Sintesis del libro la constitucion como instrumento de dominio.

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Omisiones de carácter grave

8. Violaciones a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal.

De esta manera apreciamos que el gobierno con este tipo de legislación forma la impunidad, la corrupción y sobre todo el dominio que ejerce ante el pueblo.

Varía son las ideas que fundamentan estas despreciable prácticas; el estado no cuenta con el dinero suficiente para garantizar las garantías y derechos que debe procurar; el pueblo en su calidad de proveedor debe prestar al gobierno para que este disponga de una manera razonable y que beneficie al pueblo; la relación más importante del gobierno y el pueblo es la capacidad del pueblo para proveer y la capacidad del gobierno para administrar.

La sociedad puede mantener el poder sobre sus llantas propio dinero de tres maneras. La primera implica que sólo con la autorización del pueblo se pueden establecer impuesto. El segundo menciona que el gobierno solo puede gastar en asuntos necesarios y que es el pueblo el que determina esa importancia. El tercero sostiene que la sociedad debe de revisar los gastos realizados por el gobierno para que de esta manera se pueda observar de que manera el gobierno a utilizado los recursos públicos. Para esto la Constitución de 1917 determina que la revisión de los gastos realizados por el ejecutivo debía ser realizada por el congreso de la Unión, esta revisión debía ser eficaz y no tenía límites en cuanto a las instancias que podían ser sujetos a una investigación. Pero en 1977 el presidente en turno decidió atenuar esta disposición modificando el texto de manera que dicha revisión solo tenga un carácter aclarativo y que si en su momento llegará a existir una polémica referente a estela investigación se castigará a los funcionarios implicados conforme la ley.

Pero si esto no fuera suficiente y para evitar que preceptos limitaran la disposición de los recursos públicos se modificó el artículo 65 y poco después el 74 en su fracción IV que dictamina que en el ejercicio fiscal ilimitadamente se puede disponer de los bienes de la nación si el ejecutivo así lo determinará. Aquí es donde se exponen las prácticas arbitrarias del ejecutivo y su enorme hambre de poder económico.

Es por más conocido que los presidentes a través de los sexenios han impuesto criterios constitucionales para definir su propia inmunidad en caso de incurrir en prácticas ilícitas, tales preceptos los vemos reflejados en los artículos 109 y en el artículo séptimo de la ley federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos aunque de este modo estos funcionarios están en inferencia con la figura presidencial. El artículo 109 presenta la figura del juicio político encaminado a la sanción de servidores públicos, mas no obstante al analizar el propio texto podemos apreciar que dentro de las figuras públicas que pueden ser objeto de un juicio se ausenta la figura del presidente.

Como tal el texto constitucional presenta los ideales de justicia entablados hacia la figura de los servidores publica, más sin en cambio estas ideas se ven oscurecidas por los mismos procesos constitucionales que discretamente otorgan su inmunidad a los mismos funcionarios. Tristemente en nuestro país es difícil exigir justicia a los servidores públicos por los cual estos principios de legalidad son completamente inútiles para nuestro sistema jurídico.

Si bien la figura del juicio político expresado en el artículo 109 puede resultar intimidante y de gran relevancia los efectos del mismo resultan demasiados someros e indulgentes ya que en el peor de los casos solo se llega a la destitución del cargo que cubría el funcionario. Resulta estúpido que aquellos empleados del orden estatal estén tan fuertemente respaldados por el mismo precepto máximo que busca los principios de justicia y de legalidad.

Otro artículo con demasiadas discrepancias con respecto a la función pública y a las sanciones penales aplicables a esta profesión están establecidas en el artículo 111 ya que para que dichas sanciones penales sean efectivas primeramente el caso tiene que ser estudiado por el congreso y además deberá ser aprobado por el mismo, por lo que mientras esto sucede el acusado podrá seguir ejerciendo su cargo sin restricción alguna. No obstante la gran cantidad de restricciones que impiden la realización del ejercicio en contra de funcionarios públicos que a través de su cargo han realizado prácticas ilegales, se ve previsto que para que se pueda ejercer acción alguna en contra de dichos individuos es también necesario que la contraloría General de la Federación expida la declaratoria pertinente para que la acción pueda ejercerse.

Lamentablemente las prácticas ilícitas por parte de funcionarios públicos están fuertemente respaldadas por el texto constitucional, aunque en el mismo de igual manera se fundamentan los principios para ejercer acción penal en contra de todos aquellos que bajo su cargo han mermado los principios de legalidad, justicia y licitud que la constitución tan fuertemente dice buscar.

LA RAZÓN DE SER DEL GOBIERNO Y DEL DERECHO PÚBLICO

El análisis de este temática implica un estudio interno de los conceptos más básicos de las teorías constitucionales y del derecho constitucional como corriente actual de la vida jurídica.

El poder público está fundamentado y es aceptado por que éste debe tener como objetivo principal el bienestar público. El artículo 39 constitucional establece las bases fundamentales del poder público a través de la expresión del pueblo por lo que representan este poder están obligados a actuar en forma que los intereses del mismo no se vean afectados, por lo que todo tipo de acciones u omisiones realizadas en el sector público y que afecten el patrimonio de la nación son altamente indeseables y estrictamente punibles.

El principio dela soberanía del estado implica que en base a las necesidades del pueblas se expidan leyes tanto primarias como secundarias que signifiquen un beneficio para el pueblo y que este es el único facultado para diseñar en conjunto con los representantes públicos los preceptos legislativos que mayores privilegios otorguen a la población. Mas esto está lejos de ser realidad, el Estado crea las leyes en forma que el beneficiado sea él mismo y que el poder que ejerce a través del encargo público este fuertemente establecido y que no pueda ser objeto de un riesgo que merme dicho poder. El estado está obligado a defender los intereses del pueblo, pero estas ideas tan básicas que fundamentan la creación y permanencia del estado están enterradas por nuestro gobernantes. Este olvido ha generado un sin número de actos corruptos por partes de los representantes