Inquisición española.

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Por otra parte Los recursos económicos con que contaba el Santo Oficio eran las multas y confiscaciones, la apropiación de bienes, que se aplicaba a todo procesado, y a cuenta de ellos se le mantenía mientras permanecía en prisión. Si era absuelto, se le devolvía el resto; si era condenado a penas graves, sufría además la retención total. En los primeros años de actuación, la confiscación de los bienes de muchos infieles no sólo permitió atender a los sueldos de los inquisidores y demás gastos, sino que quedó un resto que se empleó en atenciones públicas. El número de condenados bajó mucho en el reinado de Carlos V, por lo que los reyes destinaron el producto de beneficio a cada catedral a completar los ingresos del tribunal. En cuanto al procedimiento de tortura que practicaba la inquisición española estaba determinada según su escala de penas; entre las más resaltantes estaban asfixiar con un paño al acusado, las multas, llevar puesto el sambenito, sentencias de cárcel perpetuas en algunos casos se reducían a pocos años y penas grave como vergüenza publica y azotes. De allí pues, que La Inquisición fue suprimida en 1808 por José Bonaparte, y en 1813 fue extinguida por las cortes de Cádiz. En 1814 fue restaurada de nuevo con el retorno del dominio, pero los liberales volvieron a anular en 1820, cuando volvieron al poder. Tres años más tarde, al regresar los dictadores, toda la labor legislativa fue anulada. Finalmente, en julio del año 1834, durante la regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilia, heredera al trono Isabel II, se eliminó definitivamente el Santo Oficio, esta fue la cuarta y última abolición de la Inquisición española. Finalmente, concluía cuatro siglos de persecuciones, juicios y ejecuciones realizadas en nombre de Dios.