EL PRESUPUESTO PUBLICO UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE EN LA TOMA DE DESICIONES DENTRO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES..

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Por otra parte, la unidad de la autonomía presupuestal, es una extensión que limita la independencia, la necesidad de tener un manejo unificado de la economía, donde se definen las decisiones administrativas centrales, y de esta forma cumplir con los objetivos, la coordinación, la organización y producción eficiente de bienes y servicios públicos.

Lo anterior significa que los entes territoriales deben conseguir que los recursos de hacienda pública, la contabilidad, los procedimientos de elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo, estén ligados al manejo y unidad nacional, puesto que la autonomía regional, seccional y local se fundamenta en el nexo con la ley, la constitución política, la democracia así como la elección popular de autoridades locales que conocen y manejan las necesidades de cada departamento y/o municipio, por el hecho de estar en contacto directo con la comunidad, para así poder dar solución a los problemas locales.

El presupuesto público también es regulado por el siguiente marco normativo:

- Decreto Ley 111/1996: Abarca tres leyes que son fundamentales (Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995[4]), su función es regular el sistema presupuestal en Colombia. Es la única que puede programar, elaborar, aprobar, regular y realizar alguna modificación dentro del presupuesto. Está constituido por un Plan Financiero y Operativo y el Presupuesto Anual.

Asimismo cuenta con unos principios presupuestales: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal[5], siendo la planeación el que influye sobre el presupuesto público, a partir del Programa de Gobierno, POT, MFMP, Plan de Desarrollo y Plan Financiero Plurianual[6].

El sistema presupuestal está coordinado por el CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal), a nivel nacional y el COMFIS (Consejo Municipal de Política Fiscal) a nivel municipal. El CONFIS es el encargado de modificar,

aprobar, evaluar el plan financiero del sector público, las ampliaciones

del plan operativo anual de inversiones y determinar las metas financieras

del flujo de caja mensual del sector público.

- Ley 617/2000: La ley dispuso que la categorización de los municipios se realizará según los ingresos corrientes de libre destinación, para que los entes territoriales del departamento se vean obligados a generar mayores recursos y de esta manera cumplir con los techos presupuéstales fijados para los gastos de funcionamiento, e impedir descensos en sus categorías y así evitar menores cantidades de recursos transferidos por parte de la Nación en los siguientes años.

- Ley 715/2001: En esta ley se perfeccionan los criterios de financiación de los servicios sociales, mejorando la equidad y la eficiencia del gasto, además consolida la autonomía administrativa en cuanto a los servicios de educación y salud, así como también en otros sectores. Algunos de sus principios son: la autonomía y participación ciudadana, con el Sistema de Transferencias como medio de descentralización; evitar duplicidades favoreciendo el control social y mejorando el uso de los recursos disponibles; distribuir con equidad y eficiencia los recursos; garantizar el acceso a la educación y la salud y promover el desarrollo local.

- Ley 819/2003: Su propósito es estructurar en un tiempo determinado, los recursos con los que cuentan los municipios, mediante la aplicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual podrá garantizar el pago de la deuda pública y la racionalización de la actividad fiscal de los entes territoriales. Con la elaboración de cada presupuesto anual, se garantiza la sostenibilidad de la deuda a través del cálculo del superávit primario, y obliga a que se ejecuten la totalidad de los recursos en cada vigencia al acabar las reservas presupuestales. Se enfatiza los controles sobre niveles de endeudamiento y se limitan las autorizaciones para las vigencias futuras, todo esto con el propósito de lograr la viabilidad financiera de los entes territoriales[7].

En conclusión podemos decir que el presupuesto público, pretende planificar los ingresos, (tanto los ingresos corrientes de libre destinación y aportes de transferencias del nivel central) y gastos, y de esta forma repartirlos equitativamente, para poder satisfacer las NBI.

El presupuesto es un documento que permite a los gobiernos, establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos, ya que con esta información nos permite adquirir una ventaja competitiva sostenible, mejorando las operaciones y procesos.

Y por último, como ciudadanos necesitamos capacitarnos más sobre este tema tan importante, porque así como pagamos los impuestos, son pocas las veces que disfrutamos de sus beneficios, porque desconocemos el manejo, la procedencia de estos y no sabemos que como ciudadanos podemos ejercer un control como veedores.

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