¿De qué manera la comunicación interna se relaciona con el estrés laboral en el departamento de supervisión crediticia de la institución financiera Caja Trujillo de la ciudad de Trujillo en el año 2015?
Enviado por tolero • 6 de Diciembre de 2018 • 1.426 Palabras (6 Páginas) • 519 Visitas
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Criado, Ramilo y Serna (2002), proponen en el ensayo “La necesidad de teorías sobre gobierno electrónico. Una perspectiva integradora” -publicado en la Universidad Nacional de Caracas- que el nuevo modelo de Gobierno Electrónico sería capaz de resolver mejor los problemas sociales (garantizar la gobernabilidad), en la medida que sea capaz de establecer reglas, principios y valores que hagan posible el cambio institucional necesario para que los Gobiernos y Administraciones Públicas sean capaces de generar consensos entre aquellos actores críticos capaces de articular respuestas conjuntas a los problemas sociales, mejorando de forma continua la calidad de las políticas y de los servicios públicos.
Dentro de esta línea, desde el punto de vista funcional y especialmente de la aplicación de las TIC como herramientas de comunicación, el Gobierno Electrónico (también llamado e-governance) abarca el uso de estas tecnologías para la integración intra e intergubernamental, la provisión de servicios a ciudadanos y empresas y los usos orientados a la ampliación de la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático. Se observa que las TIC pueden aplicarse en diferentes rubros y actividades económicas, por tal motivos los gobiernos han visto necesario adaptar sus servicios de información, consulta y gestión bajo las diferentes plataformas que ofrecen las TIC.
Otro estudio es el realizado por el gobierno colombiano (2008) sobre la implementacióndentro de su gestión de ciertas aplicaciones TIC en la administración pública. En el estudio titulado “Aplicación de las TIC en la Administración pública colombiana en línea.”,D Ávila (2010), concluye que las TIC son pieza fundamental para innovar la participación del ciudadano en los servicios y en la administración pública en línea. Además, promueven el desarrollo económico, mejorando prácticas comunicativas y control político. Asimismo, hacen legítimo la modernización del Estado, incrementando la productividad interna y externa, simplificando los procesos y reduciendo los gastos públicos; pero se detiene en pensar que el acceso total sigue siendo restringido por sus altos costos. Además, afirma que la economía actual de Colombia se encuentra soportada por las TIC; pues justo con ellas han logrado satisfacer las exigencias de acceso democrático, a la información y al conocimiento del ciudadano.
En el Perú, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), bajo la tutela de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), ha realizado desde el 2002 una serie de investigaciones acerca de la viabilidad y uso de las TIC de la mano con The Ministry of KnowledgeEconomy of Korea, llegando a implementar un plan estratégico para las veinticinco regiones del Perú. Uno de los primeros informes afirma que la región de La Libertad, en el año 2002, tuvo un porcentaje de déficit de 5% en negativo en estructura de Gobierno Electrónico (aplicación de TIC para instituciones públicas) con relación a la región Lima; pero resaltan que, al igual que Arequipa, son regiones que tienen el potencial y recursos para aplicar TIC bajo la premisa de buenas prácticas de gobierno, llegando a estar a la par con la capital. Además, el informe resalta que el 73% de las estructuras de telecomunicaciones a nivel nacional se centra en estas tres regiones (La Libertad, Arequipa y Lima). La ONGEI tiene una visión a futuro, por eso ha propuesto un Plan Estratégico, parte del Plan de Desarrollo Nacional Bicentenario 2021, el cual posee diversas políticas de corte económico para el fomento del crecimiento y desarrollo nacional en materia de TIC, como fortalecer el Gobierno Electrónico en las entidades de la Administración Pública, garantizando su interoperabilidad y el intercambio de datos espaciales con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios brindados por las entidades del Estado para la sociedad, fomentando su desarrollo; entre otros.
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