TALLER DE FORMACION CIUDADANA

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Cadena perpetua o muerte, esta es la condena para Juliana López capturada en china por narcotráfico. En los últimos años se han multiplicado las capturas de colombianos en china, su principal causa es el paso de sustancias ilícitas. Según el congreso de la nación lo poco que se sabe de Juliana es que se encuentra en la cárcel Dongguan, esta es la prisión de china que más colombianos alberga, en realidad las prisiones en china no son cárceles son oscuras y gigantes fabricas donde el gobierno chino dispone de su legislación, esta ley fue propuesta como una posibilidad de supervivencia, los reclusos pagan de forma laboral su sostenimiento por medio de jornadas largas de trabajo mayores a 12 horas.

La mayoría de los análisis se enfocan en las relaciones comerciales y financieras entre Colombia y china este análisis hacemos énfasis en la importancia de la dimensión política entre ambos países y la implicación de su legislación teniendo en cuenta los elementos de los dos estados y el dominio de la jurisdicción china ante detención de colombianos en su país por el tráfico de drogas. En materia de drogas, Colombia y China siguen un esquema prohibicionista de manera predominante, lo que es con facilidad perceptible en las legislaciones de ambos países. Sin embargo, ambas políticas difieren un poco en cuanto al tratamiento y a las penas impuestas tanto a los consumidores como a los productores y traficantes de estupefacientes. En términos generales, la Ley Anti-Drogas entre ambos países estipula que el asunto de las drogas es un problema tanto de salud pública como de seguridad. En lo relacionado con Colombia, es posible sugerir que la aproximación del Gobierno, con leves variaciones, se ha circunscrito a una versión prohibicionista de la lucha contra las drogas. Las perspectivas relacionadas con la salud pública o con la legalización han sido marginales en el debate público y han estado mucho más ausentes en las posiciones de diversos gobiernos. En materia de la oferta y producción de drogas, la ley china penaliza y define como criminales a aquellas personas que incurren en las siguientes actividades , poseer drogas ilegalmente, cultivar ilegalmente plantas madre de narcóticos, contrabandear, vender, transportar o manufacturar narcóticos, manipular ilegalmente los productos químicos que puedan transformarse con facilidad en narcóticos, proveer narcóticos a otra persona, alentar, instigar o persuadir a una persona para que ésta ingiera, inhale o se inyecte drogas. Aunque, claramente, se trata de una legislación de mano dura, ésta no es específica en cuanto a las penas impuestas a quienes cometan estos delitos.

En cuanto a la exportación e importación de narcóticos, ambas legislaciones imponen penas fuertes de carácter económico y carcelario. En el caso de Juliana, el Estado ejerce un alto control sobre dichas actividades como ya anteriormente se había explicado sin embargo, la ley del país asiático aún no se pronuncia precisamente en cuanto al castigo imputado a Juliana. Frente al tema del narcotráfico, es claro entonces que ambos países cuentan con un stock importante de intereses compartidos. Desde la prisión de china Juliana López pide al gobierno un tratado de repatriación que la regrese de vuelta a su país, como el caso de Juliana hay muchos otros casos que piden un adelanto a la gestión diplomática para que el gobierno chino considere dentro de su autonomía, así sea solo por una vez la posibilidad de reportarlos a el país que los vio crecer bajo la condición que sigan presos y pagando su pena. A la fecha hay 129 colombianos en cárceles de China, de los cuales 12 están condenados a la pena de muerte. Nuestra modelo colombiana al igual que el resto de colombianos al momento que son detenidos por narcotráfico son puestos a firmar documentos en chino, desconociendo que el contenido de lo que están firmando es la aceptación de una sentencia a muerte. Aunque el consulado brinda asistencia jurídica, muchos de los presos confiesan abandono desde el momento en que son capturados.

En China, una vez que un colombiano queda preso, pierde sus garantías de defensa, ya que las comunicaciones con sus familiares son casi imposibles este es el caso de Juliana López aún no logra comunicarse con su familia desde aquel viaje a la perdición. Han denunciado que un traductor cobra entre 150 y 250 dólares diarios, cifra muy difícil de pagar para las familias de los presos, que en su mayoría son de escasos recursos. Además, los honorarios de un abogado se aproximan a 36.000 dólares por proceso. Para la familia de juliana el drama puede ser superior. Visitar a su hija en China cuesta alrededor siete millones de pesos en pasajes ida y regreso, cada uno de 23 horas el trayecto. Durante la estada se les permite realizar una única visita a la cárcel en un mes, la cual no se puede extender más de una hora. Luego, al interior del país, un trayecto en avión de Beijing a Guangzhou cuesta unos 240 dólares -aproximadamente- , cerca de 650.000 pesos colombianos. Este mismo trayecto en tren demora 18 horas y cuesta aproximadamente unos 200 dólares. Mientras amigos de la familia le ayudan a Nubia Sarrázola a conseguir recursos, Juliana López Sarrázola se vuelve la nueva cara de un drama ya conocido: el de los colombianos detenidos en la República Popular China por narcotráfico. La Cancillería precisó que, hasta ahora, a ningún colombiano le han aplicado la pena de muerte. El Gobierno consiguió que China les diera dos años más a nueve de esos condenados a perder la vida para que sus defensores pudieran al menos librarlos de ese destino aciago, de un castigo que ni siquiera existe en Colombia desde 1910, cuando la pena capital fue abolida de la Constitución. Sin embargo, China funciona bajo otras leyes, y la delgada línea que separa a alguien de recibir esta grave sanción, en caso de haber tratado de ingresar drogas a ese país, son 50 gramos: la cantidad de droga justa, cree China, para que alguien sea ejecutado. China no es el único Estado que castiga este delito con la ejecución: también lo hacen Indonesia, Malasia o Vietnam. Pero China, dicen organizaciones como Amnistía Internacional o la Fundación Dui Hua, castiga con la pena de muerte como ningún otro: los cálculos –no oficiales, porque China no entrega datos– es de 4.000 personas por año. La mayoría son ciudadanos propios.

En 2005 China y España pactaron un convenio para que ciudadanos españoles puedan cumplir la condena que les ha impuesto la justicia china en su país de origen, y viceversa. Algo así es lo que se espera que consiga Colombia más pronto que tarde, aunque el ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha expresado que es inconstitucional que un colombiano llegue al país a cumplir una cadena perpetua, pues no existe en el Código Penal.