Situación del derecho penitenciario en Mexico

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Subsisten centros penitenciarios de competencia municipal, lo que se considera inconstitucional, pues el art. 18 constitucional, otorga la competencia sobre el sistema penitenciario nacional a la federación y a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Los estudios han documentado las grandes anomalías en la operación de los establecimientos municipales.

En una sociedad golpeada por la delincuencia, se ha hecho de la prisión preventiva un pilar de la política criminal mexicana; entre 1995 y 2004 la población penitenciaria en México se duplico, fue el periodo de mayor crecimiento de la población penitenciaria. Centros de estudio sobre la prisión, con información de 2011 para la mayoría de los países dice que México, es el octavo país con más reclusos.

El agravamiento de esta variable en tan breve lapso ilustra la tendencia del sistema penal a endurecer su aparato de intimidación punitiva y ha tenido un grave impacto en el deterioro de la calidad de vida en las prisiones, el respeto a los derechos humanos, costos humanos, sociales y económicos para la sociedad mexicana. En cuanto a la edad de los internos de la población penitenciaria no se ha podido localizar el dato sistematizado.

Por lo que se refiere a la población penitenciaria sujeta a prisión preventiva también presenta una tendencia ascendiente. El número de internos sin sentencia casi se duplico en la última década, estudios admiten que existe una amplia gama de variables que inciden en la proporción entre internos sentenciados y sin condena como: la duración máxima del proceso, que el proceso sea oral o escrito , monto máximo de la pena para el que la ley autoriza la excarcelación; el carácter de primario o reincidente del imputado, el tipo de excarcelaciones que la ley autoriza, el monto de tales garantías, el acceso a una buena defensa legal y la clase social de los procesados.

En México pudiera subrayarse entre las variables que podrían explicar el descenso de la proporción de internos sin condena, en el que en los últimos lustros se han tomado medidas procesales para agilizar el proceso penal; así como la política de incrementar el monto de las sanciones que han predominado en el país. Sin embargo en el ámbito federal se está registrando un incremento de la prisión preventiva. La situación es más inquietante en el ámbito local, y las posibles causas de este incremento se puede referir al aumento en la carga de trabajo de los juzgados federales; tres de cuatro internos sin condena corresponden a la competencia local.

En México la privación de la libertad en general y la prisión preventiva en particular, han sido los principales pilares de la política. El código penal no ha dejado de modificarlos para incrementar el número de conductas consideradas graves.

La posibilidad de reinsertar, esta enfrentando una severa crisis, el constante incremento en la población carcelaria, ha dejado muy atrás la capacidad instalada de los centros, dando lugar a la sobre población y hacinamiento que son el principal obstáculo para las políticas y programas de reinserción. Los centros penitenciarios más grandes del país están a más de 200% de su capacidad, por lo que tres de cada cuatro internos están en situación de hacinamiento.

La construcción de ocho nuevos centros federales y los traslados de los internos federales a instituciones locales han permitido una significativa descongestión de algunos sistemas locales. En celdas construidas para seis u ocho personas se alojan a 14 o hasta 20 internos, haciendo incluso que el piso sea insuficiente para pernoctar; de esta forma en México se han comenzado a registrar casos como los denominados en Brasil “murciélagos”.

En estas condiciones se dificulta la eficacia de las políticas y programas de reinserción en la adecuación de espacios para dar cavidad a más y más internos, ha habido reducción de espacios para actividades psicoterapéuticas, pedagógicas y de laborterapia, para habilitar dormitorios.

Esta incapacidad trae a la corrupción y al autogobierno; que se presentan en virtud de la sobrepoblación penitenciaria. Se ha documentado, que las redes de corrupción que operan en los centros penitenciarios, en ocasiones son operados por los mismos servidores públicos (particularmente los custodios) y en ocasiones las acciones de extorción son realizadas por los propios equipos dominantes de internos (autogobierno).

La sobrepoblación origina condiciones inhumanas para vivir, corrupción y violencia por la escasez de espacios mínimos en donde pernoctar, factores que a su vez entorpecen la reinserción social del interno y disminuyen las oportunidades de trabajo, educación y recreación para los internos. La incapacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias comprometen la obligación del estado de garantizar la vida o integridad física de las personas privadas de su libertad; las inhumanas condiciones en que se sufre en la cárcel en el país, debe ser una motivación adicional para buscar nuevas formas de garantizar que el derecho penal sea realmente la última respuesta de la sociedad. La saturación de los centros penitenciarios y la insuficiencia de la infraestructura provocan que no se cumpla con la obligación constitucional de que los internos procesados estén completamente separados, tampoco se realiza la adecuada clasificación y separación de los internos de acuerdo a estudios técnicos de personalidad.

La CNDH considera que; la inadecuada clasificación criminológica y la situación procesal son parte de la problemática imperante en el sistema penitenciario. El constante crecimiento de la población penitenciaria es un desafío para las políticas de reinserción social y para la capacidad presupuestaria del estado; ya que los recursos destinados al sector no dejan de crecer.

Se ha encontrado que los alimentos en los centros penitenciarios no reúnen las condiciones de higiene y además las familias las llevan o les dan dinero a los internos para comprarlos en las tiendas que funcionan entro de los mismos penales. También se detectaron aguas putrefactas en los dormitorios y malas condiciones de sanitarios y celdas.

La atención médica es escasa e inadecuada, además de que en algunos casos se cobra.

En lo que se refiere a la corrupción, los internos refieren cobros indebidos que el penal penitenciario hace a sus familiares. Esto puede significar un impedimento para que la familia esté más cerca de su pariente en reclusión, elemento importante para la reinserción; con sobre población y estas malas condiciones de reclusión, hacen que los motines comiencen a ser frecuentes