CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA MINERIA DEL PERU

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Los casos de Tambogrande en Piura, la Granja en Chota y algunas reacciones en contra del megaproyecto Yanacocha en Cajamarca y Antamina en Ancash, son solo la expresión de un proceso acelerado y, en parte, desordenado de expansión de la industria minera. El estado ha respondido, de manera incipiente, con la aprobación, en 1999 de la Guía de Relaciones Comunitarias para las empresas del sector, elaboradas por el Ministerio de Energía y Minas, y con algunos esfuerzos específicos por impulsar espacios de concertación entre los distintos actores como ha sucedido en los casos de Huarmey (donde opera la Compañía Minera Antamina) , el lago de Chinchaycocha (donde se localizan diversas empresas mineras y Electroandes) y la publicación de Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobacion de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas R.M. Nº 596-2002-EM/DM (21.12.02).

Lo que está en juego en todos los casos es el control de una serie de recursos naturales esenciales para que la minería se desarrolle, como la tierra, los pastos naturales y los cuerpos de agua. A lo largo de éste reciente proceso de expansión de la minería en el Perú, los pastores de la puna, los indígenas de la Amazonía y pobladores locales en general han desarrollado una serie de mecanismos de negociación con el Estado y con el capital que escapan al marco jurídico vigente.

Los desafíos que enfrenta la minería peruana incluyen no sólo mejorar su desempeño ambiental mientras se promueve un mayor flujo de inversión privada, sino fundamentalmente contribuir al desarrollo sostenible de las regiones mineras. Para ello es imprescindible definir reglas claras sobre la gestión, el acceso, el control y el uso de recursos, como parte de un sistema de información que permita tomar decisiones de manera oportuna y transparente sobre la viabilidad social y económica de los proyectos mineros.

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA

A inicios de la década del noventa, el país se encontraba aislado de la economía mundial, y a efecto de su reinserción promovió marcos jurídicos que incentivaran la inversión privada en sectores productivos como la minería. La falta de institucionalidad democrática y el régimen autoritario que sobrevino con el autogolpe del 05 de Abril de 1992, posibilitó la promulgación de leyes importantes, como el T.U.O de la Ley General de Minería, sin que mediara un amplio proceso de debate y consulta con participación de las organizaciones ciudadanas del país, por lo que muchas leyes resultaban favorables a los inversionistas y las empresas, pero no necesariamente para el Estado y las comunidades locales. El resultado fue efectivamente el previsto: promoción de las inversiones extranjeras y estimulación de la inversión privada nacional, mientras que quedaban relegados los derechos sociales, territoriales y ambientales de las comunidades donde esas inversiones operarían. La apuesta política del gobierno central por el crecimiento macroeconómico no tenía en cuenta las necesidades reales del desarrollo humano de las poblaciones, menos aún la sustentabilidad del mismo.

Los casos concretos de explotaciones mineras en curso como Yanacocha en Cajamarca, Antamina y Pierina en Huaraz o el Proyecto Tambogrande en Piura, muestran bien la problemática, si bien las empresas mineras dicen aportar a la economía nacional y preservar el medio ambiente, en la práctica los pueblos en que estas empresas operan, perciben que los impactos en los desarrollos locales o regionales son reducidos y ambientalmente negativos. Yanacocha, la mina de oro más rica de América Latina opera en un departamento en el que la pobreza se ha incrementado precisamente en los últimos diez años, el desastre ambiental de Choropampa y el exterminio de la flora y fauna de los ríos Grande, Outilish, Rejo y Llaucano debido a las operaciones de esta empresa minera están amenazando o afectando la salud de las poblaciones mismas, lo que viene generando un clima de descontento y malestar social que es preciso saber atender.

Actualmente, no hay posibilidad real de pronunciarse sobre si la minería debe o no ser permitida en territorios que, hasta antes del otorgamiento de las concesiones mineras, habían estado destinados a otras actividades productivas como la agricultura, ganadería, forestería.

Es más, la actividad minera se impone a las poblaciones independientemente de la orientación que éstas le hayan dado a su desarrollo, o de la vocación que tengan los suelos de su territorio.

La legislación minera actual, no garantiza una adecuada participación en la elaboración de los estudios ambientales ni en su evaluación. Los pobladores locales se sienten espectadores del proceso y no actores. Lo mismo ocurre en relación a las posibilidades de seguimiento y vigilancia de la actividad minera. El monitoreo independiente y participativo es una demanda que hasta hoy no ha sido aceptado por las autoridades y menos por las empresas mineras.

En los mecanismos de participación que nuestra legislación establece para el sector minería, no se permite un adecuado y oportuno ejercicio del Derecho de participación. En realidad, las posibilidades de las comunidades y poblaciones de incidir en la toma de decisiones en temas relacionados a la actividad minera son prácticamente inexistentes.

Por ende, se considera que existe la urgente necesidad de enfrentar, de forma impostergable, los problemas de fondo, de tal manera que el Estado garantice los Derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras, estableciendo mecanismos institucionales que permitan el respeto a los Derechos fundamentales de las personas y comunidades, el dialogo, la efectiva participación ciudadana, la fiscalización estatal y de la sociedad civil, etc.

Es por esto, que nos atrevemos a desarrollar éste trabajo de investigación, el cual tiene como objetivo principal determinar qué medidas legales se deben adoptar para evitar los conflictos socio-ambientales en la actividad minera.

2.- FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Qué medidas legales se deben adoptar para evitar los conflictos socio-ambientales en la actividad minera?

3.- HIPÓTESIS

Se debe establecer una consulta ciudadana, previa al otorgamiento de la concesión, para todos los pobladores que viven alrededor de las minas.

II.- MARCO TEÓRICO

CAPITULO I: GENERALIDADES