Actos institucionales y politicos

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En la referida causa el Alto Tribunal decidió, en efecto, que si bien no cabe entender que con tal cláusula legal el legislador haya tenido intención de apartarse de la reiterada doctrina de la Corte relativa al carácter privativo de los poderes legislativos o ejecutivos referidos a la apreciación de las circunstancias de hecho que justifican aquella declaración y a la consecuente irrevisibilidad judicial del ejercicio de dichos poderes, el texto de la norma sí torna relevante, en cambio, el análisis de la legitimidad de la declaración, excluido el examen de fondo, esto es, el atinente a la apreciación de los hechos determinantes del acto.

Y admite, así, la procedencia del control judicial concerniente a los requisitos de competencia y de forma, en el cual queda incluido lo relativo no sólo a las modalidades extrínsecas de la ley o del decreto declarativos del estado de sitio, sino, también, a posibles recaudos sobre el contenido necesario del acto, como lo son el plazo expreso y la determinación del lugar.

De este modo, el acto institucional considerado si bien no es justiciable en sí con independencia de su aplicación -sin perjuicio de su control político- sí resulta, en cambio, controlable en los aspectos indicados si se trata de juzgar su aplicación concreta. El acto institucional, en suma, no genera legitimados para accionar judicialmente contra él antes de su aplicación, pero, al menos en algún supuesto esa legitimación se abre a través de los actos de aplicación.

Pensamos de todos modos que la referida no justiciabilidad, en principio, de ciertos actos institucionales, en el sentido antes indicado, no implica que ellos no estén, aun antes de su aplicación a situaciones concretas, al margen de la juridicidad constitucional. Injusticiabilidad no es sinónimo de ajuridicidad; ella implica sólo que el control incluso de la juridicidad discurre por otros parámetros constitucionales (políticos)[5].

En lo que se refiere, finalmente, a los actos de gobierno o políticos estimamos que, como señala Marienhoff, ellos se diferencian conceptualmente de los actos administrativos por su vinculación inmediata con la conducción política del Estado, pero que no difieren, en su régimen jurídico, de los actos administrativos.

(Corresponde al punto 2.7, págs. 21 y sigts, del libro de Julio Rodolfo Comadira “El acto administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, La Ley, Buenos Aires, 2003, adaptado para el “Curso de derecho administrativo”, en prensa).

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