LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y EL ABORTO

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En 1967, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, siendo elaborado el proyecto por la Comisión. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), un instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de discriminación.[1]

El día 9 de junio de 1994 la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), dando un paso clave para enfrentar este fenómeno de alcance mundial y con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. El reconocimiento del fenómeno de la violencia, después de haber sido ignorado por tantos años, se ha convertido en una prioridad para la CIM.[2]

Así pues es como surgen los dos instrumentos internacionales de mayor relevancia relacionados con los derechos de la mujer, y es que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará no sólo reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, sino que la define en la esfera pública y privada.

3. El aborto y su relación con los Derechos Humanos

Para desarrollar este capítulo es necesario que recurrir al concepto de Derechos Humanos ¿Qué son los Derechos Humanos? y ¿Cuál es el fin que persiguen los Derechos Humanos?

De acuerdo con el concepto de la Organización de las Naciones Unidas, los Derechos Humanos son:

“Son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad.”

Ahora bien, si los derechos humanos son garantías, ello implica que, el Estado es el responsable de garantizar estos derechos y; de acuerdo a este concepto los derechos humanos son para que podamos vivir como seres humanos, para que se cultiven nuestras cualidades, inteligencia, talento y espiritualidad.

Partiendo de este concepto podemos asegurar que, tal como lo enuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos humanos tienen como fin el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la familia humana.[3]

Si partimos del hecho que los derechos humanos, tienen como fin proteger la dignidad de las personas, es decir, a dignidad inherente al ser humano, no se puede desprender de la esencia del ser a la dignidad, por tanto, toda persona humana, debe ser tratada con decoro, es decir con dignidad, no obstante, como bien sabemos, esto no siempre ocurre, los seres humanos, son los únicos a los que se le pueden violentar derechos humanos, pero también es el ser humano, el único que es capaz de transgredir los derechos de su misma especie.

Ahora bien, ya que ha quedado explicado el concepto de derechos humanos y el fin que entraña el reconocimiento de los derechos humanos, es pertinente, enunciar grosso modo, cuáles son los derechos humanos de la mujer reconocidos en los instrumentos internacionales, su relación con la normatividad de México y cómo estos derechos están relacionados con el aborto.

En ese sentido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. La Convención inicia definiendo la violencia contra la mujer como:

“…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

Esta definición cobra relevancia con el tema del aborto, en virtud de que, como veremos más adelante, en diversas ocasiones es el Estado el generador de la violencia en contra de la mujer, esto al sobreponer una ideología moral-religiosa sobre los derechos de la mujer.

Continuando con el contenido de la Convención, se contempla un apartado denominado “Derechos que protege”, en lo que se enuncia los derechos a las mujeres de a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Comprendiéndose entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. el derecho a libertad de asociación;

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Aunado a lo anterior, en su Recomendación General No. 24, el Comité de la CEDAW establece que es obligación de los Estados Parte “respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica”.[4]

Se reconoce la importancia del derecho de las mujeres a la salud durante el embarazo y el parto ya que se encuentra estrechamente relacionado con su derecho a la vida.

Para hacer que los servicios estén disponibles más rápidamente, previniendo así la mortalidad materna, y explícitamente exige que se eliminen los impedimentos para que las mujeres accedan a servicios de salud que pueden salvar sus vidas (como los altos costos, la autorización del cónyuge, o los castigos impuestos