Desarollo Estabilizador en Mexico

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Política de industrialización

Durante el desarrollo estabilizador fue el sector industrial y el que imprimió mayor dinamismo al resto de la economía: Su tasa media anual de crecimiento (9%) fue superior a la que registro la economía en conjunto (6.5%). El patrón de desarrollo industrial adoptado represento un cambio con respecto al que había prevalecido anteriormente. La naturaleza del proceso de sustitución de importaciones fue desplazándose a medida que trascurrió la década de los setentas, de los bienes de consumo final hacia los bienes intermedios de capital. Mediante la utilización de una política comercial proteccionista, cuotas de importación como forma de estímulo a la sustitución de importaciones, aranceles elevados, exenciones fiscales para el fomento de nuevas industrias, tasas de interés preferenciales para la promoción industrial, en fin, todo un concierto de estímulos a la industrialización, se logró que el mercado interno se convirtiera en el principal motor del crecimiento económico.

Esta política de industrialización tuvo dos efectos principales que, aunque citados frecuentemente, en primer lugar las políticas seguidas tuvieron un sesgo antiexportador y ante la escasez de divisas, inflaron la deuda externa; es decir, el procesos de sustituciones de importaciones tuvo repercusiones directas e indirectas que restaron competitividad internacional a la economía mexicana. En segundo lugar, crearon una distorsión en el mercado de factores productivos que se tradujo en un abaratamiento del precio relativo del capital con respecto al del trabajo, creando condiciones que favorecieron la adquisición de maquinaria y equipo que, al desplazar mano de obra, obstaculizaron la absorción de la creciente oferta laboral.

La política fiscal del desarrollo exportador estuvo tal como lo propugna el modelo liberal orientada estimular sobre todo inversión privada, apoyándose preferentemente en impuesto indirectos y en aquellos que gravaban al factor trabajo. Al no introducir reformas estructurales tales como la globalización del ingreso gravable, y al mantener el fraccionamiento del ingreso del causante según su naturaleza, se impidió hacer efectiva la progresividad de las tasas para alcanzar simetría en el tratamiento de los ingresos de la propiedad y los del trabajo; en consecuencia, la carga resulto mucho más gravosa para estos últimos. La política fiscal acuso también una rigidez en lo que se refiere a la carga respectiva ya que la participación del sector público en el ingreso permaneció más o menos constante y los intentos para reactivar la economía mediante el uso del gasto público se veían limitados por un déficit publico amenazante. La debilidad de las finanzas públicas condujo además a un uso excesivo de endeudamiento.

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El desarrollo compartido presenta sus objetivos a priori y se les puede resumir como: crecimiento económico y mejora en la distribución del ingreso. Se mantenían, desde luego, las metas de antaño: estabilidad de precios y te tipo de cambio. De manera que en lugar de la relación tres objetivos/tres instrumentos del desarrollo estabilizador, ahora tendríamos cuatro objetivos y tres instrumentos. Al gasto público, el control de la oferta monetaria mediante el encaje legal y el endeudamiento exterior, se les adicionaría un nuevo instrumento: la reforma fiscal. Este instrumento está orientado a establecer el proceso de redistribución del ingreso. Para la obtención de esta meta se enunciaron las siguientes objetivos e instrumentos sectoriales:

Agricultura:

- Formación de capital: gasto en infraestructura, obras de reclamo, caminos alimentadores, electrificación rural, creación de centros de población con una adecuada densidad económica, inversión de capital físico.

- Cambios técnicos: extensión de servicios, investigación básica y aplicada, adaptación tecnológica.

- Crédito: ampliación de plazos de la estructura crediticia, coordinación estrecha entre las instituciones prestamistas, delimitación de los derechos de propiedad, formación de cooperativas.

- Selección de productos: reasignación regional de cosechas, decremento en los precios de los insumos, tarifas por uso de agua acordes a su costo, precios de garantía.

- Operación de mercados: integración de una estructura comercial de mercados orientada a mejorar en funcionamiento de los mercados agrícolas (redes de información, centros de comercio mayorista, etc.)

- Obras sociales: seguridad social, educación rural.

- Coordinación: formación de cuerpos coordinadores.

Industria

- Mejorar la eficiencia. Bajar la protección, sustituir permisos por aranceles, eliminar las deducciones fiscales, mayor integración, orientación hacia la exportación.

- Mejorar la calidad: creación de instrumentos de control de calidad.

- Generación de empleos. Ajustes fiscales, descentralización de la actividad económica. Finanzas del sector público.

- Ingresos. Eliminación de las inequidades en la incidencia, control de la evasión fiscal, reforma fiscal.

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- Gasto: Mejorar la evaluación de proyecto, mayor eficiencia en el gasto corriente.

Sector externo

- Protección. Sustitución de permisos de importación por aranceles, suavizar los diferenciales de las tarifas, coordinación de los impuestos con los subsidios a las importaciones y exportaciones.

- Turismo. Desarrollo e nuevas áreas.

- Deuda externa. Reestructurar las finanzas del sector público para disminuir el uso endeudamiento en el exterior.

Educación.

- Eficiencia del sistema. Ampliar su cobertura investigación de nuevas técnicas pedagógicas, recapacitación del personal docente, integración de los sistemas de educación superior.

- Igualdad de acceso. Ajustes en el gasto regional, homogenización de criterios en el otorgamiento de subsidios, programas de becas.

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