Anteproyecto minero Tambogrande

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Por último, que el conflicto de Tambogrande ha sido también discutido en base a argumentos de tipo económico gracias a la importancia de la agricultura del Valle de San Lorenzo en el mercado de exportación y que estos argumentos han sido claves para la oposición ya que podía presentarse frente a actores indecisos con una alternativa a la minería con valor de mercado.

Aún falta un largo camino por recorrer para que las actividades no remuneradas o prácticamente sin interacciones con el mercado nacional e internacional y el valor ecológico de los ecosistemas, tengan la misma fuerza argumentativa que aquellas actividades que sí interaccionan con el mercado.

A diferencia de otros conflictos mineros en el Perú, no se ha usado el argumento de defensa de territorios indígenas ni tampoco se ha apelado al valor sagrado del lugar, ya que se trata de una población costera y colona con una cosmovisión radicalmente diferente a la de las comunidades indígenas andinas.

El esfuerzo humano, ético y profesional de indagar y proponer posibles soluciones sobre la problemática planteada, es una alternativa viable para que el pueblo de Tambogrande posea una visión despejada de los beneficios que se obtendrá tras un dialogo y una ardua labor de diferentes instituciones.

2.- Marco Teórico de la Investigación

2.1.- Antecedentes de la Investigación

En primer lugar se tiene que, en abril de 2009, fue presentado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona el trabajo especial de Conflictos ambientales, socio-ambientales, ecológicos distributivos, de contenido ambiental por Mariana Walter.

Hay consenso en cuanto a caracterizar los conflictos ambientales como un tipo particular de conflicto social. Cabe entonces preguntarse sobre el significado que se atribuye a los términos conflicto social y aspectos ambientales. Pueden destacarse algunas características generales de los conflictos sociales. En primer lugar, son procesos, es decir, no son estáticos y tienen un desarrollo temporal. En este sentido, pueden analizarse en términos de ciclos o series de ciclos con un inicio, un desarrollo y un cierre, que puede ser parcial o total. Estos procesos tienen lugar en el ámbito público, por lo que se excluyen las disputas del espacio privado. En cuanto al ambiente, un daño en el mismo puede considerarse como la base de un potencial conflicto ambiental. Ahora bien, si no se producen acciones por parte de actores sociales que a su vez generen reacciones en otros actores, no estaremos ante un conflicto ambiental. Un conflicto social lo es cuando adopta estado público e involucra más de un actor. Presupone por lo tanto acciones colectivas, en las que grupos de personas entran en disputa.

En agosto de 2011, fue presentado en la Facultad de Ciencias y Artes de La Comunicación de La Pontificia Universidad Católica del Perú la tesis “Contexto de la relación entre empresas mineras y comunidades locales” por Sandra Verónica Carrillo Hoyos.

Los conflictos entre empresas mineras y comunidades locales pueden entenderse como una serie de acontecimientos organizados alrededor de las diferencias entre ambas, generados por las posiciones y acciones sostenidas por cada una a lo largo de la relación.

Estas diferencias de posiciones y objetivos generan continuas tensiones que eventualmente desembocan en enfrentamientos físicos que pueden demandar la intervención del Estado para la recuperación del orden público, de agencias especializadas para la resolución de conflictos y de otros actores externos que actúan a favor de alguna de las partes (De Echave, 2009). Según el Reporte número 80 de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo (en adelante UCS-DP), al 31 de octubre del 2010 se registraban en el Perú 250 de estos conflictos; de ellos, el 64% se encontraba activo y el 36% permanecía en estado latente. Además, los conflictos socio-ambientales ocupaban el 48% de los casos registrados, seguidos con 12% por aquéllos motivados por asuntos concernientes al Gobierno Local. La inestabilidad provocada por estos conflictos plantea serios problemas de gobernabilidad en los ámbitos local, regional y nacional, además de generar negativas consecuencias económicas y sociales para las poblaciones involucradas (De Echave, 2009).

2.2.- Teoría Sustentativa:

2.2.1.- Minería en Tambogrande

2.2.1.1.- Factores que influyen en contra de la Minería en Tambogrande

2.2.1.1.1.- Factores Macroeconómicos:

No hay racionalidad macroeconómica que justifique cambiar la agricultura por la minería. El valle de San Lorenzo es una de las colonizaciones más grandes y exitosas del desierto peruano. Con sus tierras fertilizadas por el más extenso y complejo sistema de canalización y riego controlado del país, alimentado por las represas de Poechos y San Lorenzo, se trata de una de las regiones agrícolas más prósperas de la costa. La gran mayoría de su producción está dirigida a la exportación. Se calcula que en más de treinta años el Estado peruano ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en infraestructura, mientras que la de los pobladores sobrepasa los 300 millones de dólares. Anualmente, la producción llega a alrededor de los 150 millones de dólares, con posibilidades de duplicarse con un adecuado tratamiento. En diez maños el PBI agrícola sería cinco veces mayor que el PBI minero regional.

El proyecto minero de la empresa Manhattan tiene un techo de inversión de 300 millones de dólares en todo el tiempo de su vigencia; es decir, apenas la tercera parte de todo lo que se ha invertido hasta ahora en la región.

2.2.1.1.2.- Factores Microeconómicos:

No hay racionalidad microeconómica. La agricultura ha generado trabajo estable, al punto que Tambogrande es una de las zonas del país con más baja tasa de desempleo efectiva (apenas 6%). La actividad minera generaría 600 puestos de trabajo directo y alrededor de cuatro puestos indirectos por cada directo. O sea, no más de 3000 empleos. Ni término de comparación, menos aún si se toma en cuenta que el trabajo generado por la minería es altamente especializado y pocos en la región estarían calificados para realizarlo. La mesa de agricultura de la Coordinadora Institucional de Piura ha sostenido enfáticamente que sólo esta actividad es capaz de generar empleo productivo y una alternativa para la lucha contra la pobreza y el desarrollo de la región.