Economia regional.

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7 CONCLUSIONES

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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INTRODUCCIÓN

Una característica estructural de la sociedad peruana es la concentración del poder político y económico, lo que ha generado un profundo desequilibrio entre Lima y las regiones. Se pone así en evidencia que la exclusión social y económica tiene también una dimensión territorial.

Las regiones tienen el rol de periferia subordinada a un bloque dominante, nacional y transnacional, que ha sido incapaz de construir un proyecto de desarrollo inclusivo durante nuestra historia republicana. La forma centralizada y autoritaria de ejercicio del poder ha facilitado la imposición de una estructura social con profundas inequidades y desequilibrios sociales.

La exigencia por transformar esta realidad está presente desde nuestra primera Constitución, en la cual se planteó el debate entre centralismo y federalismo. Desde entonces, los sectores dominantes han tenido la capacidad y, sobre todo, la fuerza para bloquear y frustrar los diversos intentos descentralistas, en el marco de la preservación de una sociedad muy excluyente.

Los desequilibrios territoriales se profundizaron en los años noventa, durante los cuales el fujimorismo aplicó el modelo neoliberal mediante un régimen político autoritario, que encontró las condiciones adecuadas para su desenvolvimiento luego del fracaso del gobierno aprista y la crisis general del sistema de partidos.

Para imponerse, el régimen impulsó una estrategia orientada a debilitar el rol del Estado, de las instituciones básicas de la democracia, del sistema de partidos y de las diversas formas de organización de la sociedad. La hiperconcentración del poder fue un aspecto sustancial del modelo autoritario.

El colapso del régimen fujimorista abrió una nueva posibilidad para institucionalizar la democracia en el Estado y la sociedad peruana. En ese marco favorable, la descentralización logró abrirse espacio y, junto con la participación, se constituyeron en componentes significativos del proceso político democrático. Los cuatro años de transición nos han mostrado los serios problemas que deben enfrentar nuestras sociedades para avanzar en la consolidación del régimen democrático. La incapacidad, la debilidad y la falta de liderazgo del gobierno toledista son sin duda algunos factores, pero son sólo parte del problema.

Continúan vigentes los ejes fundamentales del modelo económico del fujimorismo, con un crecimiento sostenido que es al mismo tiempo profundamente excluyente y generador de mayor pobreza y desigualdad. Continua vigente la necesidad de resolver el problema del centralismo de nuestro país.

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OBEJTIVOS

- OBJETIVO GENERAL:

- Identificar y entender el entorno de la regionalización que existe en nuestro país, así como el proceso de descentralización que se genera dentro de ella.

- OBJETIVO ESPECIFICO:

- Determinar potenciales y ventajas de la conformación de regiones

- Establecer cada uno de los éxitos y fracasos dentro de la regionalización.

- Analizar el actual proceso de descentralización dentro de la regionalización en el Perú

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ANTECEDENTES

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EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN DE 1989

Hasta 1990, el Poder Ejecutivo cumplía sus funciones a través de los ministerios, los que tenían oficinas desconcentradas en el interior del país, denominadas direcciones departamentales o zonales. Los directores de estas instancias desconcentradas eran designados por cada ministerio, como funcionarios de confianza. Además, existían en cada uno de los 24 departamentos del país las corporaciones de desarrollo, entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo que tenían la función de promover el desarrollo del departamento, coordinar entre las distintas entidades públicas y ejecutar obras públicas. Por otra parte, desde el retorno a la democracia en 1980, las municipalidades distritales y provinciales gozaban de autonomía política y administrativa y eran dirigidas por alcaldes electos.

Durante el gobierno comprendido entre 1985-1990 se impulsó la desconcentración del Estado con la creación de las microrregiones que se concentraron inicialmente en los departamentos incluidos en la zona denominada “Trapecio Andino”. Estas microrregiones estaban a cargo de gerentes designados por el Poder Ejecutivo. Solo en el último año de gobierno se emprendió un proceso acelerado de regionalización, en un difícil contexto económico, político y social, con hiperinflación, crisis fiscal y violencia terrorista. Por ley, se crearon 12 regiones, conformadas sobre la base de un agrupamiento de dos o tres departamentos - aunque cinco de ellos, sin un criterio establecido, fueron convertidos en región sobre las cuales se constituyeron gobiernos regionales de tipo parlamentario. La Asamblea Regional, el órgano con funciones legislativas y fiscalizadoras, tenía una conformación mixta: una parte de los representantes eran elegidos en elecciones directas, otra, eran los alcaldes provinciales, y otra eran delegados de las instituciones representativas. El Presidente Regional debía ser elegido por mayoría de los miembros de la Asamblea Regional.

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LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Luego de las medidas del 5 de abril de 1992 dispuestas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central intervino los gobiernos regionales. Por Decreto Ley Nº 2543210, se dispuso la instalación de consejos transitorios de administración regional (CTAR) en cada una de ellas, a cargo de una autoridad designada por el Ministerio de la Presidencia (que no se había llegado a desactivar, como lo había dispuesto el Decreto Ley N° 560, Ley del Poder Ejecutivo citado anteriormente). El gobierno no encontró obstáculos en la población para implementar estas