Ensayo sobre el proceso electoral Mexicano

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de alcaldes y regidores a nivel municipal, cuya función es regular la conducta en público de la gente y garantizar la convivencia colectiva.

De todos ellos, la ciudadanía elije a quienes deben representar sus intereses comunes, excepto a los integrantes del Poder Judicial que se encarga de dirimir con justicia diferendos públicos y privados, así como de dictaminar sanciones.

Para seleccionar a los representantes populares se ha adoptado una sencilla fórmula: dentro de una demarcación, la ciudadanía que la habita vota, y de las personas postuladas, por su propia decisión, quien tenga la mayoría de votos es el ganador de la representación popular respectiva,

No obstante, el proceso electoral mexicano se ha sistematizado en una serie de reglamentos y normas que conllevan procesos complejos de elección, con tiempos establecidos de promoción de candidatos, prohibiciones de discursos y conductas, límites de gastos económicos y patrocinios,

A pesar de que el sistema electoral en nuestro país involucra a los ciudadanos para la recepción de votos y conteo de los mismos, las elecciones en México no satisfacen a la población, que está ávida de contar con legalidad y honestidad al elegir a sus representantes populares.

El sistema electoral mexicano es el más desconfiado del mundo, toda vez que es el que cuenta con la mayor cantidad de “candados” para desarrollar las campañas proselitistas de los candidatos o cuenta con una amplia gama de posibilidades del impugnar el resultado de una jornada electoral e inconformarse con el triunfo del contrincante.

El proceso electoral está organizado, vigilado y validado por cuerpos colegiados constituidos en instituciones públicas, uno a nivel nacional (Instituto Nacional Electoral) y 32 a nivel estatal (Instituto Estatal Electoral de Puebla), que fiscalizan y arbitran que los aspirantes a representantes populares cumplan con los parámetros de elegibilidad.

La normatividad del proceso electoral mexicano, permite a los ciudadanos votar y ser votado, o sea que cualquiera puede inscribirse como candidato a los cargos de representación que son: Presidente de la República, Gobernador, Senador, Diputado federal o estatal, presidente y/o síndico municipal, regidor, presidente de comunidad.

No obstante, la estructuración de las normas electorales conllevan lagunas y recovecos para poder extralimitarse en el actuar de partidos y candidatos, puesto que uno de los signos que marcan las jornadas electorales, es la queja, la denuncia y la acusación de violación de las reglas.

Ante este aspecto, se hizo necesario además de los consejos e institutos electorales, crear tribunales que analizaran las violaciones a la Ley electoral y a las formas de proselitismo, cometidas por algunos de los contendientes, y acusadas por la mayoría de participantes y ciudadanos.

Sin embargo, como parte de una estructura burocrática que funciona con recursos económicos públicos, se supone hasta cierto punto, pero también ha quedado demostrado que los institutos y tribunales electorales están sometidos a quien detenta los poderes ejecutivo y legislativo, que son los que proporcionan el dinero y la designación del cargo, respectivamente.

Durante los dos siglos anteriores en que se desarrollan elecciones en México, e había dado a través de movimientos políticos, y luego por organizaciones llamados partidos políticos, y que era la única manera de acceder a la competencia electoral, pero hace algunos años se introdujo la posibilidad de que haya candidatos independientes de los partidos políticos, con excelentes resultados, pues ya existe un gobernador, hay diputados en los estados y alcaldes sin partido.

Lo anterior permite a los ciudadanos participar activamente desde la toma de decisiones sociales, pues el sistema de partidos políticos había condicionado la integración de la diversidad de orígenes étnicos, extractos sociales, de género, edad y perfiles profesionales u ocupacionales, limitando la perspectiva de estos.