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Derechos humanos y migrantes

Enviado por   •  22 de Febrero de 2018  •  9.246 Palabras (37 Páginas)  •  409 Visitas

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Las poblaciones rurales han sido profundamente afectadas por esta fórmula (el modelo) de desarrollo actual, con la cual se han comprometido los gobiernos de los países pobres y ricos. Es cada vez más difícil encontrar mercados que den un pago justo para sus productos (tradicionales y no tradicionales) y sus cosechas están particularmente expuestas a los fenómenos naturales (desastres naturales) tales como huracanes y tormentas tropicales como efecto del cambio climático producido por la degradación (medio) ambiental y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Dentro de estas poblaciones empobrecidas se encuentran especialmente afectadas las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas –desde ya con carencias en el acceso a los servicios básicos, poca atención a sus necesidades estratégicas y una falta de espacios para su participación política- quienes enfrentan los mayores niveles de vulnerabilidad, violencia y violación a sus derechos humanos, políticos, económicos y sociales. También estos grupos vulnerables se ven afectados por la deshumanización de las leyes migratorias en los países de destino, que obstaculizan la reunificación familiar y alargan por años la estabilización del primer miembro de la familia que migró. Ello obliga al resto de sus familiares, en especial a mujeres y niños/as que pretenden migrar, a tener que realizar un camino riesgoso para lograr reunir a la familia, al no existir ningún camino legal para ello, o a sostener el peso de la economía familiar en el lugar de origen, sin ningún reconocimiento.

Mientras la migración internacional ha proveído una válvula de escape para muchas poblaciones excluidas de la región (y aún más para), brindando más esperanzas que posibilidades de mejorar la situación económica de familias y comunidades y de esta manera también subsidiando a los gobiernos en (que han obviado) sus responsabilidades de proporcionar a la población condiciones mínimas para su desarrollo (y dejado de lado la gobernabilidad); el fenómeno en sí también ha creado un “caldo de cultivo” para el aumento y la profundización de las violaciones a los derechos humanos de (para) quienes salen de sus hogares en búsqueda de oportunidades de empleo e ingresos. (Mejores condiciones de vida).

En la región, un importante patrón histórico de desplazamiento ha sido (persiste en) el movimiento de trabajadores agrícolas guatemaltecos hacia Chiapas (en (el área de la), frontera sur de México, generalmente bajo condiciones laborales precarias y enfrentándose a un trato discriminatorio. (Más) Recientemente estos patrones de migración laboral se han extendido y diversificado (hacia la participación de) incorporando a un grupo más amplio de centroamericanos en labores de servicios y comercio en (la) esta región fronteriza. A la vez, la frontera es un área de paso para sudamericanos y centroamericanos y personas de todas las nacionalidades que se dirigen (tiene) a Estados Unidos y Canadá como destinos finales.

La afluencia de estas poblaciones históricamente excluidas –que en su mayoría (muchas de las cuales) carecen de los documentos considerados por los gobiernos como oficiales y legales (por ende,) para ser sujetos de la “protección oficial” - con los intereses (estratégicos de ciertos) de grupos (sectores) de poder involucrados en negocios ilícitos (armas, drogas, explotación sexual), muchas veces tolerados o aún apoyados por autoridades locales, dan lugar a (una) situaciones (particularmente) complejas que profundizan (en la cuales) las vulnerabilidades existentes (se profundizan) en la franja fronteriza, en los lugares de tránsito y de destino, creando (en) un ambiente de persecución, terror e impunidad para los y las migrantes indocumentados de la región. Un ambiente que se extiende a quienes consideran quedarse en la zona, y no seguir el camino. A pesar de llevar en ocasiones años en las zonas, aportando su mano de obra, persiste su irregularidad y la discriminación en el acceso a derechos tan básicos como la salud o la educación de sus hijos e hijas.

En particular, los y las migrantes irregulares enfrentan riesgos, abusos y obstáculos desde el momento que dejan sus lugares de origen, mismos que aumentan en la medida que avanzan hacia el norte. Mujeres, menores e indígenas sufren violaciones específicas y diferenciadas a sus derechos durante el proceso de migración por su condición étnica y de género. Se generan con ello fenómenos de doble e incluso triple discriminación, que afectan de lleno a su identidad y dignidad.

Fuertes violaciones a los derechos humanos han salido a la luz pública: la trata de mujeres y menores por medio del rapto, el tráfico de personas, el secuestro, el fraude, engaño y abuso de poder con fines de explotación sexual; la esclavitud laboral y matrimonio forzado, entre otros, son graves problemáticas que se están incrementando alrededor de la población migrante, en donde el control físico y psicológico ejercido por medio de amenazas y otras formas de coerción no les permite (a las personas) salirse fácilmente de esas situaciones.

Muchas de estas acciones son negocios transnacionales que se sostienen en las estructuras criminales de la región, que son altamente rentables, que aprovechan los niveles de impunidad, discriminación y exclusión existentes y que operan a través de tácticas de terror; el primero se sostiene a través de la coerción y violencia sexual principalmente en contra de las mujeres y el segundo por medio de estafas, especialmente a indígenas que enfrentan barreras idiomáticas. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima, en su Informe de septiembre de 2000, que 4 millones de mujeres son vendidas anualmente para cualquiera de estos tres fines: prostitución, esclavitud o matrimonio, y que dos millones de niñas son introducidas en el comercio sexual.

La situación de los derechos humanos de lo/as migrantes ha empeorado desde el endurecimiento de la agenda de seguridad norteamericana para la región en las últimos dos décadas y aún más tras el 11 de septiembre del 2001, que se evidencia en (incluyendo) la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y el incremento en el control de las fronteras más al sur. A la vez, se ha dado (habido) un crecimiento de (en) la xenofobia expresada por grupos que se organizan en contra de inmigrantes hacia EUA en las zonas fronterizas con México, con total tolerancia de las autoridades estadounidenses; y muchas veces, los gobiernos centroamericanos y el mexicano se han mostrado complacientes con sus vecinos del norte, tolerando y hasta fomentado la idea que lo/as migrantes son enemigos para la sociedad; de esta manera mandando el mensaje de que sea permisible tratarles como delincuentes

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