Actores sociales, económicos y políticos en la restauración democrática en la Argentina

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Con la incorporación del Carlos Alderete representante del grupo sindical “Los 15” al Ministerio de Trabajo, el gobierno intenta privilegiar un nuevo interlocutor sindical y disminuir la confrontación.

Además, surge un nuevo conflicto con la Iglesia Católica en relación al proyecto de ley de patria potestad y divorcio vincular. La Iglesia opta por una posición corporativa en contraposición al gobierno realizando alianzas con las FFAA y parte del sindicalismo ortodoxo.

Tercera Etapa: Derrumbe del poder radical (1987-1989)

Se caracteriza por la pérdida de poder y de apoyo popular en relación al cambio de estrategia del gobierno; pasa de tener la iniciativa política, hacia una postura de lograr pactos de gobernabilidad denominados “corporativos”.

Las medidas económicas que se adoptan son los planes económicos conocidos como el “Australito” y el “Plan Primavera”. Se profundiza la apertura económica que beneficia a los grupos económicos prevalecientes en la Argentina.

El pacto con del sindicalismo ortodoxo no produjo los resultados esperados. Se evidenciaron diferencias en el seno del propio gabinete entre los Ministerio de Economía y Trabajo que representaban al radicalismo y al sindicalismo respectivamente.

A esta altura no era posible una solución política final en cuanto a la re-organización de las FFAA en la nueva estructura democrática siendo una cuestión de difícil resolución para el gobierno radical. Se desarrollan dos nuevos levantamientos militares expresando la reivindicación profesional de las FFAA.

La relación entre los partidos políticos comienza a ser de profunda dificultad. La Renovación peronista no solo había conseguido el triunfo en las elecciones legislativas de 1987 sino que había logrado conquistar varias provincias; además institucionalizó su poder mediante la conducción partidaria y se proyecta como una alternativa política viable para las próximas elecciones presidenciales.

Grupos Económicos y Política Económica

La primera gestión económica del gobierno radical estuvo a cargo del ministro Grinspun, cuyo análisis y diagnóstico de la crisis se centraba en tres puntos principales: 1) el desequilibrio económico y fiscal era causa de las corporaciones, y no del Estado, 2) se pretendía cerrar los canales directos de relación entre corporaciones-Estado, es decir, impedir la apropiación del Estado por parte de las mismas, y 3) el optimismo político era compartido por la totalidad del espectro político, incluido el peronismo y la mayoría del electorado.

Para llevar a cabo su plan económico se intentó un acuerdo con los sectores del empresariado nacional, éste acuerdo estaba centrado en impulsar el crecimiento de la actividad económica, reducir el déficit fiscal, aumentar el salario y los niveles de consumo.

En el polo opuesto al gobierno se encuentra el llamado “grupo de los 9”. Eran partidarios del shock económico mediante una fuerte devaluación, favoreciendo a los grupos económicos vinculados al comercio exterior y en detrimento de los orientados al mercado interno.

La gestión del ministro Grispun no pudo neutralizar ninguna de las presiones ejercidas por los grupos monopólicos, agentes financieros, y contratistas del Estado que operaban y actuaban en la economía a través de las cámaras empresariales.

Ante el fracaso, se puso en práctica el Plan Austral. Éste pretende crear las condiciones para que el capital privado encare el desafío re-industrializador a través del aumento de la inversión productiva interna, de las exportaciones industriales con valor agregado, la reconversión de aquéllas actividades que presentasen limitaciones estructurales a fin de alcanzar los niveles adecuados de competitividad internacional, y la constitución y consolidación de capacidades tecnológicas en las empresas, acordes con la tendencia mundial.

El frente empresarial apoyó desde el principio el nuevo paquete de medidas, también los acreedores externos y los organismos de financiamiento externo.

“En la Unión Industrial Argentina se brindó un apoyo explícito al gobierno, fundamentalmente porque se había dado prioridad a la lucha contra la inflación. Pero este apoyo no era incondicional, ya que la agrupación de los empresarios comenzó a bregar, cada vez con mayor énfasis, por un replanteo profundo del rol del Estado”[2].

El Plan Austral, fue complementado con el australito que contemplaba un congelamiento de precios, aumento de tarifas, ajuste salarial y devaluación de la moneda. Los grupos económicos dominantes ligados al capital internacional presionaban al gobierno por la profundización de las políticas económicas vigentes. El gobierno cedió ante estas presiones y desarrollo reformas estructurales para abrir la economía, achicar el Estado y desregular los mercados.

Ante los resultados adversos de la economía mediados del año 1988 se anuncia el Plan Primavera: un conjunto de medidas ant-inflacionarias que consistían “en una tregua de 180 días acordadas con la UIA, con congelamiento de precios y pautas de aumentos futuros; mayor apropiación de ingresos por parte del sector público a través de un aumento de 30% en la tarifa de servicios; un fuerte recorte de los gastos estatales; establecimiento de diferencias en el tipo de cambio; derogación de los programas especiales de exportación y eliminación de posiciones arancelarias”[3]. Este Plan tenía dos objetivos: primero, mantener un tipo de cambio bajo y estable. Segundo, desacelerar la inflación.

Este plan no logró los dos objetivos propuestos. A partir de los primeros meses de 1989 el dólar comenzó subir hasta alcanzar los 90 australes a finales del mes de abril y principio de mayo, paralelamente se sucedió una escala inflacionaria que alcanzó alrededor del 30% lo que determinó que la economía no pueda ser controlada y derivó en una profunda crisis de gobernabilidad.

Partidos Políticos

El resultado de las elecciones de 1983 configuró un sistema bipartidista y una simetría de fuerzas luego de la distribución institucional del poder.

La política presidencial alentó un bajo perfil de la conducción nacional del partido radical, centralizando en la figura de Alfonsín las decisiones políticas fundamentales e incorporando a su gabinete a figura extrañas a la tradición partidaria o a nuevos radicales surgidos de las filas denominadas alfonsinistas.

La UCR interpretó la derrota del peronismo como signo de la destrucción de esa fuerza política;