Panamá, paraíso fiscal.

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Las empresas offshore son aquellas que son constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde la tributación, es decir, el pago de impuestos que tiene como fin recaudar fondos que el Estado necesita para su funcionamiento (Eco-finanzas, 2012), es del 0%, esto tiene como consecuencia que las empresas offshore sean creadas en lo que se conoce como paraísos fiscales para evitar el pago de los impuestos.

Cuando las empresas ven que la carga fiscal en sus países de origen es muy grande, es cuando deciden ir a los paraísos fiscales para realizar sus inversiones a un costo mucho más bajo. Las ventajas que brindan este tipo de empresas a sus clientes son:

• Los paraísos fiscales poseen impuestos muy ventajosos y beneficiosos para estas empresas.

• Bajo costo y rapidez en la creación de una empresa offshore.

• Bajo monto en los impuestos corporativos, sobre la renta y las ganancias.

• No preguntan la nacionalidad de accionistas y directores.

• Muchos paraísos fiscales no exigen la presentación de cuentan anuales, por lo que una empresas offshore no tendría gastos de contabilidad ni de auditoría.

• El IVA no se fija en este tipo de empresas o sociedades

• No existe ningún registro público de datos personales ni nombres de accionistas o propietarios.

Las offshore son controladas por ciudadanos extranjeros y buscan siempre llevar negocios en diferentes partes del mundo para recibir beneficios tanto fiscales como legales (Inspiraction, 2014). Muchos países en todo el mundo se ven afectados por estas empresas, en especial los más pobres ya que esto genera evasión de impuestos, lo que permite que el dinero salga del país, a su vez, el secreto bancario permite que el blanqueo bancario o el lavado de dinero sea más fácil, también se pueden desenvolver otro tipo de delitos como el crimen trasnacional narcotráfico, tráfico de armas, de personas y órganos, corrupción política, fraude económico y financiero y terrorismo internacional. Se cree que actualmente dentro de estas empresas se encuentra en 1,2% de la población mundial, representan el 3% del PIB mundial y que retienen entre 6y 7 trillones de dólares (Roque, p.7).

Como medida preventiva los ministros de finanzas de los países pertenecientes al G5 (Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania), decidieron llevar a cabo un sistema de información automático de intercambio de información internacional para poder saber quiénes son los propietarios de las sociedades offshore, de esta manera, las autoridades tributarias tendrán las capacidades para rastrear estas sociedades y saber si están cumpliendo con los deberes fiscales que tienen en su país de origen (Clarin, 2016).

Hablando del caso concreto de panamá, las sociedades offshore son, aquellas corporaciones que no desarrollan su actividad localmente, en Panamá, lo cual le permite no tener que realizar declaraciones de impuesto, estando totalmente exoneradas del pago por las rentas obtenidas fuera del territorio panameño. Estas están sujetas al régimen fiscal territorial que solamente les exige el pago de impuestos por la ejecución de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio. Para cualquier otra acción que produzca efectos en el extranjero, es decir, para operaciones de carácter Offshore, estas empresas panameñas no deberán pagar impuesto alguno, salvo por la Tasa Única anual que actualmente es de US $300.00, así la operación se dirija desde una oficina ubicada en Panamá (Panamanian corporations, 2016).

Finalmente después de explicar cada termino y para responder la pregunta, se puede decir que, efectivamente no es ilegal hacer parte de una empresa offshore en ninguna parte del mundo, lo que puede llegar a convertir esta actividad en un delito es la no notificación de la existencia y del funcionamiento de este tipo de empresas al ministerio de hacienda de cada Estado. En Panamá, como otros países con legislaciones fiscales flexibles, lo habitual es trabajar con sociedades offshore. Lo que demostraron los documentos revelados muestran que estas empresas ignoraron los requerimientos de ley para asegurar que sus clientes no se involucraran en actividades ilegales como la corrupción política o evasión de impuestos.