EL ESTADO CONTRA EL NARCOTRAFICO

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Mas lo es la consideración que hizo el dictamen acerca de la necesidad de compatibilizar el régimen jurídico sobre la delincuencia organizada con las exigencias del Estado de derecho, lo cual dio a lugar a muy numerosas reformas del texto contenido en la iniciativa: esta labor legislativa “ se tradujo en la modificación de la casi totalidad del articulado de la iniciativa”, anuncia el propio dictamen; una inquietud domino el trabajo de los legisladores: se hallaban frente a “instrumentos de excepción”- asilo señala el dictamen y así se reconoció en otros momentos del proceso legislativo. La preocupación de los dictaminadores queda resumida en una frase expresiva: “Se está creando en la nación, una doble vida, una legal, licita; la otra subterránea, al margen de la ley y las instituciones, que busca de manera abierta, el control ilegal de la sociedad”.

El dictamen propuso correcciones importantes, que mejoraron la propuesta de ley, pero también introdujo cambios verdaderamente desafortunados; uno de ellos –acaso el más controvertible- fue la descripción misma de la delincuencia organizada. Cumplido el proceso parlamentario, la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996.

La Ley Federal de la Delincuencia Organizada está constituida por cuatro capítulos. El primero de estos, sobre “Disposiciones generales”, consta de un solo capitulo, relativo a “Naturaleza, objeto y aplicación de la ley”. Es aquí donde aparecen las principales normas sustantivas (salvo las referentes a aplicación de penas), es decir, la descripción de la delincuencia organizada y la fijación genérica de sus consecuencias penales.

El segundo título reviste carácter procesal: “De la investigación de la delincuencia organizada”. El capítulo inicial fija las “reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada”. En este lugar se hallan cuestiones orgánicas, colaboración de autoridades e infiltración de agentes, esto es, el supuesto de los agentes encubiertos, incorporados en las organizaciones delictuosas. El siguiente capítulo habla de la “ detención y retención de indiciados” instituciones que, como antes dije, son en realidad una sola. El tercer capítulo se contrae a “la reserva de las actuaciones en la averiguación previa”, tanto por lo que concierne a discreción o secreto en el acceso del inculpado y su defensor al expediente, como por lo que respecta a la protección de testigos.

El cuarto capítulo del título segundo, sumamente extenso, regula las “órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones privadas”; es aquí donde se detallan el alcance y las circunstancias de esas intervenciones, en forma que excede, con mucho, a la utilizada para justificar el cateo de domicilios. El capitulo quinto se dedica al “aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso”; el sexto, a “la protección de las personas”, y el séptimo a la “colaboración en la persecución de la delincuencia organizada”: en este punto figuran actos de investigación y procedimiento que tienen trascendencia para la aplicación de sanciones, e incluso para la exclusión de estas o del proceso mismo.

En un capitulo único, el título tercero se refiere a “las reglas para la valoración de la prueba y del proceso”: El último título, que consta de un solo capitulo, atañe a “la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad”.

Acciones en materia de sanciones. En ámbito de la persecución de los delitos de Contra la Salud y la Delincuencia Organizada, la Procuraduría General de la República, a través de la Contraloría Interna de dicha Institución, han llevado a cabo acciones de combate contra la impunidad dentro de la P.G.R., aplicando sanciones administrativas e iniciado acciones penales contra los servidores públicos que han incurrido en irregularidades incluso de naturaleza penal, desatendido los principios de eficiencia, profesionalismo y honradez que exige la Constitución Política a los encargados de la seguridad pública nacional. Como dato estadístico, de diciembre de 1996 a marzo del año 2000, se han sancionado a 3,060 servidores públicos de la PGR. Se destituyeron a 123 Agentes del Ministerio Publico Federales, 459 Policías Judiciales, 3 peritos; se inhabilitaron 154 Agentes del Ministerio Público, 266 Policías Judiciales Federales, y 3 Peritos; frieron amonestados 364 Agentes del Ministerio Público Federales, 335 Policías Judiciales federales, 13 peritos y 137 empleados administrativos; Fueron apercibidos 18 Agentes del Ministerio Público, 38 policías, 1 perito y 28 empleados, se suspendieron laboralmente 315 Agentes del ministerio público, 313 policías judiciales federales, 4 peritos y 40 empleados. Se ejecutaron 8 ordenes de aprehensión en contra de Agentes del Ministerio Público federales, 4 contra ex agentes del Ministerio Público, 79 contra Agentes de la Policía judicial federal, 57 contra ex agentes de la policía judicial federal, 1 contra un perito y 9 contra empleados administrativos 32 . De igual modo el Código Penal Federal establece duras sanciones privativas de libertad y destitución e inhabilitación para desempeñar un cargo, comisión o empleo en las instituciones públicas, a aquel servidor público encargado de la prevención, investigación y procesamiento de delincuentes relacionados con el tráfico de drogas, que incurra en la comisión de algún delito de Contra la Salud, como autor material o intelectual, cómplice o encubridor, hemos conocido públicamente muchos casos en los cuales se involucran en el narcotráfico, policías preventivos, investigadores, Agentes del Ministerio Público, etc., además se sanciona también a los guardias, empleados y celadores de penitenciarías que también se involucran en el tráfico de drogas como ya hemos conocido muchos casos públicamente.

Políticas de Cooperación Institucional del Estado y Sociedad en la Prevención de los delitos de Contra la Salud

Estado-Sociedad. Toda sociedad civil, puede y debe involucrarse en la prevención del delito, como una forma de ser sostenible el equilibrio del estado y consecuentemente dar tranquilidad a la propia sociedad. Debe recordarse que vivimos en una sociedad regida por el estado de derecho, razón por lo cual debe cumplirse y hacer cumplir nuestra Constitución Política. El problema de las drogas se ha difundido de manera global, no existe un país que sea ajeno a él. En el ámbito nacional son afectados por igual jóvenes y los más diversos sectores sociales. Paralelamente, el desarrollo del narcotráfico y de las organizaciones delictivas constituye, cada vez más, un riesgo a las condiciones de seguridad y certidumbre para el