Seminario de Investigación- Conflicto armado en Perú en los 80s

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Estado de la cuestión acerca del Impacto Social en el Perú tras la aparición de Sendero Luminoso en la década de los 80 y 90

La aparición de Sendero Luminoso en el Perú llevó al país a pasar por una trágica etapa de terror y desgracia en la década de los 80 y 90. Fue una época de horror que ha quedado grabada en la memoria de ambas generaciones y que produjo un gran cambio social a partir del cese de esta guerra. Una de las consecuencias del conflicto armado se dio sobre las comunidades asháninkas y el poder que obtuvieron los llamados ronderos ante su participación constante en la lucha contra Sendero Luminoso (SL). En la actualidad, los ronderos son considerados jefes de la comunidad y creen poseer autoridad absoluta para impartir normas y castigos al resto de pobladores de su propio grupo comunitario. [1] Esto originó enfrentamientos entre los pueblos indígenas, incluso sobre los shipibos. En contraposición a los asháninkas, esta comunidad indígena shipiba no fue afectada directamente por la violencia del conflicto armado. Los shipibos tomaron inicialmente una actitud de rechazo cuando SL llega a sus territorios y pretenden obligarlos a cultivar coca. Sin embargo, SL decide no presionar esta petición y enfrentarse a dicha población amazónica, ya que usaban estos territorios para esconderse y no podían exponerse. Esta indiferencia de los shipibos al ‘’convivir’’ de cierta forma con los grupos subversivos sin mayor lucha motivó que los asháninkas se enfrenten a ellos y los consideren una comunidad indígena cómplice de SL.[2]

Debido a que los asháninkas acusaban a los shipibos de apoyar al terrorismo, SL bloqueó todas las vías principales de acceso a los pueblos asháninkas con el fin de incomunicarlos y tener mayor poder sobre ellos, además de tomar esas zonas para esconderse del ejército debido a la incomunicación de éstas áreas.[3] Todos estos sucesos provocaron la desunión en las comunidades amazónicas tocadas por SL, y se dio un fenómeno de separación poco común en estas zonas cuando la violencia se retiró del territorio. Los principales motivos fueron no querer abandonar sus chacras para participar en actividades económicas de las ciudades y la rivalidad entre los que fueron colaboradores de SL y los que escaparon de él. (Degregori 2015: 140-141)

Todo esto tiene una raíz y se trata no solo al deseo de identidad, sino también a la desconfianza y recelo originados por la época del terrorismo, lo que influyó de manera negativa en su forma de relacionarse entre sí y con el mundo exterior.[4]

Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nos da a conocer la participación de la mujer durante dicho conflicto y el impacto que causó en muchas de ellas. Según el Registro Único de Víctimas-RUV, a la fecha se tiene la cifra de 2,838 mujeres víctimas de violación o maltrato sexual sólo durante el conflicto armado y siendo en su mayoría casos judiciales que aún están sin resolverse. Esto no es solo una cifra, es una realidad de aquel entonces que llevó a la mujer a pasar por situaciones trágicas. Para ese entonces, para los involucrados en la guerra, el concepto de mujer era de ser un trofeo de guerra. Una idea tan ruin que desencadenó escenas de violencia, burla, abusos y hasta muerte.[5] Esto hace que las mujeres tuvieran que cambiar roles, tanto en la sierra central como en la selva. Las mujeres hicieron a un lado su función de ama de casa para formar organizaciones de búsqueda de los desaparecidos y apoyo a sus familiares. La principal organización formada fue la ASPEC, que inicialmente contaba con 17 integrantes, todas mujeres, se juntaba en secreto para evitar levantar sospechas o represalias.[6] Ante esto, María Fort, cuenta que durante la década del terror los derechos de las mujeres no fueron respetados.

Muchas de las mujeres sufrieron violaciones de sus derechos fundamentales por su condición de mujer como torturas, violaciones sexuales y reclutamiento compulsivo para el trabajo. El conflicto armado actuó en situaciones de desigualdad debido a que existía una desigualdad de género y relaciones discriminantes para las mujeres. En Ayacucho, durante el periodo de conflicto, las mujeres siempre participaban de labores agropecuarias y tenían restringido ciertas actividades. Durante este periodo muchos de los derechos de las mujeres fueron mancillados, pisoteados y no protegidos por el estado. (Fort 2008: 38-39)

La sociedad cambió; los pobladores, víctimas directas o indirectas cambiaron. Muchas familias se desmoronaron debido a la pérdida de su padre, madre o hermano. Ellos fueron testigos de cómo sus familiares fueron sojuzgados, maltratados y humillados por subversivos o militares. La repentina orfandad para los niños y niñas significó un daño moral, mucho de ellos al carecer de una figura paterna que pudiera mantenerlos y protegerlos, se vieron privados de alimentación, ropa, útiles para el colegio; además de cariño, consejos, orientación. Los hermanos mayores tuvieron que asumir dicha responsabilidad trabajando en chacras, cuidando animales para poder mantener a la familia. Esta responsabilidad, prematura en muchos casos, obligó a niños o jóvenes madurar anticipadamente. Del mismo modo, muchas mujeres al pasar a la condición de viudez, perdieron derechos y estatus en la comunidad, tuvieron que asumir la responsabilidad por la sobrevivencia familiar asumiendo tareas para las que no estaban preparadas y enfrentando en ciertos casos el rechazo de esa sociedad dolida.[7] Además, se produjo una gran pérdida del referente comunal, donde los lazos comunitarios se debilitaron debido a las masacres y los actos de violencias contra ellos, perdió su fuerza. Los espacios de compartimiento que tenían, como las asambleas, comenzaron a ser peligrosos debido a que los subversivos aprovechaban el momento para atacar y por ello muchos pobladores dejaron de participar en las asambleas. De igual manera, las calles comenzaron a verse desoladas. Los pobladores tenían temor de salir ya que constantemente se encontraban cadáveres abandonados o cuerpos mutilados tirados en la plazuela. (CVR 2008: 357-358)

También, las fiestas comunales se vieron afectadas porque eran fechas claves que los agresores atacaban a la población. Como consecuencia, se han perdido las tradiciones de comunidades en ciertas zonas que fueron hostigadas por SL y las fuerzas de seguridad del Estado. Para salvar sus vidas, los pobladores se veían obligados a colaborar muchas veces con comida y alojamiento a SL y a las fuerzas del orden; y en muchos casos estas colaboraciones forzadas fueron castigadas con la muerte por la otra parte. Era como un “círculo vicioso” del cual no podían salir.[8]

Por otro lado, la CVR nos indica