VACIOS DE PODER EN MÉXICO

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La seguridad nacional no lleva necesariamente a una mayor seguridad humana que permita que los individuos y las comunidades alcancen sus objetivos a través del ejercicio más frecuente de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando la seguridad nacional está fundada en el estado de derecho, sin duda fomenta que se genere mayor seguridad humana, pues existen controles que rigen las decisiones de los funcionarios públicos, se previene y combate al abuso de su direccionalidad y se vela por el respeto de los derechos humanos. El concepto de seguridad pública, muy utilizado por las autoridades mexicanas en los últimos años, es incompleto para hacer frente a la delincuencia organizada.

La prevención del delito, por estar mal entendida, se basa en mayor presencia de policías, videocámaras en espacios públicos o alarmas, todo lo cual no conforma sin nombre medidas destinadas a fortalecer la percepción de un castigo esperado. Este enfoque olvida y no trata las raíces de los actos de violencia ni identificar problemáticas sociales prevenibles; tampoco otorga a la delincuencia organizada su dimensión económico-social en el tejido ciudadano, algo muy importante para establecer estrategias para contenerla. La seguridad humana es el ejercicio más frecuente de los 58 derechos humanos plasmados en la declaración universal de los derechos humanos y en 9 tratados internacionales de la ONU para que se hagan realidad deben cooperar con el fin de que los sistemas judiciales junto con las instituciones funcionen con más frecuente efectividad coordinación inter institucional y con una relativa eficiencia, brindando servicios qué las personas necesitan para desarrollarse.

La seguridad humana implica, el mismo tiempo, aplicar políticas punitivas a través, del sistema judicial, ver en el marco de un estado que garantice el respeto a todos los derechos humanos tal como el debido proceso tanto de víctimas como imputados. Los 58 derechos humanos deben de respetarse tanto en la elaboración como en la práctica con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles. La delincuencia organizada es un fenómeno social y económico indeseable y no un fenómeno que puede prevenirse erradicarse como manifestación económica la delincuencia organizada crece y se alimenta de las fallas regulatorias de los estados.

Algunos intelectuales mexicanos no se dan cuenta de que México sufre de normas vacío de poder y de fallas de regulación que en conjunto alimentan la presencia económica de los grupos criminales, los mismos que llenaron el sexenio de Felipe Calderón de los más altos niveles de violencia experimentados por el país desde la revolución y que continúan operando en la administración de Enrique Peña Nieto. Corregir sus fallas de estado la mejor política preventiva de la delincuencia organizada. Si no se realiza un mapeo serio de los vacíos de estado y de las disfuncionalidades sociales que existen a lo largo y ancho del territorio mexicano, jamás se podrá poner en marcha una política realmente preventiva de la delincuencia organizada. Los funcionarios de los grandes agencias regionales de cooperación, como el banco mundial, el banco interamericano de desarrollo y la OEA aseguran abiertamente que una política preventiva basada en seguridad humana es demasiado amplia como para instrumentarla, eso es un sinsentido que refleja además de ignorancia operativa una pobreza ética inaudita de los organismos internacionales y regionales.

El presidente calderón y sus predecesores desestimaron cómo los ambientes de la disfuncionalidad fomentan la aparición y el fortalecimiento de un tejido social de la delincuencia organizada emplea para expandir sus actividades y su mano de obra.

Un cambio de ruta implica poner en marcha políticas preventivas coordinadas inter institucionalmente y geográficamente en varios sectores que hagan más difícil que las mafias capturen en el tejido social a través del tráfico de drogas, personas, migrantes, de la piratería o de cualquier otro bien o servicio legal o ilegal.

A la delincuencia organizada no se le vence sólo con contratos millonarios, debe pararse del dispendio presupuestal a la exigencia de productos específicos de política pública resultados concretos generados con ese dispendio.

Países como Brasil, Chile y Colombia qué hace pocos años eran de los peores, actualmente han mejorado tanto que la delincuencia organizada dentro de sus fronteras se encuentra en retroceso. Estos países llegaron a esta buena situación no por medio del incremento del número de soldados y policías en sus cuerpos de reprecivos, sino a través de nuevas concentraciones o acuerdos políticos socialmente legitimados que les permitieron empezar atacar, primero, el cáncer de la corrupción política de los carcomía y luego crear políticas públicas para sanear el tejido social de sus comunidades. Cuando los estados son débiles las empresas criminales regionales transnacionales compiten salvajemente, para ocupar vacíos de estado, pagó citando fragmentos completos de territorio y de andamiaje institucional, para consolidar sus mercados ilegales en delitos organizados como la trata de personas el secuestro o el tráfico de órganos. Esos países con estados débiles generalmente se encuentran en un proceso de transición política, cuando todavía no se han desarrollado instituciones eficaces y democráticas.

Los grupos criminales que constituyen la delincuencia organizada del orbe incurren en la violación de 23 tipos de delitos a los que se denomina tipos de delitos organizados:

1.- Actos de terrorismo.

2.- Contrabando de bienes y servicios diversos.

3.- Ejecuciones de funcionarios públicos.

4.- Extorsión.

5.- Falsificación de dinero.

6.- Falsificación de documentos.

7.- Fraudes de tarjetas.

8.- Homicidios.

9.- Infiltración patrimonial.

10.- Lavado patrimonial.

11. Lenocinio.

12.- Lesiones.

13.- Piratería.

14.- Pornografía.

15.- Robo de vehículos.

16.- Secuestro.

17.-