Requisito primordial para la coexistencia de una buena administración pública deriva ser su control permanente

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El contencioso administrativo crea un medio de control jurisdiccional de los actos de la administración pública, puesto que personifica una instancia por medio de la cual los administrados pueden alcanzar la defensa de sus derechos e intereses, cuando se ven lacerados por actos administrativos ilegales.

Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo son órganos autónomos para formular sus fallos, que solucionan controversias entre la administración pública de las entidades federativas y los particulares. Su designación y facultades pueden variar de una entidad federativa a otra. Una peculiaridad de estos Tribunales es que en la mayoría de los casos es preciso agotar el procedimiento ante ellos, previo a recurrir a la vía judicial. Aunque en el sistema jurídico mexicano subsiste la polémica de sí las resoluciones al respecto deben ser tomadas por el poder judicial vía el juicio de amparo o por la autoridad administrativa por medio de los tribunales de lo contencioso administrativo, actualmente coexisten los dos sistemas. Los Tribunales Administrativos y/o Organos parajurisdiccionales y este debería ser el nombre correcto, pero fuera de esta controversia en nuestra legislación se reconoce a los siguientes:

- Tribunales laborales (las juntas de conciliación y arbitraje).

- Tribunales agrarios.

- Condusef (antes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

- Comisión nacional de seguros y fianzas.

- Procuraduría Federal del Consumidor.

- Ciertos recursos administrativos (los más comunes, en materia de aguas y derechos de autor).

- Arbitraje en materia de telecomunicaciones.

- Comisión nacional de arbitraje médico.

- Comisión federal de competencia económica.

- Tribunales militares (en delitos y faltas contra la disciplina militar)

En el ambiente de lo jurídico, taxativamente en la impartición de justicia, la sociedad mexicana demanda jueces mejor instruidos y competentes que gocen de autonomía para que puedan ser ecuánimes y comprometidos con su labor. Ahora bien en la justicia administrativa concretamente es donde se hace más perceptible el Estado de Derecho, porque el conflicto afronta a un poder público administrativo y a un ciudadano, es por lo tanto la justicia administrativa la llamada a enfrentar un más intenso desarrollo, con la objetivo de atestiguar una mejor y armoniosa convivencia democrática de los ciudadanos.

Conclusión

La regulación del contencioso administrativo en los tres niveles de gobierno en el país, es un tema relevante, porque nos permite valorar una de las vías con la cual se pueden subsanar los actos ilegales cometidos por las autoridades administrativas, y que en contextos como el del federalismo mexicano, ya sea por los resabios del autoritarismo, mala fe o ignorancia frecuentemente se cometen. El adecuado funcionamiento de este procedimiento es de suma importancia y complementario para lograr un equilibrado desarrollo democrático, si consideramos que de manera gradual se ha ido fortaleciendo el Estado de Derecho mexicano, resulta también necesario contar con vías jurisdiccionales que permitan corregir los desvíos en que incurran las administraciones públicas.

Fuentes Bibliográficas

Margain Manautou, Emilio. “De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimación”. Porrúa. México, 2002.

Vázquez Alfaro José. “Evolución y perspectiva de los órganos de jurisdicción administrativa en el ordenamiento mexicano”. UNAM. México, 1991.