Argentina: el país de las oportunidades perdidas

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El ejecutivo de una de las empresas auspiciares dijo que seguramente un funcionario argentino había acogido los derechos humanos por ser un tema favorito del matrimonio Kirchner, y los demás miembros no se hablan atrevido a vetarlo.

Hay una preferencia de los jóvenes por las humanidades en la mayoría de los países occidentales pero en Argentina el problema es aún mayor. Al tener una universidad gratuita, los estudiantes que terminan la enseñanza secundaria se inscriben casi automáticamente a la universidad, aunque muy pocos de ellos terminen graduándose, la mayoría de sus 1,270,000 estudiantes en universidades públicas son jóvenes que nunca se gradúan.

Las universidades estatales argentinas no tienen examen de ingreso. En su lugar, tienen un año de ciclo básico que deben cursar. En vez de que el Estado ponga límite a la admisión a las carreras universitarias, en Argentina todos pueden ingresar en cualquier carrera, lo cual explica el elevado número de estudiantes de psicología, sociología y comunicación.

Según datos oficiales, las universidades estatales argentinas admiten unos 272,100 estudiantes, y gradual 63,000. El porcentaje de graduación universitaria es de 23%. En las universidades públicas la cifra no es muy diferente: entran unos 90,000 estudiantes por año y se gradúan 24,000.

El argumento para que la universidad sea gratuita es que el Estado recauda impuestos para pagar la universidad, y como los ricos son quienes más pagan impuestos, de alguna manera ellos están sublevando la universidad.

No convence de todo. Primero, toda la sociedad paga impuestos al valor agregado, de manera que tanto pobres como ricos están subvencionando a los jóvenes de clase media alta. Segundo, la universidad es utilizada por un pequeño sector de la sociedad, a diferencia de otros servicios básicos como la policía, el alumbrado público, etc. Tercero, habría que cobrarles a los que pueden pagar y usar ese dinero para ofrecerles becas completas a estudiantes que trabajan tiempo completo.

El gobierno argentino acaba de anunciar en 2009 una partida de 30,000 becas por año para ayudar a los estudiantes de menos recursos a estudiar carreras científicas y técnicas. El programa Becas Centenario cubría a poco más del 10% de los estudiantes que entran en universidades públicas argentinas todos los años, y a 4% de los 1,270,000 estudiantes en las mismas.

Según la UNESCO, 78% de los egresados universitarios argentinos pertenecen a los sectores medio y alto de la sociedad, y apenas 22% provienen de los sectores de menores recursos. En lugar de hacer que los jóvenes de clase media y alta paguen sus estudios, o que paguen una vez graduados. Argentina subsidia a sus estudiantes más adinerados y castiga a los más pobres.

55% de los estudiantes que estudian en la UBA egresaron de escuelas secundarias privadas, según datos oficiales de la propia universidad.

En las universidades públicas argentinas los alumnos pueden graduarse en la mayoría de las carreras de licenciatura sin saber inglés. Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, confesó que el inglés no es una materia obligatoria para los 58,000 estudiantes de institución pero que es obligatorio para maestrías y doctorados.

Buena parte de las carreras de grado de la UBA se niegan a la evaluación externa. “El argumento es que la UBA tiene un nivel tal, que no hay quien le acredite, y que atenta contra la autonomía universitaria que un organismo externo la acredite.”

Para 2009 la UBA había acreditado tres carreras (farmacia, agronomía y veterinaria) ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Argentina (Coneau). Las demás carreras se negaban o estaban en “proceso”.

Edith Litwin, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, dijo que no era justo evaluar universidades de distintas características. “Yo creo que es fundamental que podamos hacer una mirada interna para poder contemplar nuestras fallas, debilidades y potencias. Este proceso de evaluación tiene que ser generado por sus propios protagonistas.”

Si uno escoge la evaluación a su medida, siempre va a salir mejor que si compite con los demás. Entre la competitividad y la complacencia, la UBA se estaba amparando con la complacencia, y se estaba quedando cada vez más atrás del resto del mundo.

El gobierno de Chile creó un fondo de 6,000 millones de dólares para otorgar 6,500 becas de posgrado por año a partir del 2012 para que los estudiantes chilenos hagan sus maestrías y doctorados en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. La cifra que dieron algunos funcionarios argentinos cuando se les preguntó por cuántas becas estaba otorgando Argentina para que sus estudiantes hicieran posgrados en el exterior, fue de solamente 60 becas. Chile ya está enviando a hacer sus posgrados al exterior a más de 40 graduados graduados universitarios por cada uno que envía Argentina. A partir del 2012 la proporción será de más de 100 a 1.

Argentina pone todo tipo de trabas para que universidades extranjeras no puedan establecerse y otorgar títulos en el país. La única universidad extranjera autorizada para operar en argentina es la Universidad de Boloña. Y está en un limbo legal ya que la Coneau no ha acreditado ninguna de sus carreras.

Los requisitos son tan exigentes que la acreditación es difícil hasta para las instituciones nacionales. Según Néstor Pan, director de la Coneau, “de todas las instituciones que se han presentado ante la Coneau, solo 13% han recibido la autorización para funcionar como universidad.” En Argentina hay sólo 107 instituciones expendedoras de títulos universitarios.

En 2010 la principal universidad argentina no tenía ni un solo acuerdo de diplomaturas conjuntas internacionales a nivel de licenciatura, ni de maestría. La gigantesca universidad estatal sólo tiene un acuerdo de maestrías con la Facultad de Medicina de Friburgo, Alemania y un convenio de doctorados con Francia.

En universidades privadas es mejor el panorama. La Universidad de Belgrado tiene 21 acuerdos internacionales de doble titulación, la Universidad de El Salvador tiene nueve, la Universidad Torcuato Di Tella tiene 4 y la Universidad Argentina de la Empresa tiene 3.

Juan Llanca, ministro de educación durante el gobierno de Fernando de la Rúa en 1999 y 200, al asumir su cargo había propuesto introducir el arancelamiento en las universidades nacionales una vez que los estudiantes se graduaran. Pero fue “políticamente imposible”.

Una segunda opción. Un requisito