Derecho de propiedad y mercado.

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• Los consumidores y productores se comportan de forma competitiva como precios aceptantes, realizando planes de optimización racionales que involucran máximos beneficios y mínimos costes.

• Los precios son conocidos por todos los agentes económicos, tanto empresas como consumidores.

• Los costes de transacción son nulos y la fijación de precios no supone el empleo de recursos.

Por tanto, los fallos de mercado se producen fundamentalmente cuando:

• La información no es completa o perfecta, esto es, cuando hay agentes que tienen más información que el resto.

• Existe poder de monopolio en los agentes, es decir, un agente puede fijar precios y controlar la demanda.

• Los mercados son incompletos porque los derechos de propiedad no están bien definidos para algunos bienes y servicios.

La información que tienen los agentes de los problemas ambientales no se puede calificar como perfecta, pues muchas veces los individuos son desconocedores de los efectos ambientales de las decisiones privadas de consumo y/o de producción. Además, para muchos bienes ambientales, como el aire, el agua, los ecosistemas o los paisajes, resulta difícil determinar el propietario de estos recursos, y cuál es la definición exacta y el alcance del derecho de propiedad. Así, para la mayoría de los bienes ambientales los mercados no existen o no están bien definidos, dándose por ello un fallo de mercado que se debe a la ausencia de derechos de propiedad bien definidos.

Un sistema de derechos de propiedad estaría bien definido si delimita los privilegios y obligaciones de los propietarios con respecto al uso de los recursos. Los derechos de propiedad son la estructura institucional fundamental para el funcionamiento de los mercados, puesto que éstos no podrían existir si no hay un derecho bien definido sobre la cosa que se intercambia. El sistema de derechos debe garantizar:

• La asignación completa de todos los derechos, que deben ser poseídos privada o colectivamente y conocerse y garantizarse con exactitud.

• La exclusividad de los costes y beneficios del uso de los recursos, que han de ser soportados por el propietario directamente o mediante su venta.

• La transferibilidad de los derechos de forma voluntaria. • La seguridad y protección legal de los derechos ante posibles injerencias y amenazas de terceros.

Para los bienes privados, habitualmente intercambiados en los mercados, el sistema de derechos funciona adecuadamente, protegiendo y definiendo las prerrogativas sobre su uso y exclusividad y garantizando la transferibilidad. Por el contrario, para los bienes ambientales este sistema de derechos no es aplicable, pues no está claro a quién pertenece la calidad ambiental. Es evidente que la definición del sistema de derechos podría facilitar el intercambio de los bienes ambientales y, por tanto, una mejor asignación de los mismos

. En caso contrario, estos bienes no serían adecuadamente valorados en las transacciones comerciales, y se produciría su sobreutilización y, consecuentemente, una asignación ineficiente desde el punto de vista social. Los individuos no pueden expresar sus preferencias por los bienes ambientales a través de las instituciones económicas del mercado, con lo que estos bienes quedan al margen del proceso de asignación de los recursos económicos, infravalorados y con el peligro de su expoliación y extinción. Este resultado es contradictorio con la existencia de unas preferencias sociales favorables a la preservación del medio ambiente, y tal contradicción es justamente la que la Economía Ambiental intenta resolver a través de las técnicas de valoración y corrección de los problemas ambientales causados por el funcionamiento del sistema económico.