Ley antilavado. El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero
Enviado por Jillian • 26 de Diciembre de 2017 • 1.489 Palabras (6 Páginas) • 555 Visitas
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La Unidad de Fiscalización de la Procuraduría General de la República (PGR) ha emitido un catálogo en el cual menciona a aquellos ejercicios monetarios que serán vigilados con mayor sigilo. A continuación se detallan aquellas actividades que deberán prestar mayor atención, así como las que también se verán mas afectadas por las nuevas normativas fiscales. Casinos, constructoras e inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, empresas de seguridad privada, casas de préstamo o empeño, galerías de arte, joyerías, agencias aduanales, distribuidoras automotrices, marítimas y aéreas, empresas especializadas en el traslado de valores, fundaciones, empresas dedicadas a prestar servicios de blindaje, por mencionar algunas.
De acuerdo con las normativas de la ley, las organizaciones dedicadas a las actividades mencionadas anteriormente deberán recaudar la información de sus clientes a partir de una cantidad mínima en efectivo –dependiendo de la actividad de la empresa variara la cantidad la organización se vera con la obligación de crear un registro el cual tendrá que conservar hasta por 5 años o más. Ahora bien, si dicha cantidad está por encima de un monto mayor igualmente estipulado, la empresa se ve con la obligación de no únicamente recaudar y mantener dicha información, sino que deberá proporcionar un reporte con ciertas características a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La implementación de estas nuevas reglas posibilitará a la PGR poner bajo la lupa a estas ciertas actividades que tienen un mejor desempeño para el blanqueamiento de entidades económicas, además se aplicarán fuertes sanciones a aquellas empresas que no reporten las grandes ventas llevadas a cabo.
Para llevar a cabo el correcto funcionamiento del estatuto se pretende que todas aquellas instituciones ya descritas como vulnerables, recuperen la información personal de las personas implicadas en transacciones de algunas cantidades. Si bien no siempre deberán entregar un reporte a hacienda, si deberán, por otro lado, crear un registro con la información personal de dichas personas. Información que corre el riesgo de no ser protegida adecuadamente y “caer en manos equivocadas”.
En la situación en la que se encuentra actualmente México, el proporcionar información personal crea cierta desconfianza y a veces lleva a los individuos a cancelar cualquier acción, si esta requiere facilitar sus datos personales. La inseguridad, así como el incorrecto manejo de información personal conlleva a la sociedad a evitar cualquier tipo de actividad que requiera proporcionar estos datos.
CONCLUSIONES
Si bien la idea de por fin poner “trabas” para la circulación de dinero proveniente de actividades ilícitas es excelente, no está muy claro si la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la respuesta a todos lo frentes necesarios.
Es más que claro que dicha ley ataca de forma muy fuerte a las principales entidades utilizadas para el lavado de activos, es firme y concisa. La nueva ley realmente complica las cosas para aquellas organizaciones e individuos que pretendan introducir dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero, pero, ¿a que costo?. Cuando se planteó en el 2010 la creación de una ley con la índole de la actual ley anti-lavado hubo grandes dudas e incertidumbre.
Hoy en el año 2013 aun hay dudas, y como se mencionaba antes todavía tiene frentes sin cubrir, sacrificando la seguridad de aquellos mexicanos honestos y honrados, y la salud financiera de algunas entidades económicas que si tengan negocios lícitos y conforme a la ley.
La idea de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es buena, y es claro que se encuentra por buen camino, sin embargo, es probable que por el momento represente más riesgos para ciudadanos y empresas, que para las misma entidades con actividades ilícitas.
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