MANTENIMIENTO A CARRETERAS

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Por otra parte, los escurrimientos superficiales extraordinarios del agua por el paso eventual de tormentas y huracanes, provocan el rompimiento de terraplenes, fallas de puentes y obstrucciones en las obras de drenaje.

Los deterioros y fallas que se presentan en una carretera se traducen en pérdidas de tiempo en los recorridos previstos del tráfico y pueden originar accidentes con pérdidas humanas y materiales.

Para poder valorar estos aspectos, ha sido conveniente utilizar un indicador denominado “costo de operación” de una carretera, el cual representa la suma total de los gastos que efectúan los usuarios al transitarla, como son el consumo de combustibles, la depreciación de los vehículos, el desgaste de neumáticos, el costo del tiempo de los usuarios, etc.

Para preservar el estado físico de la red federal de carreteras libres de peaje, la DGCC desarrolla anualmente los siguientes subprogramas:

- Conservación rutinaria de tramos

- Conservación rutinaria de puentes

- Conservación periódica

- Reconstrucción de tramos

- Reconstrucción de puentes

- Señalamiento

- Atención a puntos de conflicto

- Mantenimiento integral

Es evidente que cuando una carretera presenta deterioros y fallas como las mencionadas, el costo de su operación se incrementa notablemente, ocasionando pérdidas económicas, problemas sociales, molestias y quejas, entre los usuarios.

3.- Realización de presupuestos y asignación de recursos

Uno de los aspectos críticos del mantenimiento vial es la disponibilidad de recursos, en tiempo y forma, para realizarlo.

Al hacer una analogía, simplemente como un modo de resaltar ciertas situaciones inconsistentes que se observan a menudo en la gestión vial. A nadie se le ocurriría comprar una casa para vivir en ella, y no efectuar luego su mantenimiento, simplemente, porque no dispone de los recursos financieros necesarios, aunque simultáneamente se compre otra casa para utilizar los fines de semana. En efecto, nadie admitiría poseer una casa de fin de semana, mientras que su residencia permanente presenta deterioros incompatibles con el bienestar esperado de su utilización.

Sin embargo, en el sector vial se observan situaciones comparables. Las redes existentes constituyen un patrimonio estatal que hay que mantener, aunque en ocasiones no se mantienen, o por lo menos se lo hace en niveles muy inferiores al mínimo necesario para garantizar su uso en condiciones de confort y seguridad adecuadas, al mismo tiempo que se encara la construcción de nuevos tramos en la red. Más aún, estos nuevos tramos resultan quizás complementarios de los no mantenidos adecuadamente, o incluso debe transitarse por aquellos para llegar y utilizar los de nueva construcción.

La explicación de tamaña irracionalidad es la competencia por los recursos limitados en el sector vial, a la hora de asignar los mismos para la ejecución del mantenimiento de la red existente y a la vez para la ejecución de obras nuevas.

De manera general, desde el punto de vista de la ciencia económica las carreteras suelen tratarse como bienes públicos, es decir, bienes donde priman los criterios de indivisibilidad, de no exclusión, y de no-rivalidad. Debido a esa característica, la planificación vial trae aparejada cierta problemática relacionada, por ejemplo, por la dificultad de evaluar directamente la disponibilidad del usuario a pagar por un mejor servicio, y las consecuentes dificultades relacionadas con el Teorema de la Imposibilidad (cuando el mercado no asigna, y no es factible encontrar una función social de bienestar que considere de manera agregada las funciones de utilidad de cada uno de los individuos).

Asimismo, desde el punto de vista fiscal, en el caso de las carreteras resulta más costoso para el Estado, en valor presente, reconstruir y rehabilitar que asegurar el financiamiento de programas óptimos de mantenimiento. Mientras que desde el punto de vista del costo privado, los ahorros en costos de operación de los vehículos por vías bien mantenidas superan los costos de un programa óptimo de mantenimiento (relación beneficio-costo mayor a 1 y usualmente mayor a 3).

Sin embargo, la inversión en carreteras ha sido históricamente un instrumento de ajuste fiscal, y esa es una de las razones por las cuales las rentas de destinación específica son muy debatidas en el campo de las finanzas públicas, ya que sin duda alguna generan rigideces para asignar los recursos, aun cuando se los pretenda canalizar hacia los proyectos de mayor impacto económico y social. Estos fondos específicos de algún modo restan flexibilidad fiscal para reestablecer el equilibrio macroeconómico.

La competencia por recursos disponibles no es en sí misma una cuestión extraordinaria, ni negativa. Es común que diferentes inversiones alternativas, en distintos sectores de la administración o de la economía compitan entre sí a la hora de asignar recursos en el presupuesto.

En efecto, los recursos no son ilimitados y deben tomarse decisiones en esa materia. Así, diferentes inversiones alternativas, por ejemplo, en sectores como educación o infraestructura vial constituirán necesidades planteadas que, sin embargo, no podrán ser atendidas en su totalidad en un determinado período fiscal y deberá decidirse, haciendo uso de indicadores y metodologías apropiadas, cuáles de ellas deben inevitablemente postergarse. Sin embargo, de igual manera que no será útil invertir en una nueva escuela sin haber asegurado la disponibilidad de recursos recurrentes (periódicos y continuos) para la ejecución del mantenimiento edilicio y para el pago de salarios al personal docente y no docente necesarios para su funcionamiento, tampoco será útil invertir en la construcción de un camino sin disponer luego de recursos para su mantenimiento en condiciones de operación adecuadas.

Varias son las causas concurrentes que implican la existencia de situaciones indeseables como las mencionadas en el sector vial, pero fundamentalmente la situación se debe a la coexistencia de algunas de ellas:

- Demandas sociales válidas, respecto a la necesidad de una nueva infraestructura vial.

- Decisiones políticas que apuntan a satisfacer dichas demandas, y que en ocasiones se basan –entre otros criterios–