Contabilidad agropecuaria problematica

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El programa de ajuste estructural consistió básicamente en la eliminación de subsidios, la privatización de empresas públicas y la apertura incondicional al mercado mundial y a capitales trasnacionales. Es en este contexto que el actor principal del agro peruano hasta ese momento, los más de 2 millones de pequeños agricultores, pierden protagonismo ante la expansión de la inversión de grandes capitales privados en el agro, situación no vista desde 1969 cuando se efectivizó la reforma agraria en el Perú (Remy y De Los Ríos, 2010). Según Eguren (2004), este nuevo contexto se presenta ante la búsqueda sistemática de los gobiernos (empezando por Fujimori) de un actor diferente del pequeño agricultor, estigmatizado como precario, ineficiente y poco productivo. Este cambio estructural en la agricultura, iniciado en 1997 con la subasta de los primeros lotes de la irrigación Chavimochic, han devenido en un importante crecimiento de las exportaciones “no tradicionales” en el Perú.

Es importante mencionar que paralelamente a este “boom agroexportador”, se produjo el “boom minero”, que en el caso peruano creció significativamente a partir de 1990, apoyado por la Ley de Tierras 26505 (1995), en la que se establece la “servidumbre minera”, que obliga a los propietarios del suelo permitir la explotación de los recursos del subsuelo en las concesiones mineras o petroleras otorgadas por el Estado. La Ley facilita entonces, los procesos de compra de tierras a comunidades campesinas y nativas en proceso de negociación con empresas mineras.

El marco institucional en que se desenvuelve el mercado de tierras en el Perú ha sufrido importantes cambios en las últimas tres décadas, con un profundo viraje desde el contexto de la reforma agraria iniciado en la década de los años sesenta, hasta un proceso integral de desregulación de la propiedad privada individual sobre la tierra consagrada por la Constitución de 1993 y la Ley de Tierras (1995).

La reforma agraria fue legalmente iniciada por el régimen militar en 1969 a partir de la promulgación e implementación del DL 17716 o Ley de Reforma Agraria. Este proceso que culminara aproximadamente en 1976, alteró dramáticamente las condiciones jurídicas y económicas sobre la propiedad y conducción de la tierra en el país sobre la base de principios redistributivos y de desmontaje del poder económico de la élite terrateniente.

La Ley de Reforma Agraria impuso diversas restricciones al mercado de tierras. Por un lado se prohibió la venta de las tierras adjudicadas y prácticamente se obligó a los beneficiarios a asociarse en el caso de adjudicación a empresas asociativas; por otro lado, se impusieron límites al tamaño de la propiedad, límites a la hipoteca de las tierras y barreras al mercado de arriendos (Figallo, 1989). En 1993 se legitima el Decreto Legislativo 653 (1991) que deroga formalmente la Ley de Reforma Agraria, trasladando gran parte de los temas de propiedad al Código Civil. Posteriormente, en 1995, se promulga la Ley 26505, que es la que marca el contexto institucional actual, y cuya intención es generar un único marco jurídico y de políticas para las tierras rurales que esté basado en el pleno funcionamiento del mercado de tierras.

Esta ley garantiza el acceso a toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, el acceso a la propiedad de la tierra y consolida la tendencia a tratar a la tierra como a cualquier otro bien. Sin embargo, esta ley mantiene algunas limitaciones en cuanto al régimen de las tierras eriazas y a los territorios de las comunidades campesinas, abriendo la posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas puedan vender parte o la totalidad de sus tierras si la mayoría de sus miembros así lo decide.

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Caracterización de la agricultura en el Perú

La agricultura en el Perú tiene un importante peso económico y social. En general, se estima que hay 2.3 millones de hogares cuya actividad principal es la agricultura (Zegarra y Tuesta, 2009). Estos hogares representan al 34% de los hogares peruanos (80.8% de los hogares rurales y 10.6% de los hogares urbanos), y generan aproximadamente el 7.6% del PBI Nacional (MINAG, 2015). Excluyendo a Lima, la agricultura ocupa aproximadamente el 40% de la PEA (en la sierra alcanza el 55%) y representa entre el 20% y el 50% de los PBIs regionales (Zegarra y Tuesta, 2009).

El gran dinamismo de la agricultura en los últimos años, ha sido propulsado por el importante crecimiento de las exportaciones y el aumento en la producción agrícola y pecuaria. Por otro lado, a diciembre del 2015, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria alcanzó los S/. 19,288 millones de nuevos soles. Entre el 2014 y el 2016, el Valor Bruto de Producción Agrícola (a precios constantes de 2016 creció a una tasa de 3.74% (siendo el sector pecuario el más dinámico, pues creció a una tasa promedio de 4.94%). Las exportaciones FOB de productos agrarios pasaron de US$ 779 millones en el 2014, a US$ 2,628 millones en el 2015 (mostrando un crecimiento promedio anual de 14.5%), mientras las importaciones CIF alcanzaron los US$ 2,558 millones de dólares (tasa de crecimiento promedio anual de 10.65% anual en los últimos 10 años) y las importaciones de bienes de capital alcanzaron los US$ 76 millones, (que muestran una marcada tendencia al alza y una tasa de crecimiento de 9% anual promedio).

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Por otro lado, si bien el Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario ha crecido a una tasa de 4.4% en promedio en los últimos 12 años, este crecimiento se ha dado a un menor ritmo que la economía en su conjunto; de allí que su participación en el PBI nacional cayera de 8.6% en 2006 a 7.6% en el 2015. En otras palabras, el pequeño productor agropecuario, que es quien aporta significativamente al VBP agrícola, viene perdiendo importancia en la producción nacional, frente a otros sectores; no obstante es fuente de ingresos de alrededor de la tercera parte de las familias peruanas.

En el Perú, el nivel de dependencia alimentaria de productos importados se ha ido reduciendo, manteniéndose en aquellos productos donde no poseemos ventajas competitivas ni comparativas como es el caso del trigo y de la soya (la tasa de dependencia alimentaria en ambos casos es de 96% y 54%, respectivamente). Somos también importadores netos de maíz amarillo duro (alrededor del 50% del consumo nacional se importa), insumo principal de la alimentación de los pollos (principal motor del VBP pecuario y alimento fundamental para el consumo nacional).

En general,