MUERTE EN EL LORETO. CIUDADANÍA ARMADA Y VIOLENCIA POLÍTICA EN BOLIVIA (1861-1862)

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Conscientes de que el espíritu faccioso era un elemento imprescindible e inevitable en el sistema representativo democrático9 y conforme al ideal republicano que cifraba la defensa del orden constitucional en la acción política de sus ciudadanos, adquirió importancia el principio de la fusión o de «fraternidad y tolerancia recíproca de partidos». Éste abogaba por la gestión de las disidencias políticas a partir del reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales del derecho de los opositores a expresar públicamente puntos de vista divergentes e incluso un desacuerdo total, siempre y cuando no recurrieran a la fuerza o a alianzas con países extranjeros para imponer su punto de vista político. Aunque el gobierno de Achá materializó la política de fusión con la formación de un gabinete de gobierno multipartidista con el que buscaba contener posibles insurrecciones, su éxito en implantarla no provino sólo de decisiones ministeriales, sino que requirió la acción del pueblo en armas. Ello implicó que en el contexto de las Matanzas del Loreto hubo un enfrentamiento entre los dos tipos de violencia política expuestos. Si la ejercida por los militares rebeldes puso en peligro la propuesta de fusión de Achá, la violencia protagonizada por el pueblo paceño contra Yáñez y sus seguidores logró lo contrario. No sólo impidió el triunfo de la primera, sino que hizo posible la instauración de la iniciativa de Achá mediante una combinación de violencia revanchista popular con actuaciones asamblearia y asociacionista originadas a partir del municipio y coordinadas desde una junta de gobierno. Este episodio acerca del modo en que la violencia ayudó a la consolidación del Estado y a la definición de las potestades del pueblo en la concreción del mismo se va a exponer en dos acápites que relacionan la política de fusión de Achá con el ejercicio público de la violencia. El primero se centra en las Matanzas de Yáñez y la consecuente crisis de legitimidad del gobierno provisional, mientras el segundo abarca la muerte de Yáñez y el resultante asentamiento presidencial de Achá. Con ellos se tratará de responder a tres preguntas: ¿qué relación existió entre abuso de autoridad, legitimidad gubernamental y acción popular?, ¿cómo la movilización popular asentó la política de fusión de Achá? y ¿quiénes y de qué modo capitalizaron la violencia del pueblo?

PRIMERA ETAPA DE LA POLÍTICA DE FUSIÓN: LAS MATANZAS DE YÁÑEZ

El 14 de enero de 1861 el general Manuel Antonio Sánchez, Ruperto Fernández, ministro de Estado, y José María Achá, ministro de Guerra, lideraron con éxito una sublevación ministerial contra el presidente José María Linares (1858-60). En el Manifiesto de la Junta Gubernativa a la Nación justificaron el golpe de Estado, calificado de «restaurador del orden legal» y «revolución regeneradora», con argumentos relativos a que la dictadura nacida de la revolución septembrista de 1858 no avanzaba en el desarrollo de sus principios y entorpecía el proceso de democratización del país. Ello sucedía porque «la soberanía y el derecho» se habían supeditado al abuso de la fuerza al no haber realizado el gobierno una asamblea constituyente tras la revolución y, por tanto, haber retardado la redacción de una nueva constitución y la formación de un congreso. Entre el 14 y el 29 de enero de 1861 la Junta decretó la reorganización del personal de las subsecretarías de Estado y la realización de un proceso electoral destinado a seleccionar a los miembros de una asamblea constituyente. Además de encargarse de elaborar un texto constitucional, estos asamblearios serían también los responsables de elegir al presidente provisional de la república entre los tres triunviuros; lo que forzó a éstos a conseguir el mayor número de adeptos. Tal tarea se hizo bajo una exhaustiva supervisión de los trabajos electorales de los rivales, permitiendo la reñida competencia de los candidatos el desarrollo de actividades ligadas a los principios de «libertad de opinión, reunión y asociación» como clubes u otras asociaciones, tertulias públicas en locales comerciales, edición de periódicos y sueltos, y festejos públicos. El objetivo no sólo era evitar posibles abusos de poder, sino sobre todo generar un clima de legitimidad electoral que no pusiese en compromiso la victoria frente a Linares, más cuando el golpe de Estado no había implicado una movilización popular. El resultado de la elección fue una asamblea multipartidista en la que había diputados «de toda condición». La Asamblea se instaló el 1 de mayo de 1861 en la antigua capilla del Loreto, ahora salón universitario y recinto legislativo, y estuvo presidida por Adolfo Ballivián. Tras declararse constituyente delegó el poder político a la Junta de Gobierno hasta que se tomase una decisión sobre el gobierno provisorio. Ésta se produjo el 4 de mayo, siendo nombrado Achá presidente por 820 votos contra 16 y ratificado como tal el 6 de agosto de 1861 bajo el compromiso de respetar la alternabilidad en el poder mediante la convocatoria de elecciones libres. Asimismo, de acuerdo con los propósitos de la concordia referentes a olvido de los pasados agravios y legalidad en los procedimientos, aceptó tanto la amnistía general de los bolivianos o extranjeros acusados de delitos o causas políticas, como la cancelación de los procesos judiciales al respecto, decretadas por la Asamblea. Ésta se clausuró el 15 de agosto. Aunque la elección de Achá no fue cuestionada por los otros dos miembros de la ex junta gubernativa, éstos, en especial Ruperto Fernández, nuevo ministro de Estado y Justicia, se mostraron decepcionados y críticos ante el hecho de que el presidente quisiese desarrollar una política de fusión contraria a la hegemonía en el gobierno de los septembristas. Su gesto conciliador, además de juzgarse en exceso condescendiente con los belcistas y responsable de poner en peligro la causa de septiembre, se interpretó también encaminado a la formación de un partido personal propio. Conforme a los principios de la fusión de evitar los «banderios exclusivistas» o «el espíritu de partido» que provocaban el exterminio del bando rival y de lograr el «bienestar común por medio de la tolerancia en política y la moderación en el gobierno», Achá intentó combatir el monopolio partidista del poder y, con ello, pacificar el escenario político, mediante la inclusión en su gabinete de gobierno de conocidos belcistas como Rafael Bustillos. Esa decisión resumía la necesidad de crédito público que tenía un gobierno nacido de una revolución que había puesto en peligro el «equilibrio social». Sólo podía «suplir el desprestigio de origen independiente» y ser respetado si daba pruebas de la importancia de sus servicios