Desafios del sector electronico.

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Asimismo, la burocracia administrativa sumada a las injerencias políticas a las que se encuentran expuestas, limitan la flexibilidad y campo de acción a las DE para que puedan gestionar adecuadamente sus recursos. Tal es así, que reciben encargos para realizar inversiones sin tener garantizadas las formas y medios de las retribuciones correspondientes. De igual manera, se les asignan obligaciones que obedecen a decisiones de autoridades políticas a fin que les genere réditos en el plano político, ya que el servicio que brindan las distribuidoras es un servicio público. A lo anterior, se suman las contingencias tanto laborales, administrativas, como operacionales que repercuten en los resultados y debilitan la situación financiera de las mismas.

No menos importante, es el débil gobierno corporativa que ostentan las DE dado que en algunos casos las firmas auditoras han emitido opiniones desfavorables o simplemente se han abstenido de emitir opinión sobre la situación financiera de dichas empresas. Ello evidencia los malos controles internos, así como la frágil gestión de la mayoría de las empresas estatales, que brindan servicios públicos, y la necesaria renovación de los cuadros profesionales.

A nivel de indicadores de calidad, son claramente notorias las diferencias entre los niveles de interrupciones y el tiempo de los mismos entre las distribuidoras públicas y privadas. Si bien dichas métricas se han incrementado ligeramente en las concesiones de las distribuidoras privadas, estas se ubican seis veces por debajo de las presentadas por las estatales. Ello gracias a que los niveles de inversiones que realizan las últimas son mínimas respecto de sus pares privados.

Producto de lo detallado en los párrafos precedentes, donde claramente las distribuidoras estatales pueden presentar mejores resultados tanto financieros como operativos, se hace necesario implementar una política con visión de largo plazo para asi asegurar la confiabilidad y eficiencia del SEIN. Ello a fin de evitar estar resolviendo problemas estructurales con decisiones de corto plazo. De igual forma, se hace relevante que las distribuidoras estatales sean reestructuradas a profundidad o en todo caso se privaticen y dejar que el Estado gestione únicamente aquellas labores no atractivas para el sector privado. Dichos cambios deben considerar mejores prácticas de gobierno corporativo, dotar de autonomía financiera y consolidar aquellas distribuidoras pequeñas con el objetivo de que tengan mayor poder de negociación tanto en la parte comercial (hoy en día se agrupan para licitar la compra de energía) como en las sinergias operativas que puedan surgir. No dejemos que aquellas empresas que se desarrollan en un sector de bajo riesgo y estable, sean objeto de ineficiencias más aún cuando todos nosotros pagamos por dicho servicio y somos accionistas de los mismos.

DENNIS ANGELA FERNÁNDEZ PILLACA