LAS BACRIM EN EL BAJO CAUCA.

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En Colombia hemos visto plenamente los acontecimientos delictivos de los distintos bandos delincuenciales a lo largo y ancho del territorio, sin embargo las llamadas “BACRIM”, son las responsables de la mayoría de crímenes y violaciones de los derechos humanos según lo explica el alto comisionado de las Naciones Unidas.

Estos grupos, que se identifican como "Los Urabeños", "La Empresa", "Los Rastrojos" y una serie de organizaciones que trabajan al mejor postor, albergan en sus filas a antiguos integrantes de los grupos de autodefensas que se sometieron a la desmovilización de 2006 bajo el marco jurídico de Justicia y Paz.

También hay disidentes que decidieron no entregar las armas y se mantuvieron en estas estructuras vinculadas con el negocio del narcotráfico que en ocasiones se precian de hacer "control social" y que según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) "siguen afectando a toda la gama de derechos humanos de la población".

La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades siguen haciendo que los jóvenes y los niños sean vulnerables al reclutamiento, la utilización, la explotación y la violencia sexual por parte de esos grupos", advirtió el informe.

La Alta Comisionada destacó los esfuerzos de las autoridades para desmantelar estos grupos pero advirtió de la importancia de diseñar una estrategia que combine "la seguridad y la justicia con medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social a todos los niveles".

El Bajo Cauca siempre ha vivido en medio de la violencia. Es casi que una rutina, el que se conviva con la zozobra del conflicto armado, entre la guerrilla, los paras y ahora las bacrim. Esta región, enclavada en la Cordillera Central antioqueña, debe padecer ahora el terror que han impuesto unas especies de franquicias violentas de estas bandas criminales, lideradas, entre otras, por personajes como alias Darío, en su momento alias cuco vanoy, macaco, Sebastián, entre otros.

Una situación que ha pasado de castaño a oscuro, con asesinatos de líderes sociales, periodistas y amenazas a diestra y siniestra.

Pesadilla adosada por el cobro de peajes irregulares por cruzar sus carreteras y por surcar el Río Cauca, vacunas que tienen un promedio de 40 mil pesos, hasta los 450 mil, dependiendo de las mercancías que por tierra y agua se transporten.

Incluso, el Gaula de la Policía, junto con la Fiscalía, ha descubierto que más allá del sector de Piamonte, se han creado casas de ‘pique’, donde la tortura y la muerte se erigen cada día, en medio del miedo constante de los pobladores de la región.

Una región en la cual, el denominado clan Úsuga se ha venido fortaleciendo. Tanto que ya dividieron la zona (lo denunció la revista Semana) en franquicias criminales en la cuales mandan, alias León, alias Darío, alias 6-7 y alias Morroco, todos jefes de estas bandas al servicio del narcotráfico.

Una situación que desde hace rato hizo agua, y en las barbas de las autoridades. Una problemática que ha sido denunciada en varias oportunidades por la Defensoría del Pueblo, pero que, a la fecha, no tiene un solo viso de solución.

Por tanto, la ciudadanía, los habitantes de esta región, están pidiendo, en voz baja, por supuesto, que el Estado haga su trabajo, no sólo en materia de seguridad, sino además con más asistencia social, para cortar de tajo la ola de violencia que se ha recrudecido en esta rica región de cerca de 8.500 kilómetros cuadrados, donde reina la minería ilegal y la criminal, y se han perdido otras actividades como la piscicultura, la agricultura, y la ganadería.

El llamado es pues a que se le ponga cuidado a esta zona pujante del país, sin contar, por supuesto con que en otras regiones del país, se está viviendo su propio infierno, sin que el gobierno haya dicho esta boca es mía.

Por otra parte, si bien la región de Bajo Cauca ha sido disputa de múltiples bandas criminales entre los que se encuentran Los Paisas, Los Rastrojos y Los Urabeños, en el momento, la región registra un control casi absoluto de Los Urabeños. Su dominio, ganado después de haberse enfrentado y establecido alianzas tanto con bandas criminales y grupos guerrilleros, como con algunos integrantes de la Fuerza Pública, abarca la zona urbana y las zonas rurales cercanas a las cabeceras municipales de todos los municipios de Bajo Cauca.

Sobre las cifras del impacto humanitario que ha tenido la presencia de grupos armados en el territorio, se encontró que en 2015 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del Bajo Cauca fue de 19,2, sumando un total de 54 homicidios. En ese año, el número de homicidios presentó una disminución del 56,4% frente a los 124 homicidios que se registraron en la región en 2014 y del 76% frente a los 225 del 2013, años en que la tasa de homicidios había sido de 45 y 83,4 respectivamente. La información de las tasas de homicidios desagregada a nivel municipal indica que los municipios con las tasas más altas fueron Caucasia, Tarazá y Cáceres, que también son los municipios que registraron un mayor número de homicidios.

Según el Resultados de búsqueda el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) y el Registro Único de Víctimas (RUV), en 2015 el número de desplazados en Bajo Cauca fue de 1.105 personas lo que representa un 13,34% de la población desplazada en Antioquia, que para ese año fue de 8.282. Si se compara la población desplazada en la región con los desplazados de 2014, que fue de 5.892, se puede observar una disminución entre un año y otro de más del 80%. Adicionalmente. Los datos sobre desplazamiento por municipio muestran que en 2015 los lugares con mayor número de desplazados fueron Caucasia, Cáceres y Tarazá, sumando entre estos más de la mitad de desplazados de Bajo Cauca: el primero representa el 30,8% del total de desplazamientos de la región y el segundo y el tercero el 22,3%.

En una de las entrevistas hechas a un líder comunal, nos comentaba, que a comienzos del año en curso, se dirigía hacia la fiscalía a poner un denuncio por la cantidad de crímenes efectuados por estas bandas en su barrio, ya habiendo identificado a los cabecillas de estas, no tomar su declaración, agregándole que por su seguridad no denunciara ante ninguna autoridad competente en el bajo cauca, que si hacia la denuncia la hiciera por fuera, ya sea en montería o Medellín, ya que algunos servidores públicos tenían conexión con esta bandas delincuenciales y eran informadores directos de ellos, por lo tanto, nos decía el entrevistado,