Inversión Extranjera en México.

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Al cambiar, pues, el marco jurídico se dio entrada a una demanda del capital externo, consistente en asegurar concesiones más extensas y libre explotación de parte de los estados en donde se haría la inversión. En 1884 se iniciaron las modificaciones a una legislación que, en esencia, databa de la Colonia. Primero se permite a los mexicanos y después a los extranjeros adquirir propiedades ilimitadas y se les exime del pago de impuestos. Luego la ley de 6 de junio de 1892 significó un vuelco en el derecho de propiedad, pues la República Mexicana dejó de considerar suyas las minas al instaurar la propiedad a perpetuidad e irrevocable en las concesiones mineras.

Por otra parte, la política de centralización en la toma de decisiones, aparejada a cambios en la legalidad, significó, sin lugar a dudas, un paso adelante en la consolidación de un proyecto nacional que subordinó e integró proyectos locales y permitió modificaciones relevantes en relación con un nuevo sistema hacendario; el reconocimiento de la deuda pública que era una condición necesaria para obtener capitales y la toma de decisiones en relación con el sistema de transporte.

Los cambios en el sistema hacendario se dieron entre 1880 y 1896, destacan entre ellos la abolición de las alcabalas que, como se recordará, eran contrarias a la integración de los mercados locales a espacios económicos mayores, pues cada uno de ellos tendía a abastecerse por sí mismo. Las aduanas interiores, responsables del cobro de alcabala, constituían una densa red que aislaba a los mercados no menos eficazmente que la adversa topografía y las precarias comunicaciones. Además en el fondo esta reorganización al sistema de imposiciones restó poder económico a los estados, cuya administración pasó a ser dependiente del gobierno federal.

Otro punto importante es el de las relaciones diplomáticas entre México con Inglaterra, Francia y Alemania. Relaciones que estaban suspendidas ya sea por los resentimientos políticos resultantes de las invasiones o bien por el no reconocimiento, por parte de los gobiernos republicanos, de las deudas contraídas por el gobierno de facto. Situación que había congelado la cartera de préstamos del país. Sin embargo, a partir de 1880 se reestablecieron las relaciones con Francia. Con Gran Bretaña, entre tanto, existía una vieja deuda pendiente; pero el panorama mejoró desde 1884 y Manuel Dublán pudo negociar dos años después la deuda en condiciones favorables para México.

A partir de entonces se reestableció el crédito del gobierno mexicano, abriendo camino a la posibilidad de obtener nuevos empréstitos destinados, entre otros fines, a impulsar la política de fomento.

El campo que mejor expresa un proyecto o una intención de intervenir en la economía por parte del Estado es el de los transportes. Específicamente el impulso que se dio a los ferrocarriles. Esta parcela ilustra bien cómo se conectan estos cambios políticos y legales. Es decir, cómo un cambio superestructural tiene su expresión en un hecho concreto. En este caso, la política ferroviaria. Empecemos por señalar que, amparado en la ley de 6 de junio de 1887, Díaz subvencionó la construcción de vías férreas, lo que significó que el Estado se comprometió a ayudar en la construcción de las vías, obras cuyo costo variaba entre 6 y 8 mil pesos por kilómetro, dependiendo de la dificultad técnica del trazo. Se concedió además un derecho de vía de 60 metros a cada lado de las líneas. Área que, en caso de contener yacimientos minerales, era concedida a las empresas constructoras, entregándoles también los terrenos necesarios para levantar edificios administrativos, talleres, patios, etcétera.

Hasta aquí se ha intentado hacer referencia a una situación general que da cuenta de la forma en que se ajustan los mecanismos políticos legales durante el porfïriato, para enseguida hacer, una presentación general del ingreso de la inversión extranjera al país. Esta daría un poderoso impulso al crecimiento del mercado interno sobre una base: la de acelerar el crecimiento de los sectores explotadores mineros y agrícolas, expandiendo además la red de comunicaciones mediante la construcción de caminos y el ferrocarril.

LA MINERÍA

La extracción de minerales ha sido en la historia económica de México un punto de apoyo esencial, tanto en el desarrollo regional como en la captación de ingresos. Las minas fueron el motor de la expansión de la Nueva España. En función a ella se organizaron, los poblamientos, la agricultura y el comercio. El porfiriato reanudó con ritmo impresionante la expansión minera hacia el norte, que en algunos estados adquirió entonces los rasgos de una verdadera fiebre.

Incluso se debe ver en ella la palanca que permite colonizar algunas regiones aisladas de los centros urbanos, dependiendo no sólo en sus instalaciones productivas, sino aún en la infraestructura de vivienda, comercio, servicios y, en general de todos los aspectos de la vida cotidiana, de la entera iniciativa del capital extranjero.

Sin embargo, antes de llegar al auge productivo que alcanzó en el porfiriato, el estado que aguardaba esta actividad productiva en el último tercio del siglo diecinueve era semejante al de la industria, el transporte y los servicios públicos, es decir se encontraba trabada por técnicas de producción atrasadas, heredadas de la colonia. Empleaban mucho trabajo humano y fuerza animal con la inevitable característica de tener una baja producción a muy altos costos. Este atraso técnico bloqueaba la posibilidad de generar excedentes que le permitieran transformarse, y menos aún que fuera a fortalecer a otros sectores de la economía, tal como había ocurrido, por ejemplo en sus años de florecimiento durante la última parte de la época colonial.

42Ante esta situación de grave atraso, las posibilidades de modernizar la minería se inscribe en el proyecto liberal del Estado porfirista encaminado a echar las bases jurídicas y la infraestructura productiva necesaria que permitiera un crecimiento económico, aprovechando un período de estabilidad política. En este caso el marco jurídico quedó expresado en la ley 6 de junio de 1892, que en particular instauró la propiedad a perpetuidad e irrevocable de las concesiones mineras.

Al poco tiempo de emitida esa Ley -dado que daba respuesta a una demanda del capital externo en el sentido de que se requerían condiciones amplias y extensas para efectuar las explotaciones- se presentaron 847 solicitudes de consolidación de títulos de propiedad y en 1894 el total de las mismas era de 5,396. Al mismo tiempo, los gobiernos federales y estatal otorgaban cada vez más