DESIGUALDAD EN EL CHILE DE HOY

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También el informe no señala que dichas „privatizaciones“ son simples órdenes del FMI que en Chile ha podido actuar con amplia libertad, mientras sus políticas „privatizadoras“ fracasaban escandalosamente en Argentina y en Europa.

Es decir, el informe no pone en duda la eficacia y el valor económico social de dichas „privatizaciones“ sino que acentúa el „robo“ realizado por la dictadura al dañar el patrimonio estatal directo en 6.000 millones de dólares.

El daño causado por las „privatizaciones“ concertacionistas en costo social, en traslado de los costos a la población por las „privatizaciones“ de las comunicaciones, el agua; y la electricidad no es mencionado por la Comisión ad hoc del parlamento chileno.

Tampoco se habla del daño que alcanza a unos 20 mil millones de dólares anuales causado por la “privatización” de la gran y la mediana minería nacional.

La Comisión tiene por objeto evidente „posicionar a la Concertación como un referente aceptable para la izquierda“, como señaló un diputado en Valparaíso.

El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar.

Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.

La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares.

La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.

Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy ’sano’ para él.

El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido del candidato presidencial Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador.

En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.

La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.

En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El actual presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.

El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’.

Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron „legales“, no fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.

¿Cómo p8ede ser „legal“ un traspaso de propiedad sancionado por un gobierno que en si es ilegítimo e ilegal?.

La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.

Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones.

Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas’. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración