Huemul: Peligro de extinción

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“Esto implica una declinación del 39% a nivel binacional. Las áreas de distribución históricas estimadas a partir de los diferentes métodos estuvieron comprendidas en un rango de 264 a 760 miles de km2 reducción en la distribución potencial de la especie varió, según el método considerado, en un rango del 33 al 84 %. “(Vila et al. 2005, p.3).

Las principales causas que se han señalado para explicar la importante disminución poblacional del huemul así como la menor área que habitan se asocian a la acción antrópica (Vila et al. 2005, p. 5): la ocupación y modificación del hábitat debido a la expansión de ciudades y a la industria agropecuaria y forestales, junto con la caza ilegal, la depredación por perros, la actividad turística no planificada y la potencial competencia de recursos y transmisión de enfermedades por parte de especies domésticas y silvestres exóticas introducidas en Chile y Argentina (Morales 2013, p. 5). A estos factores externos al huemul, debe añadirse un factor propio de los huemules: su baja reproductibilidad en estado natural, ya que es un animal que se reproduce acorde a ciclos y cada hembra solo puede dar a luz a una cría; de este modo, su tasa de crecimiento es muy baja (Rojas et al. 2005, p. 332). Se estima la población total de huemules en menos de 2.000 individuos (Morales 2013, p. 5).

La principal medida que ha tomado el gobierno para salvaguardar al huemul se enmarca en un plan general para proteger, a la vez, varias especies tanto animales como vegetales de la acción antrópica. Este plan se ha visto impulsado por los cerca de veinticuatro acuerdos internacionales vigentes o en trámite sobre la protección de la biodiversidad, la amplia labor nacional legislativa y reglamentaria al respecto y la creación de nuevas instituciones fiscalizadoras y ejecutoras (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p. 268). Sin embargo, ninguna de ellas apunta directa y específicamente a la protección del huemul.

Aunque la primera medida tomada por el Estado chileno para la protección el medioambiente fue en 1907 con la creación del primer parque nacional, la Reserva Nacional Malleco, el impulso a estas medidas vino de la mano de la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro de 1992, en la que Chile suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica. De esta manera, el enfoque cambiaba desde la mera “preservación del medio ambiente” hacia un “desarrollo sustentable” (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p. 268).

Bajo esta lógica, en 1994 se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con el objeto de coordinar los diversos mecanismos de protección ambiental, y se instaura el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para regular y fomentar la protección de los recursos naturales. Además, la Ley General de Pesca y Acuicultura (1989) fomentó la creación de la primera reserva marina en 1997. No obstante, dado que la gran mayoría de las áreas protegidas correspondían a zonas rurales donde predominan las actividad agrícolas y forestales, con un alto impacto de desertificación y erosión de los suelos, en 2008 se crea el Ministerio del Medio Ambiente con el principal objetivo de conciliar los roles de los distintos servicios públicos existentes mediante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p. 268-269). “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) contiene cerca del 19% del territorio continental” (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p.267).

Aunque el mayor número de leyes e instituciones relacionadas con el cuidado del medioambiente evidencian un interés creciente en el tema, también trae consigo un factor negativo. La existencia de diversas áreas protegidas bajo la administración de distintos ministerios y entidades se traduce en una dificultad para coordinar planes generales de preservación y estudio de especies. Así también, “el fraccionamiento del territorio y el aislamiento de los espacios y poblaciones naturales son ecológicamente perjudiciales para la vida silvestre, siendo clave la conectividad entre áreas silvestres –sobre todo las oficialmente protegidas– para el contacto e intercambio genético entre poblaciones, reduciendo la endogamia y el riesgo de extinción.” (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p.271)

Asimismo, junto con la acción de los organismos públicos, la acción privada, en forma de particulares o fundaciones, ha tomado cada vez mayor relevancia. Dentro de las fundaciones destacan la Foundation for Deep Ecology y el Conservation Land Trust, creadas por el matrimonio compuesto por Douglas Tompkins y Kristine McDivitt. Pero también se han implementado otros mecanismos para incentivar a particulares a tratar sus terrenos como áreas protegidas: la adscripción voluntaria al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), con lo cual dichos terrenos privadas pasan a considerarse Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada (ASPP). Para ello, el Estado ofrece exenciones tributarias y subvenciones estatales, puesto que “la cooperación público-privada en conservación adquiere relevancia para contrarrestar la fragmentación y mejorar la conectividad entre las áreas silvestres protegidas” (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p.272).

El problema con este sistema es la dependencia de la permanencia de las ASPP en la red SNASPE en base al costo de oportunidad. “Si conservar no resulta financieramente atractivo para los privados, entonces un área exitosamente protegida a través del ASPP podría abandonar la red en 25 años para realizar cambio de uso” (Jorquera-Jaramillo et al. 2012, p.272). Además, el alto valor agrícola y forestal del suelo en las regiones centrales de Chile impide formar este tipo de áreas protegidas, pues para sus dueños es económicamente más favorable explotar sus tierras.

Debido a todo lo anteriormente expuesto, nuevas medidas de corto, mediano y largo plazo que busquen detener y revertir la tendencia demográfica actual de los huemules, aplicadas de la mano con mejoras y correcciones a los sistemas ya existentes, como sería la implementación de incentivos económicos efectivos para aumentar el número de ASPP.

En el largo plazo, la educación se perfila como el mecanismo más efectivo y duradero para contrarrestar la situación. “Otra forma de aumentar la efectividad de estas estrategias es a través de la generación de mecanismos que incorporen a la ciudadanía en esta meta pública. Una participación ciudadana activa facilita que los servicios públicos cumplan con su rol fiscalizador y obliga a los agentes privado a tomar medidas óptimas en la ejecución y desarrollo de sus proyectos, porque la biodiversidad sería considerada un bien común