Análisis de los casos de vulneración de los derechos humanos en el Perú.

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El 18 de junio de 1986, a las seis de la mañana, durante el transcurso de un congreso de la Internacional Socialista (de la que el Partido Aprista Peruano del entonces presidente Alan García formaba parte) en Lima, los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan de Lurigancho (presos comunes), en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón (terroristas) y Santa Bárbara (mujeres), que poseían un control tácito al interior de los centros, se amotinaron en forma coordinada y tomaron como rehenes a los guardias de las cárceles y a tres periodistas. Alan García y los miembros de su gobierno fueron tomados desprevenidos por el incidente. Las 10:00 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Tres horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza. Sendero Luminoso lanzó ese día una ola de asesinatos y atentados terroristas en Lima que costó varias vidas.

El gobierno envió una comisión negociadora formada por César Samaná, Augusto Rodríguez Rabanal y Fernando Cabieses, que llegó a las 16:30 a negociar a la cárcel de El Frontón. Dichas negociaciones no prosperaron.

A las 17:15, al no prosperar las negociaciones, el jefe del grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú, a requerimiento del señor viceministro del Interior, Agustín Mantilla, inició las acciones para retomar los penales. Las FOES se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana del Perú.

El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados, resultando dos internas muertas.

El asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0:00, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención.

Mientras tanto, desde la isla de El Frontón, el viceministro del Interior aprista, Agustín Mantilla, anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. También a las 0:00 llegó a Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano.

A las 3:00, después del ataque con fusiles y granadas que ocasionó un duro combate. Horas más tarde, los 124 senderistas atrincherados en el edificio yacían muertos.

En este hecho, que ha sido calificado como del asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch. Estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú. El escándalo nacional e internacional frente a este crimen múltiple fue enorme. (Burt, 2011)

1.1. Análisis

Ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Parlamento peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales.

La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por el Presidente Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos.

El gobierno de García, sin embargo, otorgó impunidad a los autores de la masacre. Inclusive, uno de los responsables del operativo llevado a cabo por la Marina de Guerra del Perú en El Frontón, el vicealmirante AP Luis Giampietri Rojas, fue Primer Vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.

Se vulneraron los siguientes derechos:

- Derecho a la vida: porque ahí se asesinó alrededor de 300 personas, entre las cuales se hallaban inocentes. De acuerdo a los derechos humanos nadie tiene derecho a asesinar a otra persona.

- Principio de legalidad: Las fuerzas del orden tomaron atribuciones que no se les dieron abusaron en contra de los prisioneros.

2. En el aspecto minero

Según Wiener (2006) entre la década de los 90 y los 2000, la actividad minera pasó de ocupar el 4% del territorio nacional al 13%, es decir triplicó el tamaño de su presencia.

De 16 departamentos que se consideran mineros, por el peso de esta actividad en el PBI departamental y nacional, diez de ellos están en la lista de los más pobres del país. Igual ocurre con 45 de las provincias mineras más importantes y los 500 distritos señalados en esta condición. Los empresarios mineros lanzaron con motivo de la Convención Minera Nacional en octubre del 2005, se enfatizaba mucho la siguiente idea: todavía nos queda por explotar el 87% del territorio peruano.

El presidente García en su discurso inaugural dijo: “toda esta inversión todavía es muy poca, necesitamos mucho más y tenemos decenas de proyectos mineros que con los precios actuales se vuelven atractivos para la inversión. Es ahora o nunca. Porque si en unos años el crecimiento mundial cae y caen los precios de los minerales, estos se quedarán en la cordillera y no tendremos los miles de millones necesarios para extraerlos y crear empleo”.

Es decir, la concepción dominante es que al Perú hay que sacarle los minerales que están guardados en las entrañas de la tierra, a la mayor velocidad posible, considerando solamente los factores de inversión, precios y expectativas de ganancia. No ven que somos un territorio básicamente vacío. Este criterio, por cierto, tiene mucho que ver con lo que ha pasado hace pocos