Investigación y Análisis Jurídico. Seguridad publica

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OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Concientizar a la población acerca de los retos y responsabilidades que tienen para garantizar su propia seguridad.

- Generar un puente de comunicación eficiente entre las autoridades y los ciudadanos para colaborar en conjunto y así hacer un frente común a la delincuencia.

- Diseñar estrategias comunes entre escuelas, padres y alumnos que permitan formar nuevas generaciones de jóvenes con valores, cultura e interés por mejorar el entorno en que viven.

Marco Legal

Artículo 1º. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Artículo 18. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinaran centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Artículo 21. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprenden la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, como eficiencia profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución.

Marco Referencial

Seguridad Pública

La definición de seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

La seguridad pública es una función del Estado cuyo principal objetivo es la protección de las personas y sus propiedades, de las instituciones políticas de las amenazas de violencia locales como nacionales, de la intimidación la corrupción o actos de gobierno predatorios. La seguridad Pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas, para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto existen las fuerzas de seguridad pública (como la policía) que trabajan en conjunto con el poder judicial.

Tal como se ha apuntado anteriormente “la seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección al ejercicio y disfrute de sus garantías constitucionales y derechos”, tarea que el Estado lleva a cabo por medio de los cuerpos de seguridad pública, en especial de la policía preventiva.1

Además de la profesionalización de los cuerpos policiales, el contar con información estadística de calidad para la generación de indicadores sobre el funcionamiento de los aparatos de seguridad y justicia. Tanto en su operatividad real como en la percepción que de ellos tienen los ciudadanos, es una tarea importante.2

Adicionalmente cuando se percibe a la policía como una autoridad efectiva, la seguridad aumenta y el temor al delito disminuye.

De acuerdo con la Ley General del Sistema nacional de Seguridad Pública en México, ésta es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) que tienen como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

A lo largo del siglo XX, el estado mexicano llevó a cargo esta función concentrándose en el orden y la paz pública sin involucrar a la ciudadanía. Los resultados obtenidos durante este periodo son variados, sin embargo, hacia finales de la década de los 90´s, los índices de delincuencia aumentaron significativamente con respecto al comienzo de dicho periodo, haciendo de la inseguridad uno de los principales temas a nivel nacional.

El 31 de diciembre de 1995 debido a las condiciones de seguridad pública que imperaban en México en ése momento, se llevó a cabo una reforma constitucional en la que se creó un concepto nuevo y ampliado de seguridad pública.

Gracias a su redefinición, esta dejo de ser atributo y responsabilidad exclusiva de las instituciones gubernamentales centrales, para convertirse en materia concurrente, es decir, en responsabilidad de los órdenes federal, estatal y municipal.

A raíz de estas reformas, diversos estados de la república comenzaron a tener ordenamientos jurídicos especiales en materia de seguridad pública y la modernización de las instituciones en la materia tiene como objetivo prioritario adaptación de éste sector en México a las nuevas necesidades de la sociedad. La percepción de la ciudadanía sobre la situación de seguridad publica en el país no ha mejorado en lo que va del siglo XXI. Esto se debe, entre otras razones, a un aumento de crímenes violentos relacionados con el narcotráfico.

Entre los efectos adversos producto de la desconfianza en las autoridades de seguridad pública, se encuentra la pérdida de autoridad del gobierno.

Si los delitos violentos generan el suficiente miedo y desconfianza en la población, ésta puede optar por utilizar medios ilícitos para garantizar su seguridad personal.

Debido a esto, la medición de la inseguridad y de la percepción de la inseguridad pública (entendido como sensación de vulnerabilidad personal ante la violencia) es de vital importancia para el estado, ya que estos elementos tienen un impacto negativo en la calidad de vida de la ciudadanía y producen una pérdida de confianza en las instituciones.

La seguridad pública, es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios en las respectivas competencias que esta constitución señala.

Dentro de la legislación