Políticas de Seguridad Pública.

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Para lograr un México en paz es necesario avanzar en la consolidación de nuestras instituciones, de tal forma que se garantice el cumplimiento de la ley, los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos, participen, activamente, bajo principios democráticos, todos puedan vivir bajo un clima de seguridad y tener acceso a la justicia.

Para lograr un México incluyente se requiere cerrar brechas de desigualdad que permitan a todos participar de las mismas oportunidades a través del ejercicio efectivo de los derechos sociales, como la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, entre otros.

Para que México pueda ser un país con educación de calidad tenemos que estar a la altura de las necesidades globales. La inversión que hoy hagamos en capital humano es clave para la prosperidad futura, por lo que es necesario caminar hacia una Sociedad del Conocimiento.

Un México próspero será posible haciendo un correcto uso de los recursos que tenemos, detonando el crecimiento económico de forma responsable y sustentable, con lo cual se generen empleos y servicios en áreas estratégicas que beneficien a las familias.

Por último, un México con responsabilidad global requiere de un arduo trabajo para promover el interés nacional en el exterior; la globalización exige que nuestras relaciones con los demás países sean más activas, sustantivas y vigorosas.

Nuestra nación tiene, ya, una ruta definida; la eficiencia en su cumplimiento es responsabilidad de cada uno de nosotros, desde el lugar que nos corresponde. En este sentido el poder legislativo tiene un deber primordial en el proceso y debe hacerlo de manera comprometida con todos los mexicanos.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-1018, es el instrumento mediante el cual se materializan las acciones establecidas con respecto a la seguridad pública, así como el planteamiento de la estrategia de Seguridad Pública del Gobierno de la República que desde el comienzo de la administración determinara su ruta, cuyos objetivos fundamentales son reducir la violencia y restablecer las condiciones de convivencia pacífica y ordenada para todos los mexicanos.

En Agosto de 2013, el Presidente de la República planteó la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia, la cual permite establecer con claridad las prioridades en esta materia y les otorga un contenido programático. Esta Política Pública está sustentadas en diez apartados: I. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social; II. Justicia Penal Eficaz; III. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía; IV. Transformación del sistema penitenciario; V. Promoción y articulación de la participación ciudadana; VI. Cooperación Internacional; VII. Información que sirva al ciudadano; VIII. Coordinación entre autoridades; IX. Regionalización; X. Fortalecimiento de la inteligencia.

La finalidad primordial de este Programa es lograr un México en Paz, que tenga al ciudadano y a su familia como centro de las políticas de seguridad. Las ciudades, los pueblos y las carreteras deberán volver a ser espacios de tranquilidad, donde los mexicanos puedan transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida. La prioridad es reducir la violencia, por medio de la atención de los delitos que más afectan a las personas, tales como: homicidio, secuestro y extorsión. El logro de este objetivo requiere sumar esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a través de un sistema de coordinación y cooperación que genere orden, confianza y corresponsabilidad. Para servir a la sociedad, las corporaciones, lejos de competir entre sí, deben coordinarse y trabajar en un frente común.

Dentro de las modificaciones que fue necesario implementar, se rediseño el marco institucional de la Administración Pública Federal, otorgando nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación entre las que, sumadas a las que tenía con anterioridad, destacan: la seguridad pública, la seguridad nacional, la prevención del delito, la protección de los derechos humanos, la atención a víctimas del delito y personas desaparecidas, así como la relación política y de coordinación con los otros Poderes de la Unión y con los Gobiernos de las Entidades Federativas, es asi que esta Secretaria adquiere un gran significado para esta nueva normativa.

En este nuevo marco institucional se establecen los elementos centrales de una Estrategia de Seguridad Pública que asegure:

1. - La efectiva coordinación entre las dependencias federales de seguridad, y de éstas con las Entidades Federativas, bajo la conducción del Secretario de Gobernación. Ya que de esto dependera el buen éxito de su trabajo contra la delincuencia, determinando para esto a los Gobernadores de cada Estado como los responsables de dirigir en sus entidades en coordinación con las autoridades municipales. Considerando que en base al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el país se divide en cinco regiones, para su propio abordaje particular.

2. - La cooperación internacional es esencial para hacer frente a las organizaciones delictivas transnacionales. Mediante el fortalecimiento del dialógo e intercambio de información y la colaboración con otras naciones, en especial con las de nuestra región: Estados Unidos y los países de Centroamérica. Todo ello bajo el principio de responsabilidad compartida y garantizando el pleno respeto a nuestra soberanía.

3. - Reordenar funcional y territorialmente la respuesta operativa ante las organizaciones delictivas, en el marco de las acciones coordinadas entre la Policía Federal y las instituciones que coadyuvan con las autoridades civiles en funciones de seguridad pública. Este reordenamiento se realizará partiendo del entendimiento de las características de los grupos delictivos en cada región y de sus índices de violencia, así como de los ámbitos de acción territorial, la capacidad de respuesta diferenciada, la especialización y entrenamiento de cada institución. aprendiendo a los lideres de las bandas delictivas, desarticulandolas, debilitando su estructura finaciera, recuperendo los territorios de los grupos delincuenciales, para lograr una mejor coordinación con las autoridades de las Entidades Federativas y reforzar el control de sus operaciones, la Policía Federal desconcentrará su estructuras de mando y operación en las cinco regiones del país.

4. - El uso de inteligencia por encima de la fuerza, a partir de la definición de procedimientos claros para la integración, análisis, explotación, e intercambio de información que apoye la toma de decisiones a nivel