CORRUPCION EN LAS UNIVERSIDADES.

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Referencias

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ecernar/2008/11/10/acciones-para-superar-la-corrupcion-caso-de-las-universidades-propuesta-al-premier-yehude-simon/ (consultado el 20 de febrero del 2017)

http://gestion.pe/politica/30-universidades-publicas-enfrenta-crisis-denuncias-corrupcion-y-lucha-poder-2079559 (consultado el 20 de febrero del 2017)

(consultado el 20 de febrero del 2017)

http://mundoejecutivoexpress.mx/nacional/2014/12/08/universitarios-corruptos-hasta-31-revela-estudio(consultado el 20 de febrero del 2017)

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RESPALDO

El Presidente, ante el escándalo por la corrupción en los contratos petroleros, se vio obligado a cambiar al Primer Ministro y a parte de su gabinete. El nuevo Premier, anunció en el Congreso como un pilar fundamental del gobierno la lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo haría? Le preguntaron los congresistas. Y anunció que el Plan Anticorrupción estará presentándolo dentro de 45 días. Se plantea la pregunta ¿Cómo superar la corrupción?

La experiencia indica que como el ladrón que grita “allá va el ladrón” en la corrupción son los más enardecidos que se rasgan las vestiduras de blancura, limpieza, transparencia y honor quienes ocultan la transgresión legal. No sólo están los actos corruptos, si no que se ha creado toda una cultura de la corrupción. La hipocresía, la doble personalidad, las dos caras, “la escopeta de dos cañones”, es decir, públicamente todos condenan a la corrupción pero detrás en forman generalizada se practica. Por tanto, esta cultura corrupta, también tiene que ser enfrentada.

Para el caso del sector de las Universidades Públicas con mayor incidencia y en las Universidades Privadas con menor incidencia, se observa que el profesorado que ocupan las plazas, las han convertido en prebendas (beneficiarse sin tener los méritos) y sinecuras (hacer un trabajo mediocre o robar el tiempo para alternar “trabajo” con otras instituciones). Esta degradación es académica y moral. La consecuencia es que se ha generalizado en el estudiantado la cultura del facilismo mediante la coima para aprobar los cursos y el chantaje. La meritocracia se ha ido resquebrando a tal punto que las categorías que ocupan los profesores ya no corresponden a sus méritos y los trabajos de investigación de los mismos carecen de valor. Las tesis de los titulados y los graduados que estos profesores asesoran carecen de originalidad y no significan un aporte al conocimiento y al desarrollo de las comunidades. Esta situación, en general, ha traído consigo el abandono de la función de una universidad que es la de dirigir el desarrollo de las comunidades. Las escuelas académico profesionales de pregrado y postgrado se han convertido en “fábricas” de egresados que andan bajo el brazo con un cartón que tiene escaso valor. Estos mismos profesionales y graduados, con deficiencias académicas y una débil formación moral, ingresan a la docencia universitaria generalizando cada vez más las prácticas corruptas académicas. En cada Universidad, se han establecido círculos cerrados para proteger esta deplorable crisis académica y de valores, impidiendo por cualquier medio los intentos que tratan de romper estos círculos de corrupción. Por tanto, los profesionales y graduados cada vez terminan con una formación académica, moral y ética más débil, resultando que los abogados, educadores, administradores, ingenieros así como otros profesionales multiplican los antivalores por la sociedad entera profundizando aún más la corrupción, tanto al interior de los poderes del estado como en las empresas e instituciones a las cuales acceden estos egresados. ¿Qué hacer? En consonancia a las seis medidas planteadas, se debe empezar por las siguientes acciones prácticas:

Un 30% de universidades públicas enfrenta crisis por denuncias de corrupción y lucha de poder

Lima (Andina).- Unas 15 universidades públicas, 30% de las que hay en el país, enfrentan crisis severas por denuncias de corrupción contra sus autoridades y la lucha de poder, sostuvo el titular de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora.

Señaló que esta situación demuestra que la política de comisiones interventoras, dispuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) no ha funcionado.

Según explicó, el común denominador de la problemática de estas casas de estudio es la lucha interna por el poder, por querer manejar los recursos del canon y sobrecanon y las acusaciones de corrupción en la ejecución de obras para los alumnos.

Dijo que el caso de la Universidad La Cantuta, donde esta semana hubo acciones de violencia, no es exclusivo, pues también hay serios problemas en la Universidad Santiago Antunez de Mayolo, en la de Moquegua, la Intercultural de Amazonía, entre otras.

“En Santiago Antunez de Mayolo se ha perdido una barbaridad de clases, en Moquegua van seis comisiones reorganizadoras y nada. En la Intercultural hace poco hubo una quema de las oficinas administrativas. La cosa es seria”, aseveró.

“En la UNSA de Arequipa también hay problemas, en Toribio Rodríguez de Mendoza, en la de Cusco, en Madre de Dios, en todos, y casi siempre es por lo mismo: denuncias de corrupción sobre sus autoridades”, añadió el legislador.

Sostuvo que ante la esa situación de crisis, la ANR intervino con comisiones reorganizadoras que no han sido solución, pues se nombra a personas cuestionadas y que no cumplen con la función asignada.

“En Amazonas se nombró como conciliador a una persona con sentencia judicial, y en otro caso a un exrector, exalcalde y funcionario suspendido por faltas administrativas. Así no se soluciona nada de nada”, enfatizó.

Para Mora, la situación puede cambiar si se establecen requisitos más exigentes para ser rector, como el doctorado y publicaciones científicas obligatorias a nivel internacional, y que no haya reelección.

“Ni el rector ni los vicerrectores deben ser reelegidos, pues allí empieza el problema. Además, la elección tendría que contar con el control de la ONPE pues los comités electorales de las universidades no son lo mejor”, dijo.

Igualmente, refirió, resulta importante una mejor supervisión de los recursos con una participación más activa de la Contraloría, ya que los órganos de control internos son nombrados por el rector, lo que no garantiza objetividad.

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