA (Alien Tort Claims ACT) de 1789, la cual representaba una amenaza para las empresas multinacionales de Estados Unidos. Desde un punto de vista puramente jurídico hay mucho en favor de enjuiciar los casos donde la destrucción o los daños se han producido y donde residen o residía la mayoría de las víctimas y los testigos directos, en vez de plantear un juicio allí en donde se planifico se decidió tolerar el daño.

Yuca Mountain

Las plantas nucleares de todo el mundo están agotando el espacio que necesitan para almacenar los desechos que generan y no hay lugares seguros para depositarlos. Se viene discutiendo esos problemas de riesgo y responsabilidad desde la década de