Colombia ha pasado por muchos procesos de paz, durante los cuales los actores armados han seguido cometiendo ataques a la población civil, secuestros

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"El acuerdo muestra que ambas partes cedieron: por una parte los negociadores aceptaron la propuesta de las FARC de crear la figura del acuerdo especial, que está contemplada en la Convención de Ginebra", explicó la periodista Marta Ruiz, de la revista colombiana Semana.

Esta figura del acuerdo especial está contemplada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y tiene por objeto darle vía libre a las partes para terminar y contemplar cuestiones humanitarias en un conflicto.

"Permite blindar a nivel internacional a la organización. Por eso es clave que el gobierno lo haya aceptado", explicó Ruiz.

Pero, a la vez, las FARC aceptaron incluir esa figura dentro del funcionamiento jurídico colombiano y que el acuerdo sea incorporado dentro de las leyes del país, lo que significa un reconocimiento y aceptación de las instituciones del Estado y la obediencia a la Constitución, algo inédito en los 50 años de existencia del grupo insurgente.

"Esto es muy importante porque las FARC no habían considerado al Congreso como una instancia legítima para transitar la implementación de los acuerdos", añadió la periodista.

¿Cese el fuego?

El presidente Santos también anunció que el siguiente paso es el cese el fuego bilateral y la posterior entrega de armas.

"Hacemos votos para que muy pronto se resuelva el punto que tiene que ver con el cese el fuego definitivo, que es seguido por la dejación de las armas, y eso querrá decir el fin de la guerra y el fin de las FARC como grupo armado", declaró el mandatario.

Pero, ¿cuáles son los pasos a seguir después de este nuevo avance?

"Creo que este acuerdo es importante porque se encontró un camino para que lo que se acuerde en La Habana se convierta en ley, que había sido uno de los principales bloqueos dentro del proceso", dijo el exministro Rodrigo Pardo.

Ahora el proceso entrará en una etapa de finalización, de acuerdo a los analistas locales.

"Las FARC no iban a dejar las armas sin estar seguros de que los acuerdos estaban blindados internacionalmente, por eso podemos decir que estamos más cerca del acuerdo final", explicó Ruiz

Sin embargo, después de conocerse el acuerdo, los representantes de la oposición al gobierno de Santos declararon que éste representaba un "golpe a la Constitución".

"El Gobierno y las Farc, en un golpe de estado a la democracia y acordaron sustituir la Constitución para garantizarle plena impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo", escribió en su cuenta de Twitter, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

La Situación en Colombia

https://encolombia.com/derecho/revistajurisdiction/revista11/asomagister11206responsabilidad/

Los desplazados internos en Colombia atraviesan una de las situaciones más graves del mundo. En el país, según cifras oficiales, hay más de un millón de desplazados internos, lo que genera dudas acerca de las cifras reales, dado que muchas personas no se reportan ante los organismos respectivos llámese Red de Solidaridad Social o Defensoría del Pueblo para pedir ayuda, porque ignoran o carecen de la información necesaria, se sienten estigmatizados, o consideran que reportarse en tal calidad genera más riesgo para ellos o sus familias ya que aún después de huir, siguen siendo blanco de los grupos violentos que provocaron su salida.

La causa principal del desplazamiento es la violencia política asociada al conflicto armado interno, que se caracteriza por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de la Guerra18.

Sin embargo, los desplazamientos en Colombia no se deben únicamente al conflicto armado, son también el resultado de una estrategia bélica deliberada.

En efecto, rara vez se producen enfrentamientos directos entre los grupos armados entre sí, es decir, paramilitares, guerrillas y fuerzas amadas, lo común es que estos grupos atacan a la población civil tras los “sospechosos” de militar en uno u otro bando, y ocurre de una manera tan desmesurada que a las personas cuya seguridad física está en peligro, no les queda otra opción que huir.

La falta de coordinación ente los organismos del Estado encargados del tema del desplazamiento, ha generado entre otras cosas, que las cifras sobre desplazados internos en el país no sean uniformes, las de los últimos diez años, según la defensoría del pueblo, superan los 1,5 millones, lo que equivale a decir que uno de cada cuarenta colombianos es un desplazado interno19.

Dentro de las características demográficas de estos grupos poblacionales afectados, se pueden mencionar las siguientes: el 44.1% de las familias tienen a mujeres como jefes de hogar; el 23.2% de la población son niños menores de 7 años y el 16.7% pertenece a grupos étnicos. Aunque las estimaciones de la Red Nacional de Información señalan que desde 1996 se han desplazado un numero cercano a las 25.000 familias al año, se espera que para los próximos años esta cifra disminuya como resultado del avance en los procesos de negociación con los grupos armados, la permanencia en la implementación del Plan Colombia, y de las acciones en pro de los derechos humanos y la prevención del desplazamiento forzado20.

En un informe defensorial publicado hace tres años por el entonces titular de esta entidad pública21, se dedica un capítulo a la evolución del fenómeno, con un alarmante aumento de los desplazamientos en 2001, equivalente a 190.454 personas, 50 más que en el 2000; examina algunos casos regionales de violaciones masivas de derechos humanos y desplazamiento forzado [Occidente y Pacífico, Córdoba’ y Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo y el Eje Cafetero); se detiene en un análisis crítico de la Política Pública de Atención; registra el papel desempeñado por la Defensoría en la materia y finalmente formula Recomendaciones para el diseño de la Política y frente al próximo Gobierno. Entre las limitaciones y cuestionamientos hechos por el funcionario respecto de la aplicación de políticas públicas efectivas en la materia, señaló entre otras: el diseño de políticas tendientes a minimizar el riesgo de filtración de personas que no son desplazadas y el riesgo asistencialista que genera mayor demanda de bienes por parte de los desplazados y la consecuente dependencia de la ayuda humanitaria; la obligación