RELATO TESTIMONIAL CHILENO

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El tema central del relato testimonial de prisioneros políticos a partir de 1973 es la situación de los Derechos Humanos en Chile, fenómeno que toma la forma de la imprecisión en las cifras de muertos y desaparecidos durante el régimen militar: Malcolm MacPherson señala que durante los años del gobierno militar, por lo menos 2.279 personas fueron asesinadas o desaparecieron. ("La espectacular transformación de Chile", Reader's Digest, Agosto de 1993, p. 63-68). Luis González O'Donnell, por el contrario, afirma que durante la dictadura hubo "tal vez, 20.000 asesinatos" ("Como vive Chile bajo la sombra de Pinochet", Contenido, Agosto de 1993, p.46-67). Amnistía Internacional, a su vez, señala que: "Un vasto pero desconocido número de personas -en rango estimado de 5.000 a 30.000- han perdido sus vidas desde el golpe militar." (Chile. An Amnesty International Report (London: Amnesty International Publications, 19740, p.31.) y Judy White, por su parte, añade: "La Iglesia y fuentes legales en Chile reportan entre 18.000 y 20.000 muertos y sobre 65.000 encarcelados desde el golpe del 11 de septiembre." (Chile's Days of Terror ed. by Judy White (New York: Pathfinder Press, 1974), p.11). Más difundido es el Informe Rettig , que denuncia 2.600 víctimas comprobadas y sobre seiscientos casos de desaparición de los cuales se tienen antecedentes, pero no pruebas concretas.

Estos datos denotan la existencia de discursos marginados que intentan constituirse en fuentes de saber de un referente denegado. Sin embargo, dichos discursos no consiguen su objetivo por dos factores: 1) Porque su compromiso con el referente priva el registro de la alegada objetividad del discurso histórico, y 2) porque el receptor desconoce la legitimidad de discursos no avalados por la Autoridad. En términos simples, el receptor educado en el contexto de un régimen autoritario desconoce todo discurso que trasunte contenidismo o compromiso social, a la par que no valida como parte de la Historia oficial nada que no sea refrendado por la autoridad bajo la forma de historiadores tradicionalmente incorporados en los programas educacionales.

La imprecisión de las diversas voces de la Historia oficial ha dado a discursos alternativos que intentan constituirse en registro de una historia silenciada. Una fuente interesante por la atinencia, el carácter masivo de sus receptores y la ausencia de censura alguna es Internet. En diciembre de 1997 circulaba en Internet una lista de casi trescientos miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), "que conocen el destino de los desaparecidos y asesinados por la dictadura militar chilena" afirmando que muchos de ellos "continúan desempeñando cargos en el Ejército y en diferentes estructuras del Estado." En oposición a la usual ambigüedad del relato histórico, esta lista indica nombre, apellido, grado y repartición de las FFAA a la que pertenecen los inculpados. [1]

En 1996, La Época reconocía que sólo 45 procesos relacionados con 77 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar se encontraban radicados en las fiscalías militares, algunos de ellos sobreseídos temporalmente y otros en trámite, de un total de 542 procesos de derechos humanos referidos a 1007 víctimas. De estos 45 procesos, 39 estaban radicados en Santiago (41 víctimas); uno en Valparaíso (8 víctimas); dos en Talca (25 víctimas).

De los 542 procesos por violaciones a los derechos humanos (justicia ordinaria y fiscalías del Ejército, Carabineros y Aviación (no se registran causas en las fiscalías navales), el catastro era el siguiente: En tramitación, 186 procesos, referidos a 484 víctimas; en situación de sobreseimiento temporal, 307 procesos relativos a 342 víctimas. Con sobreseimiento definitivo, 34, referidas a 164 personas. Trece de estos procesos se hallaban en la justicia militar, mientras que el resto se encontraba en 100 tribunales ordinarios.

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación carecía de información actualizada respecto de 15 procesos relativos a 17 víctimas. La propuesta original del Presidente Frei Ruiz-Tagle establecía que los juicios con sobreseimiento temporal se abrían por el solo ministerio de la ley para que los tomaran los ministerios especiales. Sin embargo, el acuerdo con Renovación Nacional determinaba que los procesos que estaban cerrados de forma temporal sólo se reabrirían a petición de un número limitado de familiares y siempre que hubiera nuevos antecedentes. La propuesta original también establecía que los casos en la justicia militar pasaban a la ordinaria. Con el acuerdo [con RN], los juicios se mantendrían en la judicatura que estaban.[2]

La veracidad de los hechos narrados en los relatos testimoniales de prisioneros políticos o de personas que sufrieron los efectos del régimen militar se evidencian en la realidad. En 1999, un fallo en primera instancia obligó al Estado a cancelar $600 millones de pesos para solventar los perjuicios morales de María Otilia Vargas, quien perdió a sus cinco hijos entre 1974 y 1976 y cuya historia ella relata en La dictadura me arrebató cinco hijos (Santiago: Mosquito Editores, 1991). El hecho es destacable, toda vez que constituyó el primer caso en que el Fisco indemnizaba por detenidos desaparecidos. Hasta 1999, los montos que ha debido cancelar el Estado han sido por muertes y secuestros. Pero el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto tenía a su cargo 50 demandas en tribunales por casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Algunos montos desembolsados por el Estado corresponden a los siguientes casos: Leopoldo Muñoz de la Parra, Baleado en marzo de 1985, cuatro millones de pesos; Sergio Muñoz, padre de Leopoldo Muñoz de la Parra, dos millones de pesos; Ramón Arriagada Escalante, Secuestrado en marzo de 1985, cuatro millones de pesos; Elena Reyes de Nattino, viuda De Nattino muerto en marzo de 1985, veinte millones de pesos; a los cuatro hijos de José Manuel Parada, muerto en marzo de 1985, diez millones de pesos a cada uno; al padre de Manuel Guerrero R., muerto en marzo de 1985, veinte millones de pesos; a los cinco hijos de Mario Fernández López, muerto en octubre de 1984, cincuenta millones de pesos a cada uno; a la viuda e hijos de Orlando Letelier, muerto en septiembre de 1976, ochocientos millones de pesos; a ocho secuestrados de la Asociación Gremial de Empleados de Chile, un millón de pesos a cada uno. [3] En 2013, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime, confirmó que el Fisco debe pagar una indemnización de $150.000.000 a cinco de los hermanos del otrora seleccionado nacional de ciclismo Sergio Tormen Méndez, detenido desaparecido