PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOELSCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO: UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS

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La Coalico[4] expresa su alerta ante las cifras que señalan a la fuerza pública como el principal agresor sexual de niñas, adolescentes y jóvenes. Según datos de Medicina Legal, “los miembros del Ejército y la Policía aparecen como presuntos responsables de más del 70 por ciento de los casos denunciados”, situación que se profundiza en zonas rurales donde la única presencia del Estado es militar, y donde las niñas, adolescentes y jóvenes no cuentan con espacios de protección debido a la situación de conflicto armado y militarización de la vida civil.

Es mi interés por tanto, señalar que existe en el país una necesidad que nos pensemos desde los diferentes campos del saber, como profesionales responsables de la atención y reparación de las víctimas de todos los tipos de violencia y de esta forma logremos contribuir a su recuperación; pues hablar de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes representa un reto, no solo para la institucionalidad; sino para la sociedad en cabeza de la familia y la comunidad inmediata como principales responsable de la protección de los niños y las niñas y de la prevención de su vinculación en el conflicto armado, pues la mayoría de delitos en el conflicto armado, especialmente los cometidos contra niños y niñas, terminan reducidos a números.

De acuerdo con el informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en el conflicto armado en Colombia “Que dejen de cazar a las niñas y los niños”, se afirma que cerca de 27 niños, niñas y adolescentes son diariamente agredidos sexualmente en el territorio nacional. Segun la información [5]arrojada por los sistemas oficiales, luego de un proceso de depuración y cuantificación a través de contrastación de fuentes, en 1.070 municipios, entre 2008 y 2012 hubo al menos 48.915 casos de menores de 18 años víctimas de violencia sexual: 41.313 niñas y 7.602 niños, donde el presunto perpetrador fue un actor armado. Las regiones más afectadas son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Santander y Bogotá con el 56 por ciento de los NNA víctimas registrados, es decir 1.327 niños y 5.379 niñas.

En la investigación “Victimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado: una aproximación al fenómeno” realizado por el ICBF de 2013, con una muestra aleatoria de 210 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales y pertenecientes al programa especializado para la atención a niños niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados, un alto porcentaje 25.5%% registró acciones de violencia sexual, siendo las adolescentes mujeres quienes "se sintieron mayormente vulneradas en su propio cuerpo" [6]

Por otra parte, las expresiones de violencia sexual varían en función de los actores armados presentes en cada territorio, del nivel de control territorial y de las dinámicas de la confrontación armada a nivel local, lo que dificulta el acceso a la denuncia y por ende al conocimiento sobre la magnitud del problema. Además, en cada territorio existen realidades y actores diferentes. La propia dificultad de catalogar- registrar el fenómeno , junto con los patrones culturales existentes, hacen que muchas veces los niños y adolescentes varones, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano , sean más invisibles en los imaginarios de las organizaciones e instituciones que las niñas y adolescentes mujeres.

Las estadísticas evidencian que se han normalizado muchas prácticas y que hay ciertas agresiones y situaciones que no se consideran violencia sexual, aun cuando en términos jurídicos y conceptuales lo sean. Esto, en el contexto de las violencias sexuales ha derivado en calificaciones sociales de más y/o menos grave que ha categorizado lo que requiere denuncia, declaración o manifestación legal o administrativa y lo que no. En el primer grupo entraría lo relativo a las violencias que dejan secuelas físicas directas sobre la víctima y en el segundo los impactos psicosociales, percibidos como “cosas que pasan con el tiempo que no son tan graves porque las victimas pueden seguir viviendo a pesar de ellos. Este es un aspecto en el que quiero enfatizar, pues normalizar o minimizar los efectos del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes nos evidencia entre otras cosas los bajos niveles de consciencia del delito que tenemos en el país.

La subvaloración histórica de los delitos contra las mujeres, niños y niñas penetra en las mismas instituciones que deben velar por poner fin a la impunidad. En el caso del sector judicial, los atentados contra la libertad sexual todavía no son tenidos en cuenta como delitos graves y esa es una de las principales razones que sustenta la impunidad de la que gozan los victimarios y la perpetración de sus delitos. En este sentido, prácticamente no existen sentencias para víctimas de violencia sexual en conflicto armado en Colombia. Según apuntan desde la Defensoría, sólo se ha dado el caso de un teniente condenando por violar y asesinar a una niña y a sus hermanos menores (el caso de los niños de Tame). El caso se tramitó por justicia ordinaria y pudo llevarse a cabo la investigación y persecución porque se encontraron los cuerpos de los menores. Diez días antes de que se cometieran los asesinatos, una niña había denunciado a este mismo teniente por violación.

A pesar de que el país cuenta con una normativa dirigida a erradicar la violencia machista, la última reforma del sistema penal estableció la rebaja de la pena por confesión del delito, principio que no se aplica en los casos de violencia sexual. Estos casos requieren la apertura de un proceso de investigación que en ocasiones no se logra iniciar por la ausencia de prueba pericial que verifique la presencia de restos biológicos, desconociendo el testimonio de la victima como principal elemento probatorio . Hay casos es los que los abusos cometidos son tan graves que no es posible hallar sustancias que determinen la carga de la prueba física. En contra de lo previsto en el Estatuto de Roma sobre abusos en conflicto armado, los operadores judiciales en Colombia no suelen tener en cuenta ni dan credibilidad al testimonio de las víctimas, lo que suele implicar el cierre de la investigación.

Con todo, antes de que los delitos lleguen a los tribunales existen una serie de obstáculos que impiden que muchos de los actos de violencia sexual puedan resolverse judicialmente y se logre acabar con la impunidad. En el caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, se han identificado dificultades para las víctimas en el acceso a los servicios de salud, como el hecho de que la violencia sexual no sea tenida en cuenta como una urgencia. Igualmente, las mujeres