Final de Politicas de seguridad.

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La seguridad la definimos como un producto multicausal, multidisciplinario, pluriagencial, participativo y de base local con distintos actores.

El concepto de Seguridad como bien social, se vincula directamente con la protección contra el delito y con el ejercicio de una serie de derechos de tipo económico-social. Se refiere al concepto de desarrollo sustentable. Toma posición, por lo tanto, por las doctrina MULTICAUSALES.

Un punto interesante del Seminario plantea la visión MULTICAUSAL – SOCIAL, afirmando que el origen del delito tiene relación con la falta de equidad en la distribución del ingreso.

Con la visión de la multicausalidad y la nueva prevención se incorpora un nuevo concepto: la MULTIAGENCIA. Las políticas deberían comprender una amplia prevención primaria con acciones en todos los ámbitos del bienestar social, los cuales procuren que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la población y promuevan la integración, y no la exclusión de los sectores pobres y marginales, al considerar que a la problemática social la acompañan los fenómenos de corrupción, desempleo, subempleo, explosión demográfica, violencia así como pérdida y sustitución de valores.

MACRO DELITO: engloba a todo lo que se considera crimen organizado, crimen internacional, corrupción, delitos económicos. Son delitos de alta complejidad.

MICRO DELITO: se considera solamente aquellas clases de delito que afectan más directamente la existencia cotidiana del ciudadano medio y que, en la medida que son más directamente percibidos y sentidos por éste, influyen en la sensación subjetiva de inseguridad

Según el Instituto del Monitoreo Policial, los ciudadanos no se preocupan tanto por el crimen organizado sino que se quejan de los frecuentes delitos menores, los que presenciamos todos los días; la mayoría de la gente quiere que las prioridades se establezcan contra los delitos menores.

b) Desarrolle modelos alternativos al de Tolerancia Cero implementados por

otras policías en Estados Unidos (San Diego, Chicago).

La política de seguridad de la ciudad de San Diego fue diseñada sobre un programa de base local, con policías locales, dirigidos a la coordinación y al manejo de acciones que atendieran a prioridades comunitarias. El esfuerzo fue puesto en resolver problemas a largo plazo, por medio de un trabajo común con otras agencias y organizaciones. En palabras de su Jefe de Policía Jeremy Sanders “el estilo de San Diego consiste en trabajar con las comunidades, implementar un acercamiento extensivo y holístico (multicausal) que combina la aplicación de la ley con una mayor cantidad de programas de prevención y de intervención no sólo públicos sino privados, antes de pretender soluciones rápidas y cortoplacistas”.

El proyecto de San Diego basó la transformación de su fuerza policial en la integración con la comunidad sobre la base de la política llamada de “neighborhood policing” (actividad policial de los vecinos). Se buscó organizar a grupos de ciudadanos para colaborar con la policía y actuar como difusores de las políticas de prevención. El voluntariado integra a un millar de ciudadanos a un sistema llamado V.I.P. (Volunteers In Policing) organizados en diversas áreas que cumplen actividades de ayuda a las víctimas, patrullas de barrios y casas desocupadas y luego de una capacitación específica prestan auxilio en casos de personas desaparecidas, accidentes, otros.

Los programas de tipo comunitario constituyen una importante apuesta para la reforma del sistema de seguridad norteamericano. Estas medidas se aplican no sólo para municipios de mediano tamaño como San Diego, sino también para ciudades de gran número de habitantes.

Prácticamente cada residente conoce la existencia del programa de policía de comunidad; los que participan lo consideran eficaz. La participación en las reuniones se mantiene en un nivel elevado incluso en los barrios más pobres y más peligrosos”

En síntesis, el modelo de Tolerancia Cero no es el único modelo aplicable en estos momentos por la policía norteamericana. Se debe tener en cuenta la existencia de factores económicos y sociales que crean un marco favorable a la reducción del delito, y la aplicación de otras políticas que parecerían tener un menor costo social y apuntar a una resolución más de fondo de las problemáticas de seguridad.