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En 1905 el Congreso Nacional aprobó la ley 4874, denominada Ley Láinez, a partir de allí, el gobierno federal comenzó a fundir escuelas primarias en todas las provincias.

Enviado por   •  12 de Noviembre de 2017  •  760 Palabras (4 Páginas)  •  633 Visitas

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Dejo a criterio del Poder Ejecutivo nacional la oportunidad de transferir las escuelas superiores normales e instituciones superiores, tanto estatales como privados, previa garantía de financiamiento, esa transferencia se llevo a cabo en 1993.

Ley Federal de Educación:

El Congreso Pedagógico, convocado por la ley 23.114, tuvo como finalidad principal “crear un estado de opinión en torno a la importancia y transcendencia de la educación en la vida de la República, recoger y valorar las opiniones de las personas y sectores interesados en el ordenamiento educativo y su desenvolvimiento; plantear, estudiar y dilucidar los problemas y limitaciones que enfrenta la educación, divulgar la situación educativa actual y sus alternativas de solución asegurando la difusión necesaria a fin de que el pueblo participe activamente en el hallazgo de las soluciones y proporcionar el asesoramiento que facilite la función de gobierno en sus esferas legislativas y ejecutivas”.

Los principales ejes de transformación que introduce esta nosma pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- Nuevo rol de Estado y de la sociedad civil.

- Nueva organización del gobierno de la educación.

- Extensión de la escolaridad obligatoria a 10 años (comprende este el último año del Nivel Inicial).

- Nueva estructura del sistema educativo.

- Concertación en el Consejo Federal de Cultura y Educación de los contenidos básicos.

- Formación y actualización de los docentes.

- Institucionalización del sistema de evaluación.

- Inversión pública para la educación.

- Formalización de un pacto entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias.

Ley de Educación Superior:

Esta ley se sanciona en 1995, constituye un marco regulatorio en el cual tienen cabida las universidades públicas y privadas, y los institutos superiores no universitarios públicos y privados. Su sanción tiene como merito ordenar la educación superior dentro de un mismo sistema jurídico, no gozó de mayor consenso, tanto por la forma en que fue tratada como por su contenido.

Las principales cuestiones están centradas en que vulnera dos principios fundamentales de la educación universitaria: la gratuidad y la autonomía.

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