ENSAYO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE CONVOCADA POR EL EJECUTIVO NACIONAL

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Ahora bien, ¿Por qué es este proceso constituyente un golpe a la democracia y al Estado de Derecho venezolano?, porque claramente se evidencia trasgresión a la constitución, pretendiendo el Ejecutivo Nacional convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en nombre del pueblo, arrebatándole su soberanía. Este proceso se caracteriza por ser ilegal por violar los derechos políticos de todos los venezolanos, ilegitimo por no contar con el reconocimiento popular e inconstitucional por celebrar el proceso constituyente de una manera ajena a la establecida expresamente en nuestra carta magna.

Es necesario resaltar que el Presidente de la República únicamente tiene facultades otorgadas por la constitución para llevar a cabo una iniciativa de convocatoria, esto conforme al artículo 348 de la constitución[3]. Pudiendo ser o no el mismo la primera de las fases que constituiría el inicio al proceso constituyente. ¿Cómo debería ser celebrada la Asamblea Nacional Constituyente de manera legítima y constitucional? En primer lugar podría llevarse a cabo la iniciativa de convocatoria según el artículo 348 de la CRBV, en segundo lugar la convocatoria realizada por el pueblo materializada a través de un Referéndum Consultivo, en tercer lugar la elección de los Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que redactarían la nueva constitución transformando la esencia de nuestro actual Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia junto a la creación de un nuevo ordenamiento jurídico para finalmente concluir en la cuarta fase de, una vez redactada la nueva constitución, mantener el respaldo a la soberanía popular sometiendo dicho cambio relevante e intrascendente en la nación a un Referéndum Aprobatorio que de por hecha la celebración completa y constitucional del Proceso Constituyente.

Los venezolanos tenemos el deber conforme a nuestro artículo 333[4] de la norma suprema venezolana de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de nuestra constitucionalidad. Debe reiterarse el respaldo a la lucha que se mantiene por el restablecimiento de la democracia y la institucionalidad venezolana; siendo oportuno mencionar que la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, Jueces y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, además de diferentes Estados de nuestra región se oponen a este proceso constituyente calificándolo como un golpe a los principios y valores democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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