LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO QUE DEBEN TENER LAS COMUNIDADES SOBRE EL USO PROGRESIVO

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Las comunidades han sido protagonistas pasivos de la contraloría de la función policial, ya que al observar una conducta represiva por parte de los cuerpos policiales a la hora de controlar una situación de conflicto, consideraban que era una actuación natural y no se permitían activar una investigación mediante una denuncia oportuna.

El uso potencial o real de la fuerza física constituye un rasgo definitorio de la actividad policial tanto como uno de los más frecuentes motivos de preocupación pública sobre su actuación, a la vez que se convierte, en virtud de su misma naturaleza, en una de las dimensiones más elusivas para su conocimiento. En Venezuela los estudios sobre la fuerza física policial se han centrado alternativamente en su comprensión como práctica desviada o como proceso normal e inmanente a la actividad policial. Pero más que tratarse de aspectos distintos y antagónicos, se debe proponer que ambas formas de manifestarse la violencia policial remiten a la naturaleza misma de su actividad y de su autorización para usar la fuerza contra los ciudadanos.

La violencia legitimada y racionalizada, tanto material como esperada, en uno de los rasgos esenciales para comprender la actividad policial. Opera como elemento de identificación y distintivo, pues diferencia a la policía de otras agencias estatales que pueden realizar tareas parecidas, da unidad a sus diversas actividades (independientemente de que la policía se oriente hacia la persecución del delito, la preservación del orden o la prestación de servicios, la posibilidad y expectativa del uso de la fuerza marca su desempeño), le otorga una rúbrica idiosincrásica, pues tanto su cultura organizacional, tácticas, estructura, entrenamiento y relación con el medio externo, estarán definidos en buena medida por este rasgo.

Finalmente, la distribución eficiente de la fuerza física en la organización social definiría sus efectos estratégicos: obtener acatamiento de los actores sociales con la mayor economía de medios. En contraste, el uso de la fuerza más allá de los mínimos necesarios para lograr acatamiento, se convierte en motivo de denuncia, contestación y des legitimización de la policía y del estado.

Aunque es un asunto pendiente cuáles son estos límites y qué contenidos configuran el acatamiento (el problema general del consenso y sus medios en una sociedad desigual y conflictiva), esta dualidad de la violencia policial (reguladora y transgresora, fuente de legitimidad y de conflicto, requisito y amenaza del orden) define las aristas de su estudio, le otorga el rango de objeto problemático tanto para su comprensión como para la gobernabilidad democrática.

Antes de 1998 se han reseñado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales efectuadas por grupos parapoliciales en Venezuela. Estos crímenes, en su mayoría, a pesar de estar todos bajo el conocimiento de las autoridades, no llegaban a la etapa de juicio. Los familiares de las víctimas asumían la mayor carga para, desde sus escasos recursos, impulsar la justicia pero son tantos los obstáculos convertidos en mecanismos institucionalizados de impunidad que una minoría es la que logra ver a un juez e iniciar un proceso de características judiciales.

Lamentablemente, otro elemento común son los ataques y actos de hostigamientos que sufren las personas, en su mayoría mujeres, que deciden denunciar estos crímenes y buscar justicia. Del total de casos documentados en el período comprendido desde el año 2000 hasta el 2009, el 93% de las víctimas directas resultaron ser año 2000 hasta el 2009, el 93% de las víctimas directas resultaron ser hombres y un 7% mujeres, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o sometidas a torturas y tratos crueles.

Fue voluntad del Gobierno del Comandante Presidente Hugo Chávez y reafirmada por el presidente constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro acabar con el viejo modelo policial burgués que ha atentado contra la dignidad humana, criminalizando la pobreza, violando los derechos humanos y muestra de ello, es el empeño que, desde el inicio de la Revolución Bolivariana viene haciendo para que se implante un nuevo modelo policial. un modelo que se caracterice por el humanismo, la solidaridad, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, en síntesis principios todos ellos ciudadana, el respeto a los derechos humanos, en síntesis principios todos ellos acordes a la construcción del Socialismo Bolivariano.

La creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la realización del primer diagnóstico nacional sobre los cuerpos policiales y la gran consulta popular sin precedentes en el país fue el comienzo de un camino que se ha transitado para lograr el propósito de crear un sistema policial acorde con las necesidades del pueblo venezolano.

Este estudio nos permite orientarnos en las posibilidades reales que tienen las comunidades de la contraloría social de la función policial, facultada en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y a su vez en la poca información que tienen las mismas de estas herramientas legales que el Estado coloca a su disposición para ir acabando definitivamente con ese viejo modelo policial represivo y violador de derechos humanos.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

En muchas partes del mundo se reconoce que la policía es responsable del mantenimiento del orden público y el respeto del Estado de derecho. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos destinadas a proteger el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la persona señalan de manera inequívoca que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a reducir al mínimo el uso de la fuerza, y que en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad.

Para referirnos a casos internacionales podemos tomar como referencia que Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que acaten en todo momento sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales sobre actuación policial, como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

El uso de la fuerza física por parte de la policía sea ésta legítima o ilegítima– constituye un objeto de preocupación social. Algo similar sucede en América Latina, donde el volumen y magnitud de los encuentros violentos entre policía y ciudadanos mantienen alerta y activos a los grupos