PROPUESTAS QUE EXISTEN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN LA ACTUALIDAD.

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Explotación laboral, debido a las condiciones de la actividad, los trabajadores suelen estar expuestos directamente al mercurio, sin ningún cuidado ni implementos en cuanto a higiene o seguridad laboral, no cuentan con horarios de trabajo definidos, ni ningún tipo de beneficios ni prestaciones sociales, y usualmente son contratados los menores de edad.

Explotación de menores, se ha dado cuenta de que en estos centros mineros se contratan menores de edad por su bajo costo y alta disposición para trabajar, justamente debido a las escasas oportunidades que poseen.

Trata de personas con fines de explotación sexual, mujeres son traídas de otras regiones del país con engaños acerca del trabajo seguro y al llegar les quitan sus documentos y las obligan a prostituirse en bares y cantinas, en condiciones deplorables, maltratadas y humilladas. En su mayoría buscan menores de edad, por ser las más cotizadas en estas zonas.

Mafias o grupos de poder, que gobiernan en estas zonas debido a la escasa intervención del estado, que utilizan armas de fuego o la fuerza para imponer sus acciones.

- MEDIDAS TOMADAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA EN LA ACTUALIDAD

El estado en sus intentos por lograr un ordenamiento de la actividad minera ha tenido diversas estrategias de intervención a lo largo de los años, para darnos una idea de ellas mencionaremos brevemente estas acciones.

Hacia la década del 1970-1980, el estado participó activamente como agente económico, con la creación del Banco Minero, cuya función principal era la de comprar oro a los productores, pero además era quien establecía las condiciones para los procesos de explotación, participando incluso en la resolución de conflictos entre ellos. Además, promovía el fortalecimiento de capacidades de las unidades productivas, lo cual contribuyó a que los mineros se organizaran de manera ordenada, conformándose los primeros gremios de mineros de alcance regional. En 1985 se forma la Asociación de Pequeños Productores Auríferos de Madre de Dios (APPMAMD) y a partir de esta organización regional se irá formando un conjunto de propuestas regionales para tener incidencia sobre las políticas mineras en Madre de Dios.

Para la década del 90, se va delineando el marco normativo minero, que inicialmente solo hacía referencia a los Pequeños Productores Mineros, sin distinguir entre minería artesanal y pequeña minería. En este marco, los gremios mineros empiezan a articularse a nivel nacional para elaborar propuestas legislativas que aborden la problemática del sector. En respuesta a esto el estado publica los decretos N° 851 y 868, que incluyen facilidades y reducen algunas exigencias para la explotación minera, sentando las principales bases para la elaboración de la posterior Ley de la Pequeña Minería en 2002.

A través de la consolidación de la legislación minera se logró un mayor ordenamiento y la formalización de estas unidades productivas, que, aunque incompleta, les permitió ganar mayor seguridad jurídica y acceso a fuentes de financiamiento.

Del 2002 al 2008, se dieron algunos cambios institucionales pues el país atravesaba el proceso de descentralización y se da inicio a la fiebre del oro. Durante este tiempo los gremios de pequeños mineros intervenían constantemente con procesos de incidencia en el congreso que, seis años después, derivaron en la promulgación de la Ley de Formalización.

En esta época se crea la Comisión de Concertación, cuya función sería la de “evaluar y resolver los conflictos que se suscitan por las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en áreas reservadas y áreas naturales protegidas, así como en áreas pertenecientes a Comunidades Nativas y Campesinas” (R.M. 146-2002-EM). En esta época suspendieron los petitorios mineros que luego se

Hacia el 2008 y los años posteriores, se realizan cuatro procesos de empadronamientos de pequeños mineros y de resolución de conflictos inconclusos, el proceso de formalización se veía entrampado y significaba que los mineros tomaran ventaja de esta indefinición, ya que, en medio de una fiebre del oro y ante la ausencia efectiva del Estado para asegurarse de que las áreas suspendidas para minería se mantuvieran como tales, las posibilidades de explotación aurífera al margen de cualquier mecanismo de control local o extraterritorial se incrementaban.

Para inicios fines del 2009 las instancias nacional y regional habían desplegado una serie de acciones destinadas a abordar la expansión descontrolada de minería informal en el territorio nacional, generándose más bien un nuevo ambiente de tensión y desconfianza entre los ámbitos de Gobierno y los actores locales. Para el 2010 el Gobierno iniciará acciones de ordenamiento de la minería, sin que la búsqueda de consensos mínimos sea una herramienta privilegiada para el logro de sus objetivos.

A partir del 2012 a la fecha, y a través de diferentes normativas, se aprueban acciones de interdicción de la minería ilegal y se establecen medidas complementarias para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, y la distribución y transporte de insumos químicos utilizados en minería, así como maquinarias y equipos. Por otro lado se establecen también sanciones más drásticas para la lucha contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado.

- AVANCES LOGRADOS HASTA LA FECHA

Voluntad de formalización.

Se daba inicio al proceso de formalización con la presentación de la declaración de compromiso. Más de 70 000 mineros a nivel nacional presentaron su declaración de compromiso manifestando su voluntad de formalizar sus actividades y señalando las principales características de su actividad y área de ubicación.

Registro de contribuyentes

Del grupo mencionado en el párrafo anterior, 40 648 operadores mineros cuentan con RUC, lo que evidencia su voluntad de incorporarse al sistema legal.

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo

Se creó el IGAC, como instrumento simplificado, para lograr la adecuación de las actividades en curso de la pequeña minería y minería artesanal, que incluye medidas de carácter correctivas y preventivas. Se capacitó a los gobiernos regionales para la evaluación y aprobación de los IGAC y se implementaron Ventanillas Únicas para su trámite. De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 060- 2016-CG/MA-AC, elaborado por la Contraloría General de la República