Un nuevo Ensayo Celeridad en las Políticas Públicas

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Y los grados de conflicto en la sociedad no han menguado, el conflicto y la disconformidad es parte de la sociedad, que pese a elegir en el ejercicio democrático a un representante para guiar los intereses de la mayoría, pareciera desacelerarse en el debate de cámaras, que en la práctica también representan a una mayoría, chocan con la realidad de los intereses particulares que amarran a los honorables a compromisos empresariales, entorpeciendo y lentificando la aparición de políticas públicas necesarias para la sociedad. Esto, de una u otra manera la sociedad lo termina juzgando.

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Tabla 1: Plaza Pública Cadem, estudio N° 195, 10/10/2017.

“Las Radios (79%, +5pts) y la PDI (72%, +5pts) se mantienen como las instituciones con el nivel de aprobación más alta entre las instituciones más importantes del país. Le siguen la Fuerza Aérea con un 63% (+4pts) y la Armada con un 60% (+3pts). El Ejército, por su parte, las sigue de más atrás con un 58% de aprobación (+8pts).

Por su parte, Carabineros estabiliza su alza del mes de septiembre y en octubre alcanza un 55% de aprobación (+2pts), frenando la caída de 32 puntos que experimentó de febrero a julio a raíz de los casos de pagos irregulares al interior de la institución.

Por otro lado, las instituciones peor evaluadas siguen siendo la Nueva Mayoría con un 22%, el Frente Amplio con un 21%, los Tribunales de Justicia con un 18% y en último lugar el Congreso con tan sólo un 15%”. (Estudio 195: Cadem: 2017)

Dentro de la contingencia nacional, es posible destacar, a modo de ejemplo, la labor llevada a cabo por Carabineros de Chile, y su nivel de aprobación que no es menor en comparación a Tribunales o el Congreso, que tienden a mantener niveles bajos de aprobación. Pero recordemos que Carabineros viene saliendo de un bochornoso escándalo que lo liga a funcionarios de finanzas que malversaron dineros por años enriqueciendo de forma ilícita, con una investigación que perdura hasta la fecha y en la que se encuentran aristas nuevas cada mes, que la prensa no duda en señalar. Entonces, ¿qué es lo que hace que Carabineros tenga una buena aprobación en relación a nuestros honorables, que son quienes representan nuestros intereses y los movilizan? Pese a los avatares institucionales, Carabineros ejerce su función con la ciudadanía, porque su existencia es un requerimiento de la ciudadanía que debe ser satisfecho a la brevedad. La delincuencia es una patología social que la ciudadanía no tolera, y es enfrentada por Carabineros de manera directa con la ciudadanía. Carabineros no puede actuar sin comunicarse con la gente, no puede desplazarse, planificar, actuar con prontitud sin el aporte ciudadano. Institucionalmente Carabineros ha creado toda una serie de instrumentos estratégicos para actuar con celeridad sin dejar de lado el aspecto burocrático que justifica políticas públicas que le den poder de acción en favor de la ciudadanía, y el trabajo con la ciudadanía, y su celeridad resolutiva es lo que genera una buena aprobación de la institución, no sus metidas de pata internas, que no afectan su misión institucional. (Recordemos que ante situaciones excepcionales de terremotos o tsunamis, Carabineros son los primeros en encontrarse en el lugar de los hechos para ayudar a la gente, por ser la única institución en tener cuarteles policiales y personal en cada parte del país, más que la ONEMI, la PDI o El Ejercito).

Pero es ahí donde se genera el reproche institucional: en su incapacidad de ser percibida, y en su incapacidad de tener celeridad en lo que son sus misiones institucionales.

Asimismo, la falta de fiscalización hacia las figuras honorables y su actuar fuera del ejercicio de sus labores, han abierto una brecha de inconformidad y reproche que no varía pese a, en algunos casos, justificados esfuerzos de mejora. No sólo se trata de un reproche por su actuar en el cual es posible encontrar escandalosas cifras en cuanto a lo que ganan, gastan y producen, sino a sus vínculos abiertos con intereses empresariales que no son posibles de controlar, con incapacidad de inhabilitarlos por sus evidentes conflictos de intereses. Basta mirar lo que es la Ley 20.730 de Lobby, en la cual los sujetos pasivos (figuras de relevancia con posibles conflictos de interés como directores de hospital, generales, o directores de instituciones públicas) deben tener registros de sus reuniones con sujetos, considerados activos, con intereses de crear vínculos beneficiosos para sus empresas, pero esto no afecta a Diputados o Senadores, las figuras políticas más cuestionadas, con menor grado de aprobación y con mayor sensibilidad en el cumplimiento de su rol en la generación de políticas públicas para la gente, en beneficio de la gente.

Naturalmente, la percepción social no significa una proporcionalidad de ineficiencia en la estructura política y su mecanismo burocrático, -llámese burocracia a su registro paso a paso dentro de un proceso necesario, y no a la lentificación injustificada y mal intencionada-, ni tampoco a su disponibilidad de entregar información con respecto a sus políticas públicas.

Las políticas públicas tienden a encontrarse con quienes hacen uso de ella y quienes trabajan en ella, pues son parte de su engranaje, se retroalimenta y perfecciona, en muchas instituciones se trabaja en la mejora continua, en concordancia a las exigencias de la población, con incentivos que movilizan a sus actores y dirigen la aprobación y ejecución, planificada y ejecutada dentro de un plan de políticas públicas, afinando o mejorando parte de sus procesos de manera esporádica, y en muchos casos, en concordancia con el crecimiento de la población. Si bien la intención de la eficiencia pública es una realidad, no hay que dejar de lado la obligación informativa de la ciudadanía y su deber de hacer uso debidamente de las herramientas de evaluación, que no pasan sólo por movilizarse ordenadamente un domingo junto a una batucada artística o escribiendo en un medio de comunicación de masas, fácilmente olvidable al día siguiente, es usar los instrumentos de evaluación disponibles, presionando dentro del aparataje burocrático, para la celeridad de políticas públicas que no permitan el adormecimiento de este.