¿Están funcionando los juicios orales en México?.

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Son críticas sólidas y hay propuestas concretas que deben ser atendidas e incorporadas en el diseño de las instituciones y de las políticas públicas.

Antecedentes de los juicios orales en México

Implementación de los juicios orales

III La capacitación de los actores jurídicos

Una de las partes fundamentales en la implementación de los juicios orales es que, los actores jurídicos cuenten con una responsabilidad y capacitación altamente certificada, por tanto los agentes policiales, Ministerio público, defensores de oficio y Peritos deben de contar con la capacitación suficiente para poder presentar pruebas y argumentos que sustenten y desahoguen un juicio, ya que de esto dependerá en gran medida la culpabilidad o inocencia del acusado, si no se cuenta con tal capacitación de nada servirían las reformas penales al nuevo sistema oral y se estaría regresando al sistema inquisitivo.

Para poder lograr una implementación e instrumentación adecuada es necesario que cada uno de los actores involucrados tenga una profesionalización de acuerdo al campo que cada uno les corresponda y esto conlleve a que se desarrollaren investigaciones científicas eficaces en la investigación del delito, y así el sistema de justicia quede de alguna manera reforzado y mejor visto ante la sociedad, contar también con defensores públicos que lleven juicios en materia oral que sean capaces y eficientes en garantizar los derechos humanos de las víctimas comprometidos con las mismas, como apuntan los profesores chilenos Andrés Baytelman y Mario Duce: “litigar y dirigir los juicios orales requiere de una formación”

IV La dotación de los recursos materiales

Otra tema de los cuales debe tratarse ya dándose las reformas al sistema penal y pueda existir la capacitación profesional antes mencionada, es la de financiar presupuesto al sistema judicial por parte del gobierno que en gran medida servirá como una de las bases principales para que el sistema oral pueda llevar a cabo sus funciones eficientemente y esto evite arbitrariedades a futuro por parte de los actores jurídicos, por lo cual las salas de audiencia deben contar también con la adecuación de los inmuebles necesarios para que se desarrollen los juicios en tiempo y forma. Vázquez, Oscar (2009) dice “Si no se incrementan los recursos presupuestales a las instituciones públicas mexicanas que intervienen en el proceso penal, esto es, Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la República, Consejo de la Judicatura Federal, Defensoría Pública y Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, no puede haber juicios orales”.

Las Políticas Públicas aplicadas sin duda alguna entran en este tipo de temas lo cual implica una estrategia de planeación en 3 grandes rubros en un marco normativo adecuado a la legislación como la ley de seguridad pública, y en el presupuesto que se le deba asignar al nuevo sistema oral lo cual comprende la intervención de los órganos gubernamentales y administrativos que establezcan como se deben repartir tales recursos al sistema de justicia y sobretodo el presupuesto asignado a la capacitación profesional