DERECHO A LA INFORMACION TRIBUTARIA

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Además, hay que diferenciar entre el tipo de información que debe ser publicada. Puede tratarse simplemente de datos de la persona como los relacionados a su vida privada, que no tiene ningún beneficio para el bienestar social y que deben permanecer exentos por el derecho que nuestra constitución nos concede respecto de protección de datos personales.

La Doctora Gabriela Ríos Granados, nos expone respecto a esto la importancia de una distinción entre la información reservada y la información confidencial, de la cual partiremos para identificar si nos encontramos frente al derecho a la privacidad o derecho a la confidencialidad de datos personales, y así entender el bien jurídico que está protegiendo en ese caso el secreto fiscal.

Cuando se trata de asuntos de absoluta relevancia y que pueden estar afectando a los contribuyentes, deben ser suministrados conforme a nuestro derecho de acceso a la información pública, claro que con los lineamientos adecuados. Que esto puede ser un buen camino para incentivar al contribuyente a cumplir con sus obligaciones tributarias, como objetivo último traería un beneficio social que es el fin de la recaudación fiscal.

La ley concede una facultad discrecional al Secretario de Hacienda de suministrar información fiscal que considere, lo que de cierto modo no concuerda con el secreto absoluto que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que más bien pone en duda una arbitrariedad por parte de la autoridad fiscal, que actúa al parecer con ciertos intereses que desconocemos.

Así como existe una obligación tributaria a cargo del contribuyente, es justo hablar también de las obligaciones que tiene la autoridad fiscal.

En la práctica, está comprobado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la autoridad fiscal propiamente no garantizan tales derechos, puesto que al contestar a las solicitudes del contribuyente en materia tributaria, no proporciona o en su caso no motiva una respuesta, por lo que está evadiendo su obligación de informar.

En distintos países del mundo este tema ya ha sido resuelto desde años atrás, argumentando que la información de interés público debe conocerse para el propio beneficio de la sociedad, esa información más que afectar la privacidad de las personas motiva al contribuyente a cumplir sus obligaciones pues siente se le está respetando un principio de equidad y proporcionalidad, que en sentido contrario no se sabe si realmente la autoridad fiscal está dando un trato diferenciado.

En estos países hay mayor recaudación, los servicios públicos son mejores y lo más sospechoso es que las contribuciones son similares en cantidad a las que nos exige la autoridad fiscal mexicana.

Expertos en tributación, hoy en día siguen desconociendo este tipo de derechos o simplemente deciden ignorar hablar sobre estos temas, que desde mi punto de vista el omitirlos podría llegar a perjudicar el bienestar social a largo plazo como fin último de la recaudación.

El derecho de acceso a la información ha sido reconocido por organismos de carácter internacional, lo que evidencia a las leyes mexicanas que son un tanto omisivas a la aplicación de este derecho.

La corrupción es un tema de absoluta relevancia y que nos lleva a preguntarnos a su vez si existe realmente transparencia tributaria en nuestro país. La recaudación de impuestos, se ve afectada por esta corrupción que como todos sabemos en México se da a la vuelta de la esquina, por lo que a mi parecer, no sólo tienen que ver cuestiones de “afinidad” del contribuyente con la autoridad tributaria, sino que estamos ante una problemática jurídica, donde las leyes en esta materia además de no ser claras ni armónicas, sus procedimientos para penalizar estas irregularidades tampoco lo están.

El grupo de trabajo de proyecto de la ley actual de transparencia y acceso a la información pública de la LVIII legislatura en México, expone que en la experiencia internacional los países que han puesto en marcha normas que permiten el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, la corrupción comienza a disminuir y se incrementa la eficiencia administrativa del Estado de manera sustancial, lo que significa que en materia fiscal necesitamos justamente aplicar estas normas, para un mejor funcionamiento de la administración y seguramente las cantidades recaudadas por el fisco serían mayores y más países apostarían por México a nivel mundial.

Hay una relación de todos estos temas también con la política de nuestro país, las leyes pueden ir cambiando para “bien” pero nuestro sistema sigue siendo el mismo, así tengamos la nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, no se aplica como debería y el ciudadano en general sigue incrédulo ante la recaudación del fisco pues ni siquiera la autoridad es capaz de explicar, justificar o dar a conocer sus actos públicamente que benefician o perjudican a la sociedad en que vivimos.

Como ciudadanos vemos muy complicado el recibir información por parte de la autoridad, nos limitan este derecho como tal pues no existen mecanismos adecuados para facilitar la transparencia tributaria, obstaculizan al contribuyente que cumple con sus obligaciones y desea conocer información de relevancia pues de cierto modo se relaciona con su patrimonio, lo que puede llegar a ser muy importante para el individuo.

Además, si se causa un perjuicio al contribuyente también se está dañando al erario público, insisto en que la autoridad debe recuperar esa confianza para obtener una buena relación con los deudores fiscales.

El acceso a la información es un derecho fundamental para preservar la integridad de la persona que de cierta manera limita al gobierno mal intencionado. La transparencia va de la mano con este derecho, que implica desde la creación de las leyes fiscales hasta la aplicación de estas mismas. La transparencia refleja también la situación de un país, más aún en materia fiscal pues de esta derivan gran cantidad de problemáticas sociales. La no transparencia lleva a que políticos y servidores públicos se enriquezcan de manera desmedida.

Algunos juristas han realizado estudios al respecto, un ejemplo de ello es la Doctora Gabriela Ríos Granados y la Doctora Issa Luna Pla investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Respecto al acceso a la información mencionan que “es un derecho que abre la puerta al acceso equitativo y justo del conocimiento de la información relevante para