NARCOTRAFICO EN COLOMBIA

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de la política y las consecuencias que dejo en la historia colombiana.

• Determinar si las causas del narcotráfico representan una alternativa económica importante para los colombianos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante años el gran problema del narcotráfico ha perdurado de diferentes maneras y contextos tanto como el político, económico y social en Colombia; lo cual ha conllevado a que diferentes gobiernos se motiven por la investigación constante de este fenómeno más que todo en torno a su impacto, su forma de trabajo y el alcance que este ha tenido.

Actualmente en Colombia existe la llamada política de extradición como también algunos programas de erradicación manual y de fumigación de cultivos ilícitos, que con el apoyo de entes nacionales e internacionales se dio la creación de Ley 30 de 1986, esta ley lo que hace es abordar esta problemática desde sus diferentes facetas, que junto con el plan Colombia han creado estrategias para enfrentar y abordar este gran problema.

En la actualidad, el fracaso de las políticas de prohibición ha suscitado un debate en torno a la descriminalización y la despenalización de las drogas; reflexión que es necesaria debido a las nefastas secuelas y consecuencias a las que conlleva el consumo, tráfico y distribución de estupefacientes. En este orden de ideas y de acuerdo a la complejidad de fenómenos como el terrorismo y diferentes acciones que realizan los Grupos Armados Ilegales para proteger su negocio, hacen de esta actividad ilegal un problema de grandes dimensiones para el Estado colombiano. El fenómeno del narcotráfico ha sido abordado por los Estados de diversas maneras, siendo predominante un enfoque represivo sobre la producción de las sustancias, liderado por Estados Unidos, consumidor del 67% del total mundial. Actualmente, y pese a las prohibiciones en el resto del mundo, Estados Unidos es el principal productor de marihuana, en versiones genéticamente modificadas, el primero en producción de sustancias químicas de nueva generación, y el segundo en producción de fármacos que solo se pueden usar fuera de sus fronteras. Así mismo, el 84% del dinero del narcotráfico se queda en Estados Unidos, siendo solo un 14% el que alimenta los grupos como los colombianos o mexicanos. En el caso colombiano, se pueden identificar diferentes periodos en el combate contra el narcotráfico, que coinciden con diferentes perspectivas y momentos en la aplicación de las Políticas que han determinado el comportamiento jurídico, institucional y militar del país por las últimas décadas. Pese a los múltiples esfuerzos, que han significado recursos, y sobre todo el sacrificio de cientos de vidas de valiosos funcionarios públicos, particularmente de la Fuerza Pública, el narcotráfico se mantiene vigente y en un peligroso proceso de mutación. Los cultivos ilícitos fluctúan entre leves descensos y vertiginosos aumentos entre una verificación y otra. Múltiples organismos internacionales han instalado centros de monitoreo; la presencia y colaboración de organismos como la DEA es permanente en Colombia, y el apoyo logístico y de entrenamiento ofrecido principalmente por Estados unidos se ha mantenido durante años con ligeras modificaciones. Todos estos esfuerzos no han logrado disminuir la producción. Los efectos de alternativas de control bioquímico como las aspersiones con agentes tóxicos no satisfacen. Los programas de erradicación han resultado eficaces en algunas zonas del país, pero comprometen un amplio dispositivo de la fuerza pública para garantizar la tarea de erradicación, ya que tanto productores como grupos armados intentan proteger plantaciones y laboratorios, y han usado recurrentemente minas antipersonales para la protección de cultivos y laboratorios. Entre los programas más relevantes para combatir el narcotráfico se distinguen El Plan Colombia y el Programa Nacional de erradicación. Ambos programas han impedido el crecimiento de la producción, pero no han logrado avanzar en su destrucción. En efecto, debe entenderse que La carencia de un componente social más activo, en el que converjan la modernización de la infraestructura, la presencia real del estado en zonas apartadas; el acompañamiento científico de universidades y centros académicos en la lucha contra las drogas; el desarrollo de modelos pedagógicos que combatan el imaginario mafioso; el fortalecimiento de instrumentos jurídicos, judiciales y policiales; la identificación e incorporación del criterio de “problema de SALUD PÚBLICA” al fenómeno del consumo interno; el establecimiento de rangos de peligrosidad para las drogas, sustentados en la ciencia, y la revisión de los rasgos exitosos de otras políticas ya adelantada para ser retomadas, hacen parte de una serie de medidas que podrían contribuir a la consolidación de una política con rango constitucional, coherente con las dinámicas de la sociedad colombiana y sostenible a largo plazo. Estos criterios configuran el eje de esta investigación.