CASO: VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS

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En un estado democrático de derecho como lo es Mexico la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares. Asi, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

Los abusos cometidos por los militares contra las cuatro hermanas de manera obvia denota que no pueden de manera alguan considerarse hechos que afecten bienes jurídicos vinculados al orden militar.

Tampoco se trata este caso de excesos cometidos mientras los militares cumplían con las funciones legitimas que les eocnmienda la laegislacion mexicana pues, fue una cadena de hechos violatorios que se iniciaron con la detención arbitraria de estas cuatro mujeres.

Una década después del informe de fondo emitido, el Estado mexicano ha incumplido con ambas recomendaciones de la CIDH, por una parte se negó a transadas la investigación a la justicia ordinaria para que se continúe con la investigación y cuestionando los fuertes testimonios y la versión de los hechos del informe de la comisión, se ha negado a reparar a las victimas por considerar que no fueron violadas, sometiendo dicha reparación a la investigación de los hechos, aun cuando esta se encuentra en un fuero carente de independencia e imparcialidad .

El incumplimiento por parte del estado mexicano es manifiesto, la discusión sobre la reparación del daño ha quedado totalmente relegada por parte de las autoridades mexicanas quienes han señalado en diferentes ocasiones que “no se otorgarían las reparaciones debidas hasta en tanto no finalicen las investigaciones ya que solo así el estado podría ejercer la acción de repetición en contra de los agentes responsables de las violaciones de derechos humanos sufridas por las victimas”

Con base a esto México condiciona la reparación del daño a los resultados que arrojen las investigaciones dentro del fuero militar y ha puesto en duda si las victimas fueron o no violadas sexualmente por agentes del estado.

Lo que paso con las hermanas González en Chiapas se ah manifestado de manera crónica en diferentes comunidades indígenas del país, la violación a los derechos humanos por parte de autoridades mexicanas específicamente por militares, acontece de manera simultanea y crónica, es de preocuparse por que demuestra la falta de compromiso del estado mexicano con la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las naciones unidas, la cual señala “la obligación de los estados de tomar mediadas necesarios para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de completa protección y garantías en contra de toda forma de violencia y discriminación” de igual manera “prohíbe que los territorios de los pueblos indígenas sean utilizados para actividades militares sin consulta previa” Múltiples caso de mujeres indígenas abusadas siguen sin resolverse y el ejercito mexicano sigue desplegando contingentes en territorios indígenas en diferentes partes del país.

La comisión interamericana de derechos humanos [5]“concluye que los hechos del expediente demuestran que las cuatro mujeres fueron privadas de su libertad sin expresión de causa, sin que existiera alguna orden de autoridad competente, lo que constituye una violación de las garantías establecidas en la convención americana, con relación a los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, la CIDH señalo que con base en el informe medico no controvertido debidamente por el estado y en los demás elementos de prueba disponibles las hermanas González Pérez fueron sometidas a un interrogatorio ilegal, en medio de abusos físicos que incluyeron la violación sexual de las tres hermanas y que en el contexto en que sucedieron los hechos conduce igualmente a la conclusión de que fueron cometidos con el fin de amedrentar a las tres mujeres por sus presuntos vínculos con el EZLN por lo que considera que los abusos contra la integridad física, psíquica y moral de las tres hermanas indígenas cometidos por militares constituyen tortura y violación de la vida privada de las cuatro mujeres.”

[6]“La CIDH reconoció la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva (artículos 8 y 25 de la CADH) en la investigación de los hechos de tortura (artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura), ya que el caso se encuentra en la total impunidad debido a que el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables por la privación de libertad y violación del derecho a la integridad personal de las integrantes de la familia González Pérez, ni ha reparado el daño causado por tales violaciones; por el contrario, la investigación se trasladó a la jurisdicción militar, claramente incompetente en razón de la materia y carente de la imparcialidad necesaria para establecer los hechos conforme al debido proceso.

Finalmente, la CIDH determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por la violación del artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Celia González Pérez, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional, debido a que Celia tenía 16 años en el momento en que se perpetraron los hechos”

El estado mexicano permanece incumpliendo su compromiso relacionado a la protección de los derechos humanos establecidos en los trataos internacionales que ha ratificado, siempre y cuando no se haga justicia y no se reciban las reparaciones correspondientes para las hermanas González.

Se propone de manera que se cumpla y se solucione el caso especifico una solución amistosa ya que el estado no ah cumplido con las recomendaciones pedidas por parte de la comisión interamericana de los derechos humanos, de modo que este caso se continuara a una solución amistosa sin que sea llevado a un juicio en la corte interamericana.

Se señala al estado mexicano como responsable de la detención arbitraria y tortura de las hermanas Gonzalez y se solicita se impute responsabilidad al estado mexicano por las violaciones a los derechos a la vida y a la libertad personal a la integridad y seguridad personal a las garantías judiciales a la protección judicial al derecho a la verdad a la protección a la honra y dignidad y de protección a la familia, y los derechos de los pueblos indígenas.