Federalismo y el Estado de México.

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Un ejemplo de la práctica del federalismo, que podría confundirse con el presidencialismo estudiado por Carpizo, es el Estado de México. Como se describió en los primeros párrafos, el sistema federal tiene como fundamento la división del poder en el territorio, en el marco de competencias particulares para cada nivel del sistema, federal, estatal y municipal que en su conjunto tienen por objeto darle viabilidad a la república en la administración de la justicia, el diseño de las leyes y la ejecución de las leyes, es decir, la división de poderes.

Entre 1929 y 1942, cuando los mandatos de gobierno en la entidad mexiquense tenían una duración de cuatro años, el estado estuvo controlado por el grupo político del militar revolucionario Filiberto Gómez, fundador PNR. El control gomista concluyó con el fin del mandato de Alfredo Zarate Albarrán. En 1942 se conformó un nuevo grupo político, encabezado por Isidro Fabela y secundado en 1945 por Alfredo del Mazo Vélez denominado entre los medios como el grupo Atlacomulco, en alusión al municipio donde nacieron Fabela y del Mazo, y que hasta la actualidad ha sido cuna de gobernadores y legisladores pertenecientes al PRI. El actual presidente de México, aunque ha negado la existencia formal del grupo, puede identificarse con esa casta política.

En los hechos, el gobierno del Estado de México ha sido para el PRI la entidad más redituable en términos electorales, pues desde 1929 se mantiene bajo su control, aunque a nivel municipal ha habido transiciones partidistas a partir de 1994. Actualmente, es el mayor valuarte que le queda al priismo nacional, luego de las derrotas electorales de 2015 y 2016 cuando perdieron entidades clave como Veracruz, Chihuahua y Nuevo León.

El viejo esquema corporativo, propio de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, se mantiene vigente a la fecha en la entidad mexiquense. Así lo demuestra la mayoría en el Congreso local que mantiene el PRI desde Filiberto Gómez, salvo en el año 2000 cuando por primera vez el gobernador y el partido perdieron la mayoría en la cámara local, sin embargo, producto de componendas políticas entre caciques locales que se mantienen vigentes en la política regional y municipal, 13 de los 29 diputados locales de la oposición se declararon independientes para darle mayoría al PRI.

Estos cacicazgos locales, fuertemente arraigados en los municipios mexiquenses como Ecatepec y Tecámac, al norte de la entidad, operaron para que el actual gobernador, Eruviel Ávila, fuera designado en 2011 como candidato y sucesor de Enrique Peña Nieto, a pesar de no ser identificado con el denominado grupo Atlacomulco. En aquella elección el PRI obtuvo una votación histórica que rebasó los tres millones de votos, un crecimiento de 40% respecto a la obtenida por Enrique Peña Nieto en 2015, quien obtuvo 1.8 millones de sufragios. En 2012, durante la elección presidencial se ratificó la fuerza del aparato corporativo priísta, con una cuota de 2.9 millones de votos a favor del candidato, y ex gobernador Peña, con base en datos del Instituto Nacional Electoral.

Desde luego que esos apoyos electorales a los candidatos, financiados muchas veces con recursos y deudas municipales, se traducen en el visto bueno del gobernador y del ejecutivo federal para los caciques locales mediante cargos y candidaturas que garanticen su permanencia en el escenario político. Aarón Urbina Bedolla, uno de los diputados locales que cabildeo en 2000 para que el PRI recuperará la mayoría en el Congreso local ha sido electo alcalde del municipio de Tecámac en 4 ocasiones, y en tres ha sido electo diputado local y ocupado la presidencia del Congreso.

Bajo los gobiernos de Urbina Bedolla, Tecámac ha sido uno de los municipios donde más se invierte en obras de movilidad, infraestructura carretera, y cultural, sin embargo, también ha sido uno de los municipios donde se puso en práctica el programa de ordenamiento territorial estatal denominado “Ciudades del Bicentenario” que dio como resultado el nacimiento de grandes conjuntos habitacionales de alta densidad en zonas de producción agrícola, ocasionando severos problemas de habitabilidad del espacio urbano en la región norte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Durante las distintas administraciones de Urbina Bedolla, el Cabildo, órgano colegiado municipal responsable de autorizar la construcción de los conjuntos urbanos lo ha hecho sin mediar discusión, y en muchas ocasiones, a puerta cerrada. Como se puede observar, la política de desarrollo urbano no la define el municipio, más bien es producto de un proyecto estatal y federal que obedece a distintos amos. El desarrollo de conjuntos urbanos en los municipios genera millonarios ingresos provenientes de recursos públicos para las empresas inmobiliarias, quienes también financian las campañas políticas. Así, el Estado de México y algunos de sus municipios, principalmente aquellos donde sus cacicazgos se encuentran fuertemente arraigados, se han poblado para consolidarse como semilleros de votos.

El Estado de México, por su afinidad partidista y por ser la casa del ejecutivo federal, es también el campo de prueba de las políticas federales. Vale la pena mencionar dos ejemplos. El primero, referente a la administración de la seguridad pública responsabilidad de los municipios. A partir de la iniciativa para generar un mando único policial en las entidades federativas propuesta durante la administración de Felipe Calderón y retomada por Peña Nieto, pero no aprobada por el Congreso de la Unión hasta ahora, entre otras cosas, porque se ha señalado que esta nueva organización de las fuerzas de seguridad atenta contra el federalismo al debilitar a los municipios retirándoles el control de las corporaciones policiacas y concentrándolo en un comisionado estatal, ha sido el gobierno del Estado de México, mediante la firma de convenios con 118 alcaldes de los 125 municipios la primera entidad que implementó el modelo de mando único policial promovido por el gobierno federal, en 95% de sus municipios.

El segundo ejemplo, es el que se refiere a la aprobación de la reforma energética emanada del pacto por México. Una característica del federalismo es, desde luego, el esquema de división de poderes y la soberanía de cada entidad federativa, que a partir del pacto federal depositó en el Congreso de la Unión la responsabilidad de legislar en el ámbito de su competencia, no obstante las modificaciones al texto constitucional del pacto federal debe ser aprobada por 17 congresos locales para ser válidas. En el Estado de México, con Aarón Urbina Bedolla como presidente del legislativo local la propuesta de reforma al artículo 27 se aprobó sin mediar discusión,